En vías de ejecución 32 órdenes de aprehensión

Además del juicio que ya se inició por la vía penal, hay asuntos por la vía agraria y administrativa que están por resolverse en la SCJN.
Indican que los terrenos se vendieron en beneficio del proyecto del Centro Logístico inaugurado en el 2014.
Indican que los terrenos se vendieron en beneficio del proyecto del Centro Logístico inaugurado en el 2014. (Milenio)

Guadalajara

La fiscalía general del Estado tiene pendiente de ejecutar 32 órdenes de aprehensión más en el contexto del presunto fraude cometido por el comisionado ejidal y la asamblea del ejido El Plan de Zacoalco de Torres, éstas órdenes será cumplimentadas en los siguientes días, aseguró el vocero de los afectados, Francisco Gómez.

El agraviado señaló que se luchó porque se aplicara la justicia debido a que había argumentación en contra de penalizar a esa cantidad de ejidatarios aduciendo un problema social.

“Lo que nosotros objetamos es que esto no es un problema social, es un crimen organizado porque se pusieron de acuerdo todos para vender nuevamente un terreno que ya nos habían vendido, esto no puede ser un problema social, esto es un problema de delito y tiene que ser perseguido”, afirmó el afectado.

El pasado 16 de mayo, como consecuencia de la denuncia penal por fraude por la doble venta -averiguación previa 1519/2010-, se ejecutaron por parte de la policía investigadora de la Fiscalía General del Estado, las órdenes de aprehensión contra los dos dirigentes del ejido El Plan, Baudelio Lizaola Díaz y Felipe de Jesús López García, a quienes se les responsabiliza de vender en dos ocasiones el predio El Veladero con el objetivo de favorecer el proyecto del Centro Logístico.

Los acusados fueron internados inmediatamente en la cárcel municipal de Zacoalco de Torres y quedaron a disposición del juzgado Mixto de Primera Instancia de esa población, en el proceso penal número 19/20015.

Ayer, el juez decretó el auto de formal prisión en contra de estos dos, el primero comisario ejidal y el segundo un ejidatario, por lo que se les seguirá un proceso por el delito de fraude.

La fiscalía no dio a conocer los nombres de las otras personas a las que se les arrestará por el sigilo de la investigación, argumentó el vocero de los afectados y aseguró que el ministerio público le ratificó las certeza de que serán ejecutadas en medida de lo posible porque se trata de un delito grave y que está debidamente acreditado en los autos de la averiguación previa entregados al juez.

De acuerdo con el artículo 251 del Código Penal de Jalisco, al responsable del delito de fraude se le sancionará: I. De seis meses a dos años de prisión y multa por el importe de dos a ocho días de salario, cuando el valor de lo defraudado no exceda del importe de cuatrocientos cincuenta días del salario mínimo, vigente en el lugar de la comisión del delito; II. Cuando el valor de lo defraudado exceda del monto señalado en la fracción anterior, pero no del que se establece en la siguiente, la sanción será de dos a siete años de prisión y multa por el importe de cuatro a cuarenta días de salario. La misma sanción se aplicará en el caso de la fracción siguiente, cuando se restituya la cosa o su valor y se repare el daño hasta antes de formular conclusiones en el proceso; y III. De cuatro a diez años de prisión y multa por el importe de veinte a ochenta días de salario, cuando el valor de lo defraudado exceda del importe de dos mil quinientos veinte días de salario mínimo, que rija en el lugar de la comisión del delito.

En caso de que los ejidatarios detenidos se les fije fianza para seguir su proceso en libertad, la suma de ésta será de un monto multimillonario, dado el valor de las tierras que son objeto del delito; sin embargo, se desconoce si solicitaron que el juez les fije fianza.

Además de la vía penal, por la vía administrativa y agrario se están siguiendo juicios sobre el tema, los cuales están por resolverse por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El 17 de noviembre del 2005, el ejido El Plan en Acatlán de Juárez, reconoció a Francisco Javier Gómez Morales y a otras personas como posesionarios de las parcelas situadas en el predio El Veladero.