¿Alguien controla la seguridad privada?

Que casi chocas porque el "principal" tenía que llegar a Santa Fe y los escoltas te aventaron la blindada. Que los guaruras del número 20 bloquean el estacionamiento y se hace fila. Que al hijo de X lo golpearon los "guarros" del hijo de Y. Este tipo de anécdotas son las que se se vinieron a la cabeza de todos los chilangos luego del escándalo de la semana pasada: la agresión que sufrió Arne aus den Ruthen a manos de un destacamento de seguridad del empresario Raúl Libien. El hecho nos recuerda lo mucho y lo poquísimo que hemos cambiado. Mucho porque ahora tenemos "city managers" –lo que sea que eso signifique– que enfrentan la cultura de "la banqueta es de quien se la pepena", aunque tenga dinero. Poco, en tanto que perdura esa peligrosa ambigüedad: ¿qué leyes aplican a la seguridad privada? ¿Quién tiene derecho a llevar escoltas y quién no? ¿Quién entrena, certifica, asigna a dichos escoltas?

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Las modernas guardias pretorianas

Gabriel Regino

Ex subsecretario de Seguridad Pública del DF. Consultor en seguridad.

Luis Spota, en su obra "Casi el paraíso", desnudó –con su talentosa acidez– a una sociedad mexicana que continúa atrapada en el malinchismo, seducida por una aristocracia inalcanzable y que puede ser tan manipulable como humillada.

La historia de un bandolero venido a príncipe que huyó de Europa para encontrar en México el lugar de su redención y asunción, nos muestra la fragilidad de nuestra estructura de valores, pues privilegiamos el pedigrí sobre la educación, el dinero sobre la dignidad y la relación sobre la amistad.

Si bien es cierto que nuestro país vive en crisis de manera recurrente, la asimetría social, económica y política encuentra en la criminalidad su único resultado exitoso. Y a dicha criminalidad erróneamente se la pretendido enfrentar con cárcel y con guaruras. Ambas respuestas, además de equívocas, han provocado mayor ilegalidad y criminalidad.

Lo anterior es así porque nunca el incremento de penas será la herramienta eficaz para combatir los factores criminales; en tanto que la apuesta por la autodefensa ha dejado graves testimonios, incluso desde el establecimiento de la Santa Hermandad en la Nueva España.

Es cierto que, en las últimas décadas, la inseguridad se ha incrementado de manera notoria, aunque los esquemas de protección se mantienen en la lógica de que entre más personas te rodeen, mayor sensación de seguridad se produce. Pero lo anterior ha cambiado de forma radical.

Aun cuando la indefinida seguridad pública se concibe como una función a cargo del Estado, el mismo se ha visto rebasado por la violencia y demanda de un servicio básico para la convivencia humana. Ante ello, ha optado por dos salidas: rentar el servicio que está obligado a dar, a través de las nebulosas Policías Auxiliares, y mediante el otorgamiento de licencias a particulares para que abastezcan un mercado que día a día crece desmesuradamente.

El Estado provee seguridad a sus funcionarios en mérito de los riesgos que su función implica, aunque es una característica de los estados totalitarios el otorgar servicios de escoltas hasta a los amigos de los hijos de tales funcionarios. Quienes desempeñan tales servicios habían sido contratados inicialmente para desempeñar labores de seguridad al público, y no a un funcionario. Pero dadas las canonjías que representa estar cerca de quien ejerce el poder, ello disminuye las molestias que le implican hacer el súper o llevar la señora al salón de belleza y leerse durante horas las revistas de espectáculos.

Otro segmento de protección que brinda el Estado con cargo al erario es el relacionado con las personas que son víctimas potenciales de una agresión, dada su condición de denunciantes, testigos o colaboradores. Y aún y con tal protección, al menos en México, los asegurados han sido ejecutados.

Para abarcar la demanda y hacerse de un ingreso sin rendición de cuentas, los gobiernos crearon policías auxiliares que se rentan a particulares que demandan seguridad. Dicha actividad les representa a las autoridades interesantes dividendos, cuyos destinos aún no están sometidos a una clara rendición de cuentas.

En lugar de generar un servicio oficial único de servicio de seguridad contratable, el Estado permitió el surgimiento de empresas privadas que brinden tal función y, en algunos casos, hasta con armas de fuego.

Una cantidad considerable de ex policías, ex militares y ex funcionarios vio en los huecos del gobierno la oportunidad de establecer el lucrativo negocio de la seguridad privada, misma que, al carecer en su inicio de reglamentación alguna, se convirtió en campo propicio para la proliferación de estas organizaciones.

Lejos de controles oficiales como el temido Polígrafo, por mencionar sólo alguno, las empresas se nutrieron de la mano de obra excluida de la construcción, del desempleo y de varios prófugos de la justicia. Y se vendieron como la solución al problema de la criminalidad y violencia que el Estado es incapaz de frenar.

Entonces, la contratación de guardias personales se convirtió en una medida de mercado y en un síntoma de estatus: a más escoltas, mayor poder. Ya no era necesario ser hijo de un funcionario para tener una guardia intimidante. Bastaba una chequera abultada o efectivo sin control de su origen para contar con espartanos dispuestos a batirse al menor capricho de su contratante, al que, en el argot, se le denomina "principal", como en los tiempos medievales del señor feudal.

Carros de lujo seguidos por unidades que simulan ser patrullas con individuos vestidos de traje oscuro, lentes de igual color, auriculares que a veces son de reproductores musicales pero que impactan a los desconocedores, es común verlos en colegios de zonas adineradas, restaurantes y bares de las principales urbes.

Tan solo en la capital del país, hay el registro probable de más de 300 empresas dedicadas a este rubro, pero sin la conciencia de cuántos de sus elementos disponen de licencia para portar armas de fuego ni la capacitación para emplearla.

Los escoltas son una proyección de la personalidad de su contratante. El respeto, la discreción y el profesionalismo son los grandes ausentes en empresas creadas al vapor y que, interesadas en las ganancias, contratan a hordas de desempleados o expulsados, colocándoles un uniforme o un traje oscuro. La inmunidad de sus "principales", basada en su poder económico y relaciones políticas, las emplean como suyas y, por ende, se sienten intocables. Para ellos, como para sus jefes, no hay ley que valga. La única ley es la suya.

Lo sucedido hace días en la delegación Miguel Hidalgo es un botón de muestra de cómo aquella película de "Nosotros los nobles" sigue en todo su apogeo. Ello podrá terminar el día en que el propio Estado, en lugar de llenarse la boca con promesas de regular a las empresas, se arme de valor para brindarnos seguridad a todos, acabar con ese nicho de negocio y someter a su exclusiva contratación y transparencia los servicios de quienes quieran deambular con Guardias Pretorianas, mismas que al día de hoy oscilan entre la ostentación y lo criminal.