¿Cómo debe legalizarse la mariguana?

Parece que no hay regreso: en México, la mariguana camina rumbo a la legalización. Falta ahora discutir los cómos: el alcance de esa legalización. Porque hay tantas preguntas como experiencias a las cuales voltear, desde el modelo holandés, que permite el consumo en determinados espacios pero un tanto paradójicamente penaliza la distribución y venta, hasta el portugués, que extiende la despenalización a todas las drogas, hasta el uruguayo, que admite el empleo recreativo del cannabis, hasta el de ciertas partes de los Estados Unidos, en los que la libertad se ciñe a lo medicinal, hasta el de Colorado, que admite el uso recreativo y apuesta a un franco y abierto modelo de negocios.


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    1. Jorge  Hernández Tinajero

      Ni Uruguay ni Colorado

      Presidente de Colectivo por una Política ...
    2. Jorge Javier  Romero

      Virtudes de la sensatez

      Politólogo.
    3. Fernando  Belaunzarán

      Colgados de la brocha puritana

      Ex diputado federal por el PRD.

El principio del daño

Arturo Rocha

Investigador del CIDE.

El proyecto de sentencia de Zaldívar pasará a los anales como el principio del fin: la primera fisura dentro del entramado legal que llamamos guerra contra las drogas. La esencia del fallo, sin embargo, no recae en las acotadas implicaciones del amparo sino en la vigente defensa de la tradición liberal. En 1859, Stuart Mill fraguó en su libro On Liberty –una auténtica catedral de liberalismo político– un principio para delinear la relación entre el individuo, la sociedad y el gobierno. “El principio del daño” marca la pauta para el uso de la fuerza física y la coerción: “el único propósito para el ejercicio legítimo del poder sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, en contra de su voluntad, es prevenir el daño hacia otros”.

La objeción de Zaldívar se refugia en Mill. El amparo garantiza explícitamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues defiende a la libertad como bien necesario para garantizar la autonomía de los ciudadanos. Sin embargo, se trata de un primer paso encomiable en su estrategia pero insuficiente como modelo frente al porvenir. El primer problema del amparo es que sus cláusulas y codas son inconsistentes con la bandera liberal que aúpa. Entrelazado aparece un segundo obstáculo: la miopía del proyecto frente al estrago más urgente del prohibicionismo.

Del derecho a consumir lo que nos plazca no se sigue lógicamente la prohibición al mercado cannábico; aun para los cuatro quejosos de SMART, la Suprema Corte ejerce una defensa constitucional a medias. ¿Celebraríamos, por ejemplo, que el tribunal constitucional garantizara el derecho al agua permitiendo que algunos ciudadanos pudieran construir sus propios sistemas hídricos? Incluso el progresismo de la Primera Sala esconde prejuicios y miedos del prohibicionismo, en tanto que los ministros prefieren que sean los cárteles y grupúsculos delictivos los que gestionen, de facto y de jure, el mercado de marihuana.

El escenario más conservador admisible para el futuro sería la generalización del amparo hacia el resto de la sociedad. Si la Suprema Corte amparara cuatro casos más, las futuras apelaciones se resolverían automáticamente hacia la misma dirección. En tal escenario, aunque por una vía distinta, México seguiría el modelo de legalización que ha sido adoptado en la capital estadounidense. En Washington D.C. está permitido cultivar, consumir y obsequiar cannabis, pero el comercio permanece prohibido.

Los defensores del modelo washingtoniano aducen que es un punto medio entre el consenso punitivo y la comercialización industrial: se abre la puerta a la libertad de consumir cannabis, menguando el músculo de los empresarios y cabilderos de la industria. Sin embargo, el modelo de Washington D.C. dista de ser idóneo para México. La obvia dificultad técnica que implica cultivar una planta y procesarla para obtener marihuana garantiza la vitalidad del mercado negro. Además, se exagera sobremanera en la fuerza potencial de la futura industria cannábica y se olvida que, según estudios científicos como el de la prestigiosa publicación The Lancet, estamos lidiando con una sustancia menos nociva y adictiva que el alcohol o el tabaco. Además, la estrategia de grow and give impide el gravamen fiscal a una industria que, en estados como Oregón y Colorado, ha permitido financiar escuelas y hospitales públicos.

El mejor camino para México consiste en abrir la vía del mercado y la del Estado simultáneamente; lanzarlos a competir y observar quién lo hace mejor. Por un lado, tomar en serio el derecho a la libre personalidad y regular el mercado de la marihuana. Por el otro, un Estado en control del vástago médico del cannabis –un avance apoyado por el 80% de los mexicanos, según una encuesta de Parametría.

Abrazar el alegato liberal y la evidencia empírica conduce hacia la vía del mercado reglamentado. Sin embargo, la conclusión más contundente no apunta al modelo de Colorado ni al de Uruguay, sino al de Portugal, país que transitó de una óptica de seguridad y cárceles a una de salud pública: en 2001, Lisboa reformó sus leyes, despenalizando el consumo de cualquier droga, incluyendo las más potentes. Nuestro derecho constitucional al libre desarrollo es letra muerta, pues el Estado arresta a cientos de miles de ciudadanos y encarcela, en brutales prisiones hacinadas, al menos a otros 20 mil individuos por delitos de drogas –que no representan mayores daños para la sociedad. El elefantiásico encarcelamiento por delitos de drogas es una hórrida embestida autoritaria en contra de la libertad.

México debe seguir el camino que el Presidente Obama ha marcado al excarcelar a más de 6,000 presos por delitos de drogas pues el encarcelamiento masivo, además de sumamente costoso y contraproducente –en tanto que funciona como academia del crimen–, es uno de los métodos más acabados de despotismo en pleno siglo XXI. El ahorro en prisiones, cortes y policías, junto con la aportación fiscal del mercado cannábico, permitirían financiar centros clínicos y expandir el derecho a la salud. Pero, aunque no aportase un centavo a las arcas públicas, en nombre de nuestro liberalismo constitucional, la miserable situación carcelaria debe cambiar.