Gobiernos deben sujetarse a la legalidad en megaproyectos

Organizaciones ciudadanas esperan que la divulgación por la SCJN ocasione un mayor respeto a los derechos individuales o colectivos en juego; el modelo "extractivista", cuestionado.

Guadalajara

La publicación del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá tender a clarificar el camino que deben seguir los gestores gubernamentales o privados para no violentar los derechos individuales o colectivos que se suelen atropellar con las grande obras, señalaron representantes de organizaciones ciudadanas vinculadas con el tema.

“Con este protocolo, la SCJN se pondrá a prueba a sí misma junto con los juzgadores. Veremos si no les tiembla la mano al momento de aplicar las legislaciones vigentes y los tratados internacionales; si son capaces de desenmascarar la ‘justificación’ que hacen los promotores de las grandes obras bajo el cobijo del ‘bien común´’. Para esto deberán, entre otras cosas, realizar una verdadera evaluación del costo-beneficio de las mismas para que no continúen siendo obras financiadas con recursos públicos que solo benefician a los que operan el negocio”, dijo el presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable (Conredes), de Los Altos de Jalisco, Juan Guillermo Márquez Guitiérrez.

“También los pondrá a prueba en la aplicación de los derechos humanos, los llamados de ‘Tercera Generación’ (a la paz, al desarrollo económico, al agua, a la alimentación, a la autodeterminación, a un ambiente sano, a la información, a la participación y a la consulta, a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, etc.) y en la ponderación del bien común, que es de todos y de cada uno, y no de las mayorías sobre las minorías. Veremos si se atreven a litigar sobre los organismos de interés público, como las asociaciones ganaderas”, dijo en su análisis.

“Un gran reto del que debemos estar pendientes de su cabal cumplimiento, para, de esta manera poder decir que en México se respetan los derechos humanos y que contamos con leyes y juzgadores a la altura de un país democrático y vanguardista”, puntualizó. Conredes ha encabezado la lucha de los habitantes de Los Altos en busca de preservar su derecho al agua y al desarrollo, amenazado por el trasvase desde la presa El Zapotillo hacia la ciudad de León, Guanajuato.

Por su parte, la abogada Claudia Gómez Godoy, integrante del Colectivo de Abogados –que asesora a los vecinos de Temacapulín amenazados de ver su asentamiento inundado por la misma represa- dijo que si bien, no es un documento vinculante, remite a leyes y tratados que sí son de naturaleza vinculante para el estado mexicano, por lo cual, debe alcanzarse pronto un mejor acceso a la justicia efectiva por parte de las víctimas de los megaproyectos, bajo el espíritu de que las mayorías no tienen por qué aplastar a las minorías.

“Tenemos la esperanza de que los jueces y magistrados federales tengan claridad respecto a cómo aplicar la ley y hagan menos complicada la ruta de la justicia para los ciudadanos frente a los grandes poderes del Estado o de las empresas”, subrayó.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por fin toma nota del aspecto legal de una de las realidades más apremiantes del país: la violación de derechos humanos, individuales y sociales, así como ambientales, propiciadas por las grandes obras de infraestructura, advierte la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), María González Valencia.

Participante en la elaboración del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura, que publicó la corte en diciembre pasado, la activista destaca que “este protocolo es resultado de la preaudiencia ‘Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, de la Mesa de Devastación Ambiental y Derecho de los Pueblos, del Capítulo Mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos, que realizo el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos [Mapder], en Temacapulín, Jalisco, en noviembre de 2013”.

Así, “es producto de un trabajo colectivo del Mapder, las organizaciones civiles, abogados y académicos que acompañan y asesoran las resistencias sociales y sus luchas en México”, y “es un documento que no solo servirá para el uso de los tribunales y jueces, sino para todos aquellos casos de comunidades afectadas por megaproyectos -minas, presas, gaseoductos, acueductos, carreteras, desarrollos inmobiliarios, entre otros- que, desde un modelo extractivista atentan contra sus territorios, despojándolos de sus bienes comunes naturales, historia, identidad y patrimonio”, dijo en una opinión solicitada por MILENIO JALISCO.

“Es fundamental que jueces conozcan el documento y lo utilicen como una herramienta clave, para garantizar los derechos de los pueblos afectados por proyectos de desarrollo e infraestructura, a la luz del las mejores prácticas internacionales de impartición de justicia que el Estado Mexicano está obligado a cumplir y aplicar”, puntualizó.

El documento señala que en 2007, Miloon Kotari —relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre una vivienda adecuada— “presentó como parte de su informe anual, un documento cuyo objetivo fue orientar a los Estados sobre las medidas para evitar los desalojos forzosos provocados por proyectos de desarrollo. En éste subraya “aun reconociendo el gran número de contextos en que se producen los desalojos forzosos, las presentes directrices se centran en ofrecer orientación a los Estados sobre medidas y procedimientos que han de adoptarse para garantizar que los desalojos generados por el desarrollo no se efectúen en contravención a las normas internacionales de derechos humanos existentes y, por tanto, no constituyan desalojos forzosos”.