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La doble moral
México es país de origen, destino, retorno y tránsito de diversos flujos migratorios que generalmente se dirigen al norte del continente. En 2013, el Instituto Nacional de Migración reportó 86 mil 929 eventos de extranjeros detenidos en estaciones migratorias, de los cuales uno de cada 10 fueron registrados como menores de edad. La gran mayoría de las personas migrantes son originarias de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, países que enfrentan graves problemas sociales y políticos con altos índices de violencia.El gobierno mexicano ha enfrentado este escenario desde una óptica de seguridad nacional, de control y de criminalización, a través de una política disuasiva –aunque poco efectiva– de la migración irregular de las personas que transitan por territorio mexicano, orientada contundentemente por los intereses de la política migratoria de Estados Unidos. La política migratoria mexicana parece reflejar la doble moral de un país que, en principio, hace esfuerzos diplomáticos para abogar por los intereses de los connacionales en aquel país, y al mismo tiempo criminaliza la entrada irregular de “los hermanos centroamericanos”.México tiene la obligación de garantizar la igualdad ante la ley y por tanto todas las personas, incluidas las que migran, deben gozar de los mismos derechos. No obstante, diversas políticas públicas y disposiciones de la Ley de Migración restringen los derechos de las personas migrantes sin que tales limitaciones sean constitucionales ni compatibles con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.La Constitución contempla distintas formas de detención y señala plazos máximos para cada una de ellas; la detención administrativa con fines de control migratorio no encuadra en alguna de ellas, además de que excede cualquiera de los plazos conferidos a la autoridad administrativa para privar de la libertad a una persona. Además, contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la detención administrativa en México es la regla general y no una excepción basada en criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. Como lo demuestra el trabajo de diversas organizaciones de la sociedad civil, el juicio de amparo parece ser un recurso poco efectivo y lento para la defensa de los derechos de las personas migrantes, lo que se suma a las complejidades políticas de la relación México-Estados Unidos. Por ello, la Comisión Mesoamericana de Juristas ha decidido impulsar cambios estructurales en la política migratoria a golpe de jurisprudencia, a través de una acción declarativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permita que el máximo tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad de la detención de personas migrantes.
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México es país de origen, destino, retorno y tránsito de diversos flujos migratorios que generalmente se dirigen al norte del continente. En 2013, el Instituto Nacional de Migración reportó 86 mil 929 eventos de extranjeros detenidos en estaciones migratorias, de los cuales uno de cada 10 fueron registrados como menores de edad. La gran mayoría de las personas migrantes son originarias de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador, países que enfrentan graves problemas sociales y políticos con altos índices de violencia.

El gobierno mexicano ha enfrentado este escenario desde una óptica de seguridad nacional, de control y de criminalización, a través de una política disuasiva –aunque poco efectiva– de la migración irregular de las personas que transitan por territorio mexicano, orientada contundentemente por los intereses de la política migratoria de Estados Unidos. La política migratoria mexicana parece reflejar la doble moral de un país que, en principio, hace esfuerzos diplomáticos para abogar por los intereses de los connacionales en aquel país, y al mismo tiempo criminaliza la entrada irregular de “los hermanos centroamericanos”.

México tiene la obligación de garantizar la igualdad ante la ley y por tanto todas las personas, incluidas las que migran, deben gozar de los mismos derechos. No obstante, diversas políticas públicas y disposiciones de la Ley de Migración restringen los derechos de las personas migrantes sin que tales limitaciones sean constitucionales ni compatibles con las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos.

La Constitución contempla distintas formas de detención y señala plazos máximos para cada una de ellas; la detención administrativa con fines de control migratorio no encuadra en alguna de ellas, además de que excede cualquiera de los plazos conferidos a la autoridad administrativa para privar de la libertad a una persona. Además, contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la detención administrativa en México es la regla general y no una excepción basada en criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.

Como lo demuestra el trabajo de diversas organizaciones de la sociedad civil, el juicio de amparo parece ser un recurso poco efectivo y lento para la defensa de los derechos de las personas migrantes, lo que se suma a las complejidades políticas de la relación México-Estados Unidos. Por ello, la Comisión Mesoamericana de Juristas ha decidido impulsar cambios estructurales en la política migratoria a golpe de jurisprudencia, a través de una acción declarativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permita que el máximo tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad de la detención de personas migrantes.

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