No reciben regalos, sus hijos están en el reclusorio

“Una como madre se siente mal, pero nos tenemos que resignar y seguir adelante porque no nos queda de otra”, dice mientras su vástago cumple una condena por robo calificado.

Puebla

No para todas las mujeres el Día de las Madres es tiempo de festejo, algunas no recibirán un regalo o un abrazo de uno de sus hijos, que por un error, una circunstancia desfavorable los mantiene en la cárcel. Para algunos su mamá es el único apoyo que tienen mientras purgan su condena.

María "N" sale del penal con una bolsa vacía después de dejar comida y otros artículos para su hijo que se encuentra recluido en el Cereso de San Miguel en donde enfrenta un proceso penal por el delito de robo calificado: "nosotras como madres sufrimos al venirlos a ver".

Prefiere no dar su apellido, supera los 70 años de edad y visita a su hijo dos veces a la semana con el dolor de verlo encerrado vendiendo dulces y otros artículos dentro del penal para mantenerse: "uno como madre se siente mal, pero se tiene uno que resignar y seguir adelante porque no nos queda de otra".

A Milenio Puebla cuenta que no supo cuando su hijo comenzó a andar en malos pasos, pero ahora que ya se encuentra dentro del penal ella es la única que lo visita: "Ellos ya vivían aparte, solamente él y su esposa sabían cómo se portaba, cómo llevaban su vida, ahora lo más duro es que ella ya se alejo de él, nosotros nos quedamos con la carga encima".

La mujer considera que los tratos que reciben los internos son malos, pero sabe que no se puede hacer nada para mejorarla condiciones del Cereso. "Pues vea usted el trato es muy mal, pero no les queda más que aguantarse".

Señala que es duro como madre celebrar el 10 de mayo mientras su hijo se encuentra recluido y tiene la esperanza de que este año su hijo pueda recuperar su libertad.

Con paso lento cruza la calle para tomar la ruta de transporte público que dos veces por semana la trae hasta el Cereso de San Miguel para seguir apoyando a su hijo.

Historias como la de esta mujer se repiten en los accesos del Cereso.

Otra mujer narra lo complicado de las visitas al penal, sobre todo para una mujer de la tercera edad: "Complicado de traerles de comer, ellos quieren salir y no tiene uno para sacarlo, esa es la verdad".

Sin embargo señala que no los puede abandonar a pesar de las complicaciones que enfrenta dos o tres veces por semana: "Lo tengo que apoyar, pues son mis hijos".

Desde hace 10 meses iniciaron sus visitas después de que se enteró que su hijo había sido involucrado en un robo, fue sentenciado a pasar año y medio en el penal de San Miguel y ahora tiene la esperanza que cuando salga su hijo ya se porte bien: "Pido a Dios que ya se porte bien".

Y es que señala que en varias ocasiones le advirtió que debería tener cuidado con quien se juntaba, pues su hijo fue involucrado en un atraco por andar con malas amistades: "Uno les dice que se deben portar bien, aunque tengan malos amigos".

Señala que el 10 de Mayo es un día difícil de celebrar con un hijo encarcelado: "la verdad ya le dije que no voy a venir ese día".

Una visita les cuesta en promedio 150 pesos, a parte de la comida y artículos de higiene personal que les llevan a los internos, pues todo cuenta en el Cereso, las cuotas son de entre cinco y 20 pesos, pagas por todo señalan los visitantes.

La comida es lo que más les preocupa pues aseguran que lo que les sirven a los internos es incomible por lo que tratan de llevarles despensa y comida preparada para que no tengan que comer lo que les sirven en el penal.

El doble papel de la mujer en la sociedad

Hoy en día la mujer enfrenta dos retos, el de ser mamá que conlleva el cuidado de los hijos, cuidado de la pareja y las labores del hogar, y por otro lado, desempeña el papel de la mujer moderna que tiene que ver con el empleo, labores de emprendimiento en sus negocios o en las empresas en las que trabajen.

De acuerdo a una encuesta nacional de empleo del 2013, de 50 millones de personas que integran la población económicamente activa en México el 38% son mujeres.

Además, el 37% de las mujeres empresarias el 70% abre su negocio con sus propios ahorros.

El calvario que vivió  Disireé González Otero

Desireé González Otero vivió un calvario desde el 16 de marzo del 2013 cuando el padre de su hija decidió sustraerla, dos días después presentó su denuncia en la agencia del Ministerio Público de la delegación Valsequillo de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en donde quedó archivada su averiguación previa.

Originaria de Puerto Vallarta tuvo que regresar a ese lugar, sin familia, perdió su trabajo a causa de las constantes ausencias en su trabajo para buscar a su hija, gastó en un abogado que no hizo su trabajo. Los amigos que sabían en dónde estaba su ex pareja y niña, desaparecieron, pues no volvieron a comunicarse con ella.

Ella afirma que su ex pareja sentimental siempre presumió tener influencias en distintas áreas del gobierno, y después de ver la lentitud con la que se condujeron las autoridades, considera que es cierto lo que provocó que el proceso se empantanara.

Después de largos meses que observó que su averiguación previa no caminaba y que no fue activada la alerta Amber, solicitó el apoyo de todo tipo de organizaciones desde Isabel Miranda de Wallace, que le dieron pistas de que la menor estaba escondida en el Distrito Federal.

Hasta la extinta Províctima, y contrato los servicios de un investigador privado quienes localizaron en donde la menor había sido inscrita a la escuela. Para eso, ya habían pasado nueve meses en los que la menor estaba desaparecida.

Durante ese tiempo el padre y su familia llenaron de mensajes a la menor en contra de su madre, le advertían que nunca volvería a ver a su mamá pues ella la había entregado porque no quería saber nada de ella.

Cuando la menor fue ubicada se solicitó al Juzgado Segundo Familiar que tenía que extender un documento en el que le entregaran la guardia y custodia de la niña, a pesar de que el padre la había escondido por 10 meses y para no meterse en problemas el documento establecía que los dos padres podían tener a la menor y no se especificaba quién en ese momento estaba facultada para hacerse cargo de la menor.

Esto provocó que la menor fuera enviada a un albergue del DIF en donde estuvo casi un mes, atendida por psicólogos que detectaron que la menor sufría del síndrome de Alienación parental (que recibió información negativa para provocar odio y rencor hacía su madre).

Después de varios días la menor decidió que quería irse a vivir con su madre.

Luego del viacrucis legal el 17 de febrero pasado volvió a ser madre, ahora festejará el 10 de Mayo tratando de recobrar la relación con su hija a quien no vio en más de un año y fue alimentada con mensajes negativos en su contra.

Una serie de injusticias alteró su vida familiar y su relación con su hija, ambas luchan todos los días por recobrar su estabilidad con la sombra y esperanza de que esa situación no vuelva a ocurrir.

Durante su peregrinar González Otero conoció otros casos similares en Puebla, Distrito Federal y Vallarta por lo que ahora con esas víctimas y otras organizaciones sociales está a punto de crear una asociación civil para el apoyar y prevenir este tipo de casos.

El viacrucis que vive Saidy López en busca de su hija

Hay mujeres que enfrentan una pesadilla, el Día de las Madres no tienen nada o muy poco que celebrar que celebrar. Sus hijos no están cerca a ellas, sus maridos se los arrebataron y enfrentan procesos legales para pelear la recuperación.

Carolina Fonseca es una de las niñas más buscadas en redes sociales en Puebla, su madre lleva más de un año tratando de localizarla. La madre de la menor, Saidy López, asegura que es su segundo 10 de mayo que extraña los brazos y un beso de su pequeña.

Ella asegura que en los juzgados, los abogados del padre de su hija, un empresario adinerado en el Estado de México y Puebla, aplican una serie de trucos legales para alargar el proceso, y afirma que él aplica a la menor un “lavado de cerebro” en contra de ella.

“Nada que festejar, absolutamente nada, yo creo que no hay mejor regalo para una madre que los brazos y los besos de un hijo y yo no tengo absolutamente nada. Es el segundo año que yo no festejo que más quisiera poder abrazar a mi hija y poder escuchar su voz que me diga mami te amo”.

“No hay absolutamente nada que yo pueda festejar, gracias al desinterés de mucha gente del gobierno porque realmente abarca muchas partes que no hacen nada por el caso de mi hija que está sustraída”, dijo.

Todos los días enfrenta un sistema judicial lento, tan sólo la Procuraduría General de Justicia (PGJ) tardó un año para activar la Alerta Amber y esperó hasta que el juez resolviera entregarle la custodia de su hija.

No ha temido encarar al procurador de Justicia, al director de la Policía Ministerial, quienes desde hace tiempo prefieren evitarla cada que llega a la PGJ a exigir los informes sobre las acciones de la dependencia para localizar a su hija.

Mientras pasa el tiempo la PGJ mantiene activada la Alerta Amber para la localización de Carolina Fonseca, aunque a decir de la madre de la menor afectada las autoridades están “totalmente desinteresados en encontrarla, violando mis derechos y los de mi hija”.

Se le ha negado información de la Secretaría de Educación Pública que podría permitir la ubicación de Carolina.

Aunque comprobó que policías ministeriales y agentes del Ministerio Público se coludieron para que su hija fuera sustraída las denuncias en contra de esos servidores públicos siguen archivadas.

Sanciones más severas para familiares que roben menores

Alejandro Heredia Ávila presidente de la Asociación Mexicana de Padres de Familia Separados señaló que han buscado que se haga una legislación de protección a los menores en la que se aumenten las penas en contra de los padres de familia o familiares que sustraigan a un menor.

Señaló que en la mayoría de los estados, las procuradurías y los poderes judiciales son lentos, y ordenan las medidas cautelares de los menores hasta que éstos ya han sido sustraídos o violentados.

Incluso al momento de la denuncia de la sustracción de un menor las mismas autoridades se niegan a recibir la denuncia aludiendo que el niño se encuentra con un familiar por lo que no hay riesgos en su integridad por lo que se les niegan beneficios como la activación de la Alerta Amber.

Heredia Ávila señaló que cada hay más registros de lo que se denomina Síndrome de Alienación Parental que se da cuando un menor es sustraído por alguno de los padres y durante el tiempo que se encuentra separado es llenado de mensajes de odio y rencor.

Dijo que este tipo de conductas deben ser sancionadas y penalizadas por las autoridades estatales.

En Puebla el Código Penal en su artículo 283 establece la sanción para el delito de sustracción: “A los responsables del delito previsto en los artículos 283 y 283 Bis de este Código, se les aplicarán de dos a cinco años de prisión y multa de cien a mil días de salario; pero si antes de dictarse sentencia, los acusados entregaren al menor o menores de que se trataren, a quien legalmente correspondieren la custodia o guarda de los mismos, la prisión será hasta de un año y multa de cien a quinientos días de salario. Este delito se perseguirá por querella”.