Contrata a ciegas transporte público

Las investigaciones contra conductores responsables de accidentes se obstaculizan con los dueños de vehículos, pues los cafres se dan a la fuga.
La PGJ propone crear un padrón de choferes de transporte.
La PGJ propone crear un padrón de choferes de transporte. (Yazmín Sánchez)

Tampico

Los concesionarios de transporte urbano solo conocen de nombre a sus choferes, lo cual frena las investigaciones por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en el momento en que el chofer comete un delito culposo en el transporte público y se da a la fuga.

La mayoría de los 10 mil 500 choferes de transporte público en la zona conurbada han protagonizado una serie de accidentes en calles y avenidas principales, dejando daños materiales, heridos y en algunos casos saldos mortales.

El delegado de la PGJ en la zona sur de Tamaulipas, Orlando Aguilar Márquez, expresó que el desconocimiento de datos de los choferes por parte de sus patrones es uno de los principales factores que atrasan una investigación cuandoun conductor comete un accidente y se da a la fuga, el hecho de que presten sus unidades a personas desconocidas sin saber realmente si son capacitadas y confiables.

"Hay poca información del concesionario en el sentido de que dicen que solamente conocen por nombre a la persona que se le dio en renta el transporte y esa es la única referencia que tienen, esto es aprovechado por los culpables en el caso de un accidente en las calles, sobre todo cuando hay muerto".

Las labores de investigación van dirigidas a conocer la identidad del conductor y para los efectos de garantizar la reparación del daño ocasionado, el Ministerio Público tiene amplias facultades para efectuar el aseguramiento de la unidad.

Es por eso que Aguilar Márquez consideró como viable la conformación de un padrón de las personas que sí estén facultadas para este trabajo y que sean las mismas autoridades competentes en el tema quienes efectúen la selección.

"De esta manera se facilitará tanto la identidad para el ciudadano como para las autoridades, se garantizará que presenten un buen servicio, es necesario que las autoridades les confieran la conducción de la unidad, no tengo el conocimiento si existe un padrón así y al menos la ley no lo establece, pero considero que sí es factible".

En lo que va de este año, específicamente en el municipio de Tampico se han contabilizado siete procesos de investigación que involucran a un vehículo que presta el servicio como transporte público en las diversas agencias del Ministerio Público.

En cuatro de los trámites ha sido por el delito de daño a la propiedad ajena y tres por esta misma situación, pero se agregan lesiones a terceros. Al menos de estos asuntos no hay personas detenidas.

"Algunos de ellos se tiene conocimiento que se cuenta con libertad caucional ya que las aseguradoras intervinieron, en otros casos los choferes se dieron a la fuga y se procedió al aseguramiento de la unidad".

Cabe señalar, que de acuerdo a los registros de MILENIO Tamaulipas, en el primer trimestre del año se ha presentado la muerte de dos personas a causa de una unidad de transporte; un hombre que cayó del escalón de la puerta por la imprudencia del chofer en la zona norte del municipio y una mujer de la tercera edad que fue atropellada por un taxista en el centro de Tampico.

De acuerdo con el delegado de la PGJ, el Código Penal en el artículo 318, establece una sanción en particular atendiendo a la calidad del probable responsable como lo sería un operador de transporte público, ya sea de pasajeros o escolar.

"Las sanciones se incrementan dadas las características personales y va variando dependiendo el delito que se cometa, como lo pudiera ser el homicidio, las lesiones o el daño en propiedad".

El articulo marca que cuando el conductor se encuentra en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, la sanción será de dos a seis años de prisión, si del hecho resultan lesiones; por daño a propiedad ajena de dos a cuatro años de prisión y en caso de que se presente la muerte de una o más personas de tres a 8 años de prisión.

"Cuando el responsable resulta positivo al influjo de alcohol o droga, obviamente su sanción se incrementa por el bien jurídico tutelado y en este caso tratándose de un delito de homicidio, se convierte en un delito de naturaleza grave, con lo cual se niega el derecho a fianza", aseveró Orlando Aguilar.

Cuando la persona se da a la fuga se hace la averiguación encaminada hacia la responsabilidad de quien en esos momentos conducía la unidad y que el resultado de la investigación lo dictamine culpable, estaría llamado por la autoridad judicial con orden de aprensión.

En este sentido, el titular de la procuraduría en la zona dijo que "evidentemente debemos de contar con la comparecencia del propietario, de acuerdo a los registros con lo que se cuentan en el área de transporte, para que sea a través de esta persona por quien podemos llegar al conductor".

Los afectados son quienes interponen la denuncia, por medio de los números de atención ciudadana al 066 o 089 y son canalizados.