¿Cómo debe legalizarse la mariguana?

Parece que no hay regreso: en México, la mariguana camina rumbo a la legalización. Falta ahora discutir los cómos: el alcance de esa legalización. Porque hay tantas preguntas como experiencias a las cuales voltear, desde el modelo holandés, que permite el consumo en determinados espacios pero un tanto paradójicamente penaliza la distribución y venta, hasta el portugués, que extiende la despenalización a todas las drogas, hasta el uruguayo, que admite el empleo recreativo del cannabis, hasta el de ciertas partes de los Estados Unidos, en los que la libertad se ciñe a lo medicinal, hasta el de Colorado, que admite el uso recreativo y apuesta a un franco y abierto modelo de negocios.


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Virtudes de la sensatez

Jorge Javier  Romero

Politólogo.

Parece ya inevitable un cambio en el estatus que ha tenido la mariguana durante los últimos 90 años, al menos en los países de América. Uruguay ha diseñado un modelo de regulación que garantiza el libre acceso a los mayores de edad. En los Estados Unidos, la prohibición se tambalea, pues no solo cuatro estados más el Distrito de Columbia han aprobado ya la legalización de su uso recreativo, sino que en más 20 es legal para consumo terapéutico y en varios más se ha despenalizado su consumo. En Canadá, el triunfo del candidato liberal anuncia un cambio regulatorio; en Colombia el presidente ha expedido un decreto para regular el cannabis medicinal y en México se ha dado un paso enorme con el fallo de la Suprema Corte de Justicia que reconoce el derecho al uso de la mariguana con base en el libre desarrollo de la personalidad y establece la desproporción de la prohibición respecto al daño que potencialmente causa la sustancia.

El amparo concedido a los integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, que les permite cultivar mariguana para su consumo personal, abre la puerta a un proceso de regulación que incluya no sólo el consumo, sino también el cultivo, el procesamiento y el transporte con la restricción absoluta de su comercialización.

Bien haríamos en entrar ya a discutir los posibles escenarios de regulación en México. La pregunta ya no es si se reglamenta el cannabis de una manera sustancialmente menos restrictiva o no, sino cómo debe hacerse la legalización.

Existe ya suficiente experiencia internacional como para comenzar a modelar el tipo de mercado regulado que resulte más eficaz para cumplir con los objetivos de una nueva política pública respecto a la mariguana en las condiciones específicas de México. Para ello, es necesario primero que se tomen definiciones sobre cuál es el problema público que se quiere resolver con las nuevas reglas y cómo evitar en la medida de lo posible efectos no deseados, como hipotéticamente podría ser el aumento disparado de la demanda de servicios de salud asociadas al consumo problemático del cannabis.

El primer modelo de liberalización del mercado de mariguana en los tiempos de los tratados que delinean el sistema internacional de control de drogas fue el de los Países Bajos. Ahí se aplicó el criterio de proporcionalidad de persecución de los delitos con base en su peligrosidad social y se aceptó que el comercio de mariguana al menudeo no era un delito altamente peligroso, por lo que se toleraron los coffee shops siempre y cuando cumplieran con ciertas condiciones de operación: no se vende alcohol ahí donde se vende cannabis y no entran menores de edad.

El modelo mostró la pertinencia de una regulación no prohibicionista, pues separó el mercado de mariguana del de otras sustancias consideradas más peligrosas, pero tiene el problema de “la puerta trasera”, la zona gris del abasto de los centros de venta al menudeo. La mariguana que llega a esos cafés se produce en algún sitio y se transporta, delitos que siguen siendo perseguidos. La mariguana es ilegal hasta que llega a la trastienda de la coffee shop.

En Uruguay se ha creado un mercado fuertemente restringido por la existencia de un monopsonio estatal encargado de comprar la mariguana a los productores autorizados y de distribuirla a través de las farmacias con un precio fijo. A la par, se reguló el cultivo para el autoconsumo, de manera que coexistan redes de consumidores que producen su propia mariguana con la venta de la acaparada por el Estado.

En los Estados Unidos se encuentran operando ya modelos regulatorios de mercado con restricciones claras y con el compromiso, en el caso del estado de Washington, de utilizar la recaudación fiscal proveniente del comercio de la mariguana a la educación y a las campañas de prevención de consumos problemáticos. El modelo comercial de Colorado, por ejemplo, ha recibido críticas por permitir publicidad, aunque limitada, mientras que ha sido también alabado por ser una buena fuente de recaudación fiscal para el estado.

En España, por su parte, llevan ya varios años funcionando los llamados clubes cannábicos, asociaciones de consumidores que producen y procesan la marihuana para la distribución entre los afiliados. Se trata de una suerte de cooperativas de producción para el autoconsumo. Los agremiados pagan una cuota por adelantado para que les produzcan su mariguana y después recogen el producto que les corresponde en el club. El estatus de estas asociaciones es alegal, por lo que han sufrido acoso judicial; en el País Vasco se está discutiendo su regulación.

Con base en la experiencia internacional, es posible diseñar una regulación del cannabis adecuada a las circunstancias mexicanas. El primer paso sería adecuar la legislación a los términos de la sentencia de amparo que expidió la Suprema Corte; de acuerdo con ellos, se podría autorizar el cultivo de mariguana para el consumo personal con unas reglas que permitieran la existencia de clubes cannábicos a la manera de los españoles, con registro de sus miembros, restricciones para la comercialización, sin publicidad y estricta prohibición para proveer a menores de edad. Los clubes pagarían impuestos y estos se destinarían a la información para la prevención de los usos problemáticos de la sustancia.

La reforma tendría que incluir una revisión de las penas por delitos relacionados con la mariguana. Debería eliminarse por completo el delito por posesión simple en los umbrales hoy considerados como narcomenudeo y reformularse el delito de transporte, de manera que ningún consumidor entre en prisión y salgan muchos de los que hoy están encarcelados.

Si el gobierno fuera congruente con el fallo de la Corte debería comenzar con un programa de indultos para excarcelar a miles de presos que hoy purgan penas relativas a la mariguana sin haber cometido delitos violentos y que son de baja peligrosidad, de la misma manera que lo ha comenzado a hacer el gobierno de los Estados Unidos.

El debate ofrecido por el presidente de la República debe privilegiar la evidencia y tomar en cuenta la experiencia internacional, para avanzar ya en el proceso de regulación sensata de la mariguana, como primer paso para cambiar una política de drogas que ha demostrado su fracaso.