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Domingo , 23.09.2018 / 05:53 Hoy

Las marchas: quién gana y quién pierde
<p>Cuando hablamos de los derechos humanos en abstracto todo parece sencillo. Cuando los llevamos a la realidad a veces todo se hace muy complicado. Sucede así con el fenómeno de las concentraciones masivas en el espacio público, en particular en las vías de circulación.</p><p>Algunos marchan sin límites por algunas de las más importantes vialidades de la Ciudad de México y otros exigen prohibir las marchas. Extremos inválidos ambos. Las marchas implican el ejercicio de derechos fundamentales, al tiempo que por sí mismas imponen restricciones al ejercicio de derechos por parte de terceros. Si unos marchan otros se ven afectados. Es inaceptable que las marchas no sean reguladas e igualmente lo es que sean prohibidas. No es un asunto de blanco o negro, más bien la solución está en un área gris.</p><p>Hay dos dimensiones del problema, la jurídica y la política. La Ley de Movilidad de la Ciudad de México autoriza las concentraciones lícitas y que puedan perturbar el tránsito e impone la obligación de avisar 48 horas antes de su realización, mandato cuya validez constitucional acaba de ser reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La misma norma desautoriza las marchas en las llamadas vías primarias de circulación continua. Desde esta perspectiva, en la esfera jurídica todo parece claro: la autoridad debe proveer lo necesario para facilitar las marchas.</p><p>¿Y los equilibrios necesarios ante el conflicto de derechos? En otras palabras, ¿hasta qué punto es válido anteponer los derechos de quienes marchan sobre los derechos de quienes no marchan? Se acaba de publicar que en este año se ha efectuado más de una marcha al día en promedio en la Ciudad de México. Eso quiere decir que algunas personas son regularmente afectadas en sus derechos debido a la multiplicación de las marchas.</p><p>También supimos recientemente que un vecino de las oficinas de la Secretaría de Gobernación en Bucareli ganó un amparo obligando a las autoridades a retirar los bloqueos permanentes que impedían el libre tránsito en la zona, obstáculos que se colocaron justamente para impedir que quienes marchan llegaran a las inmediaciones de esas oficinas. La colocación de esos bloqueos permanentes fue una decisión política revertida por una decisión judicial. Esto reviste la mayor relevancia, porque la sentencia se funda en una ponderación de derechos mientras que la colocación de las vallas de metal obedeció a una estrategia política. Espléndida demostración del sustrato mismo de la justicia ante el poder público, donde la primera impone límites al segundo.</p><p>Para la Ciudad de México la pregunta subsiste: ¿cómo resolver el conflicto de derechos? Las marchas implican un sano ejercicio democrático aquí como en cualquier parte del mundo y a la vez provocan una cascada de afectaciones que van desde lo económico hasta la salud, pasando por centenas de miles de historias personales donde quienes sufren daños en sus derechos y patrimonio ni siquiera imagina la posibilidad de acceder a alguna forma de restitución.</p><p>Otro ángulo del problema es el trasfondo político de quienes utilizan las marchas de manera recurrente, como es el gremio magisterial. En esos casos las marchas son parte de luchas y negociaciones de poder que operan al margen de cualquier control democrático y rendición de cuentas posible. Esas marchas son la demostración del músculo para empujar agendas que pueden tener que ver o no con las consignas usadas en las concentraciones masivas, que pueden tener que ver o no con reivindicaciones legítimas. Podemos estar en ocasiones ante una forma de secuestro del espacio público a favor de intereses y agendas que nada tienen que ver con el bien común y donde unos pocos ganan mientras la mayoría pierde.</p><p>Al gobierno de la ciudad la corresponde construir las mejores políticas públicas mediante una lectura compleja de derechos interdependientes. Eso no está a discusión. Por tanto, debe procederse a una regulación de las marchas que precisamente pondere adecuadamente diversos derechos en conflicto. Por lo demás, esta regulación también pondrá limites a los grupos de poder y clientelas, dentro y fuera del propio gobierno, que toman las calles en el marco de disputas por beneficios no visibles. En cuanto a las marchas, como en todo lo demás en una auténtica democracia, si sucede que unos pocos ganan y los más pierden, entonces la fórmula está mal y debe ser modificada.<br></p>
DEBATEN
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Cuando hablamos de los derechos humanos en abstracto todo parece sencillo. Cuando los llevamos a la realidad a veces todo se hace muy complicado. Sucede así con el fenómeno de las concentraciones masivas en el espacio público, en particular en las vías de circulación.

Algunos marchan sin límites por algunas de las más importantes vialidades de la Ciudad de México y otros exigen prohibir las marchas. Extremos inválidos ambos. Las marchas implican el ejercicio de derechos fundamentales, al tiempo que por sí mismas imponen restricciones al ejercicio de derechos por parte de terceros. Si unos marchan otros se ven afectados. Es inaceptable que las marchas no sean reguladas e igualmente lo es que sean prohibidas. No es un asunto de blanco o negro, más bien la solución está en un área gris.

Hay dos dimensiones del problema, la jurídica y la política. La Ley de Movilidad de la Ciudad de México autoriza las concentraciones lícitas y que puedan perturbar el tránsito e impone la obligación de avisar 48 horas antes de su realización, mandato cuya validez constitucional acaba de ser reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La misma norma desautoriza las marchas en las llamadas vías primarias de circulación continua. Desde esta perspectiva, en la esfera jurídica todo parece claro: la autoridad debe proveer lo necesario para facilitar las marchas.

¿Y los equilibrios necesarios ante el conflicto de derechos? En otras palabras, ¿hasta qué punto es válido anteponer los derechos de quienes marchan sobre los derechos de quienes no marchan? Se acaba de publicar que en este año se ha efectuado más de una marcha al día en promedio en la Ciudad de México. Eso quiere decir que algunas personas son regularmente afectadas en sus derechos debido a la multiplicación de las marchas.

También supimos recientemente que un vecino de las oficinas de la Secretaría de Gobernación en Bucareli ganó un amparo obligando a las autoridades a retirar los bloqueos permanentes que impedían el libre tránsito en la zona, obstáculos que se colocaron justamente para impedir que quienes marchan llegaran a las inmediaciones de esas oficinas. La colocación de esos bloqueos permanentes fue una decisión política revertida por una decisión judicial. Esto reviste la mayor relevancia, porque la sentencia se funda en una ponderación de derechos mientras que la colocación de las vallas de metal obedeció a una estrategia política. Espléndida demostración del sustrato mismo de la justicia ante el poder público, donde la primera impone límites al segundo.

Para la Ciudad de México la pregunta subsiste: ¿cómo resolver el conflicto de derechos? Las marchas implican un sano ejercicio democrático aquí como en cualquier parte del mundo y a la vez provocan una cascada de afectaciones que van desde lo económico hasta la salud, pasando por centenas de miles de historias personales donde quienes sufren daños en sus derechos y patrimonio ni siquiera imagina la posibilidad de acceder a alguna forma de restitución.

Otro ángulo del problema es el trasfondo político de quienes utilizan las marchas de manera recurrente, como es el gremio magisterial. En esos casos las marchas son parte de luchas y negociaciones de poder que operan al margen de cualquier control democrático y rendición de cuentas posible. Esas marchas son la demostración del músculo para empujar agendas que pueden tener que ver o no con las consignas usadas en las concentraciones masivas, que pueden tener que ver o no con reivindicaciones legítimas. Podemos estar en ocasiones ante una forma de secuestro del espacio público a favor de intereses y agendas que nada tienen que ver con el bien común y donde unos pocos ganan mientras la mayoría pierde.

Al gobierno de la ciudad la corresponde construir las mejores políticas públicas mediante una lectura compleja de derechos interdependientes. Eso no está a discusión. Por tanto, debe procederse a una regulación de las marchas que precisamente pondere adecuadamente diversos derechos en conflicto. Por lo demás, esta regulación también pondrá limites a los grupos de poder y clientelas, dentro y fuera del propio gobierno, que toman las calles en el marco de disputas por beneficios no visibles. En cuanto a las marchas, como en todo lo demás en una auténtica democracia, si sucede que unos pocos ganan y los más pierden, entonces la fórmula está mal y debe ser modificada.

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