¿Alguien controla la seguridad privada?

Que casi chocas porque el "principal" tenía que llegar a Santa Fe y los escoltas te aventaron la blindada. Que los guaruras del número 20 bloquean el estacionamiento y se hace fila. Que al hijo de X lo golpearon los "guarros" del hijo de Y. Este tipo de anécdotas son las que se se vinieron a la cabeza de todos los chilangos luego del escándalo de la semana pasada: la agresión que sufrió Arne aus den Ruthen a manos de un destacamento de seguridad del empresario Raúl Libien. El hecho nos recuerda lo mucho y lo poquísimo que hemos cambiado. Mucho porque ahora tenemos "city managers" –lo que sea que eso signifique– que enfrentan la cultura de "la banqueta es de quien se la pepena", aunque tenga dinero. Poco, en tanto que perdura esa peligrosa ambigüedad: ¿qué leyes aplican a la seguridad privada? ¿Quién tiene derecho a llevar escoltas y quién no? ¿Quién entrena, certifica, asigna a dichos escoltas?

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El espacio público, ese bien escaso

Juan Salgado

Profesor investigador del CIDE.

¿Qué nos hace sentir inseguros en la ciudad? Mientras en Singapur y Estocolmo un componente importante de la sensación de inseguridad ciudadana es la seguridad digital (es decir, que los ciudadanos sientan que su información digital no está en riesgo), en ciudades como Mumbai, Sao Paulo y, sin duda, México, dos de los principales riesgos que percibe la ciudadanía para su seguridad son el uso indebido del espacio público y la falta de capacidad de las autoridades gubernamentales para hacer cumplir la ley (ver encuestas ENVIPE y ECOPRED del INEGI, informe "Justicia cotidiana" del CIDE). En consecuencia, diversos modelos conceptuales y operativos coinciden en dos variables fundamentales para lograr ciudades seguras: la convivencia y la regulación (ONU-HABITAT, "The Economist Intelligence Unit", Wakerle, Haas, Whitzman). Por una parte, la sana convivencia ciudadana se cimienta en la cultura de la legalidad –intrínsecamente vinculada al respeto de los derechos propios y de los conciudadanos. Por otra, la regulación depende de una autoridad que pueda y quiera garantizar el respeto a la ley.

Como todo bien escaso, el espacio público en las ciudades sobrepobladas es motivo de conflictos serios. La reciente agresión que sufrió Arne aus den Ruthen (funcionario de la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México que intentaba solucionar un problema de abuso de espacio publico) por parte de guardias privados de seguridad es una situación sintomática de la severa crisis de convivencia y regulación en esta urbe. Si bien se trata de un caso extremo, en el ámbito cotidiano acontecen recurrentemente conflictos vecinales por particulares que hacen uso indebido de espacios que deberían ser disfrutados por la comunidad. Es decir, la cultura de la legalidad parece ser más la excepción que la norma en la sociedad mexicana.

En el ámbito de la regulación, el artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno. El hecho de que constitucionalmente se conciba a la seguridad pública en México como una "función" atribuye responsabilidades específicas e irrenunciables en esta materia a las autoridades en cada orden de gobierno. Aun si el caso en cuestión es una agresión entre particulares, el gobierno de la Ciudad de México no está exento de responsabilidad. Asimismo, la Ley de Seguridad Privada local establece regulaciones específicas para todas las modalidades de seguridad privada en la entidad, incluyendo el servicio de guardias privados. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México destina a más de 40 mil policías para servicios privados de seguridad (Policías Auxiliares) que son formados y supervisados por la autoridad local. Responden operativamente a quienes las contratan, pero disciplinariamente responden al Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, esto parece no ser suficiente y varios ciudadanos que pueden pagarlo recurren a contratar guardias privados (guaruras), cuya formación y disciplina en la práctica son considerablemente menos claras.

La legislación local en materia de seguridad privada también establece la competencia del Gobierno de la Ciudad de México para garantizar que "las actividades y prestación de servicios de seguridad privada [...] se realicen en las mejores condiciones de eficiencia, imagen y certeza en beneficio de la población". Esta importante precisión legislativa contrasta fuertemente con la práctica; es claro que los guardias en cuestión no actuaron en beneficio de la población, sino de su patrón.

La Secretaría de Seguridad Pública local tiene dos áreas administrativas específicas para regular los servicios de guardias privados: la Unidad de Verificación y la Unidad de Evaluación y Certificación. La legislación local estipula la necesidad de que los guardias privados cuenten con autorización, registro, capacitación, constancia de certificación y permiso (tipo A o B). ¿Los guardias privados que agredieron a Arne aus den Ruthen acreditaron todos estos requisitos? No nos lo ha informado la autoridad local. Pero en un Estado de derecho –como el que debe imperar en una de las ciudades más grandes e importantes del mundo– estos guardias deberían estar plenamente acreditados. En cualquier caso, el problema regulatorio es evidente. De manera lamentable, este caso es una prueba empírica de la validez conceptual sobre los obstáculos para lograr ciudades seguras: los problemas de convivencia y la capacidad regulatoria.