Hasta siete años de cárcel por mal uso del recurso público

La Ley General de Contabilidad Gubernamental contempla sanciones para quien cause daño al erario, no lo evite o no informe a su superior jerárquico de alguna irregularidad .
Los funcionarios municipales están siendo capacitados en el uso de la nueva plataforma.
Los funcionarios municipales están siendo capacitados en el uso de la nueva plataforma. (Yazmín Sánchez)

Tampico

En caso de no cumplimiento, la Ley General de Contabilidad Gubernamental contempla sanciones de 2 a 7 años de prisión a malos funcionarios y multas de mil a 500 mil días de salario mínimo, a quienes causen daño a la hacienda pública o al patrimonio, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico. 

Con su aplicación mejorará la transparencia presupuestal, se traslucirán los pasivos y la deuda pública, ya que obliga a los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a integrar en sus balances financieros toda la información relativa a las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores.

Otro de sus objetivos es el de transparentar el gasto en seguridad. Y es que los estados periódicamente difundirán en internet la información relativa a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, incluyendo lo siguiente: información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas beneficiados con los recursos de los fondos, así como las disponibilidades financieras con que, en su caso, cuenten de los recursos de los fondos, correspondientes a otros ejercicios fiscales.

La ley precisa que la Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, establecerán, en su respectiva página de internet, los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o instancias de transparencia competentes.

La ley también prevé la conformación de consejos, integrados por autoridades estatales y municipales, para vigilar el adecuado uso de los recursos. Los consejos, en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social establecerán las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y contenido de la información para armonizar la elaboración y presentación de la información que se presente.

Una más de sus funciones es la de transparentar y homologar la información financiera, para ello las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, así como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, serán los encargados de homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores estratégicos y de gestión de las finanzas. Se tendrá información del gasto federalizado, del ramo 33.

En rubros como salud y educación, los estados estarán obligados a entregar a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, de manera trimestral, así como publicar en sus páginas de internet, informes detallados del pago que se le da al personal comisionado y con licencia en escuelas y hospitales, con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino.

Se deberá informar grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos; recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables y proyectos, metas y resultados obtenidos.