Regidores piden sancionar por caso del ex escolta

Ediles del PRI del Ayuntamiento de Monterrey acuden a la Contraloría municipal para que investigue los procedimientos que se siguieron.
Los regidores priistas Eugenio Montiel y Arturo Pezina entregaron el documento en la Contraloría de Monterrey.
Los regidores priistas Eugenio Montiel y Arturo Pezina entregaron el documento en la Contraloría de Monterrey. (Ricardo Alanís)

Monterrey

El grupo de regidores del PRI de Monterrey solicitó ante la Contraloría municipal se finquen responsabilidades a quien resulte derivado del caso del escolta de la alcaldesa con licencia, Margarita Arellanes, que resultó ser integrante de una banda de secuestradores.

Los ediles acudieron este miércoles a la dependencia municipal donde dijeron que advierten algunas irregularidades, como es el que el municipio no actualizó las pruebas de control y confianza que vencieron en enero de 2014, además de que el presunto secuestrador, ahora detenido, Antonio González Abad, haya sido designado escolta, y con ello tenía acceso a información privilegiada, entra otras anomalías.

Mediante un comunicado, los priistas señalan que presentaron la denuncia para llegar hasta las últimas consecuencias y que se sancionen las presuntas irregularidades, ya que se pasaron por alto las advertencias de que el elemento, tenía tendencias delictivas.

“La segunda irregularidad que detectamos es haber designado a esta persona como escolta, no obstante que existía un antecedente que también reconoció el señor secretario que existía, sobre presuntos vínculos con la delincuencia organizada; y tercera, es que no se dio aviso a las instancias que correspondan sobre el cambio de adscripción, es decir, esta persona era un elemento operativo y de la noche a la mañana resultó ser un escolta y esto está obligada la autoridad municipal a haber dado aviso y no se dio.

“¿Por qué lo estamos haciendo?, porque nos preocupa sí lamentable el hecho de la integridad, que se puso en riesgo tanto la alcaldesa, de su familia, todos los servidores que trabajamos en Monterrey, pero también se puso en riesgo la integridad de la comunidad de Monterrey, porque esta persona al estar en el cerco de seguridad de la alcaldesa, tuvo acceso a información privilegiada y confidencial que puede todavía poner en riesgo la integridad de los regiomontanos”, señala el texto del comunicado.

Denunciaron además que a pesar de que el escolta detenido ya fue dado de baja de la nómina municipal, la Secretaría de Seguridad Pública de Monterrey aún no reporta al Sistema de Plataforma México que ya no labora en la corporación, y por lo tanto aún aparece en este organismo nacional como empleado de Monterrey.

El martes, el municipio de Monterrey admitió que fue advertido desde hace dos años que Antonio González Abad tenía tendencias delictivas y que obtuvo resultados de riesgo potencial en cuestiones referentes a su vinculación con organizaciones delictivas.

El secretario de Seguridad Pública y Vialidad, José Guadalupe Ávila Gil, reconoció que en la certificación de control y confianza de 2012 se establecía que González Abad sí tenía tendencia delictiva, pero fue un excelente elemento cuando fungió como escolta de Margarita Arellanes.