¿Cómo podemos frenar la desaparición de personas?

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares: un nombre largo para una ley con resultados cortos, dado que tiene apenas unas semanas de vida. Pero ¿es la ley acuciosa, viable, eficaz, amplia de miras? ¿Contempla todas las aristas de la tragedia, sus mil matices de tiempo, espacio o género, el crecimiento continuo de las estadísticas funestas? ¿Basta, pues, para enfrentar unas cifras igual de largas: 25 mil desaparecidos y sumando, como hemos visto recientemente en las noticias de Guerrero, el Estado de México, Chihuahua?

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Infancia desaparecida

Lydia Cacho

Periodista y defensora de los derechos humanos. Autora, entre otros, de "Los demonios del Edén" y "Esclavas del poder".  

Ana tenía 12 años. La última vez que sus compañeras la vieron fue a la salida de la primaria en el Estado de México, comprando un helado. Rodrigo, de 14 años, jugaba futbol llanero en Tamaulipas cuando un grupo de hombres armados llegó a escoger a algunos chicos para llevárselos por la fuerza. No ha vuelto a casa. Sabrina cumplía 15 años al día siguiente de que salió a comprar un medicamento para su padre en Campeche; se esfumó hasta que a una amiga del colegio le pareció ver su fotografía en el anuncio de un burdel en Tabasco. Clara, de 15 años y originaria de Tlaxcala, fue rescatada en un burdel casero en Nueva York operado por una banda trasnacional de tratantes originaria de su estado natal. Existen 6,000 historias similares documentadas por las autoridades, que calculan un subregistro del 60% en desapariciones de niñas, niños y jóvenes.

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, entre 2006 y 2014 el 30% de las personas desaparecidas son menores de 18 años. En México desaparecen dos niñas por cada niño varón; de acuerdo con datos de UNICEF, la mayoría tienen un promedio de catorce años. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en México (OACUNDH) presentó ante el Senado de la República a principios de 2016 el informe que demuestra que en el país hay más de 6,000 niños, niñas y adolescentes que fueron raptadas o robados y cuyo paradero se desconoce.

Ya desde 1995 la prensa documentó oleadas de raptos de niñas y jóvenes de entre 13 y 16 años en Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Tamaulipas, Durango y Nuevo León; sin embargo, no fue hasta el año 2006 en que estos casos comenzaron a relacionarse directamente con el delito de trata de personas, es decir, el rapto de jovencitas para la explotación sexual comercial y el trasiego individual denominado "muleo", operado por miembros de los cárteles de las drogas. Pero fue en Nuevo León, Guerrero y Jalisco donde se documentó la primera oleada de desapariciones de varones de entre 13 a 18 años esclavizados para ser entrenados para la pisca de mariguana y amapola, así como para convertirlos en sicarios o huestes de las mafias mexicanas. Es una modalidad del delito de trata de personas que ya se había documentado en países africanos, en Brasil, Nicaragua y Colombia desde los años 80 como "niños soldados".

En México apenas en años recientes ha sido señalado como una nueva forma de esclavitud en la que los captores ejercen las mismas presiones, manipulación y amenazas que con las víctimas de otras formas de esclavitud humana; sin embargo, algunos sectores de la prensa y los cuerpos policiacos han persistido en señalar a las víctimas como sicarios que han entrado por su propia voluntad y en pleno uso de sus libertades al mundo de la producción, trasiego y venta de drogas operado por la delincuencia organizada.

Gracias a las investigaciones periodísticas, a las pesquisas individuales de familiares de estos niños y jóvenes, a los interrogatorios de miembros de grupos de delincuencia organizada en diferentes regiones del país, así como al trabajo de las nacientes ciberpolicías mexicanas junto con el INEGI, fue que la Red Por los Derechos de Niñas, Niños y Jóvenes (REDIM) a compilado este año uno de los informes más completos para trazar un mapa de desapariciones de personas menores de 18 años en México, a fin de crear políticas públicas que protejan los derechos de las víctimas. Juan Martín Pérez, director de REDIM, plantea que en la ley que elaborará el Senado debe existir un apartado dedicado a la niñez, víctimas directas o indirectas de este grave problema, que se deben crear áreas y protocolos especializados en la desaparición de menores de 18 años, además de la sistematización de los datos obtenidos, que permita realizar un mapeo de la desaparición de niñas y niños y sus consecuencias en cada región.

Es cierto que tenemos avances en esta materia gracias al trabajo intersectorial con las presiones de la sociedad civil organizada. El paso siguiente será unificar criterios entre la Ley de Desapariciones y la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en lo que respecta al Sistema Nacional de Protección, a los sistemas DIF, a las normas que rigen los centros de asistencia social, los sistemas de información y la situación que guardan los derechos de las y los menores de 18. La prensa sin duda debe capacitarse para cubrir éticamente estos delitos y abstenerse de criminalizar a las víctimas estigmatizadas, será la única forma de restarle poder a la delincuencia organizada dispuesta a crear una generación de esclavos que reproduzcan eventualmente la cultura de la ilegalidad y violencia criminal.