El proceso podría durar hasta 70 días: diputados

Buscará integrar los elementos del delito, que haya una probable responsabilidad del inculpado y a que ya no subsista el fuero.
Los diputados analizarán los elementos probatorios.
Los diputados analizarán los elementos probatorios. (Héctor Mora)

Pachuca

Hasta 70 días hábiles podría tardar en resolverse la petición de desafuero contra el presidente municipal de Tepehuacán de Guerrero, Hilario Mendoza Benito, quien, en estado de ebriedad, le rompió a golpes la mandíbula a la presidenta del sistema DIF municipal, María Virginia Ortiz, el 20 de diciembre, informó el diputado Humberto Lugo Guerrero, presidente de la Comisión Instructora del Congreso del Estado.

Informó que el 6 de enero la Procuraduría de Justicia estatal envió a la Cámara de Diputados la solicitud del juicio de procedencia en contra del edil, para buscar que le sea retirado el fuero, como establece al artículo 149 de la Constitución Política de Hidalgo.

Como documento anexo, añadió la averiguación previa 12/DAP/540/2013 y 12/DAP/542/2013 acumuladas, de la cual, según la PGJEH, se desprenden medios probatorios que comprueban el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en los ilícitos de lesiones dolosas calificadas y violencia familiar.

“La Comisión Instructora buscará que se integren los elementos del delito, que haya una probable responsabilidad del inculpado y en ese sentido procederá a que ya no subsista el fuero y este probable responsable esté a disposición de las autoridades competentes”, dijo el legislador por Huichapan.

“Vamos a tomar en cuenta lo que plantea el ministerio público, analizar los elementos probatorios y ver que exista la posibilidad de que sea probablemente responsable. De ahí, decidiremos esta parte de quitar el fuero; sin embargo, corresponderá a las autoridades que lo señalen como culpable o lo declaren inocente”, agregó.

Lugo Guerrero dijo que la Comisión que preside tendrá el debido proceso, con garantías tanto del inculpado como el denunciante y no descartó convocar audiencias con el presunto culpable, en caso de ser necesario.

Especificó que se contarán con tres días hábiles para notificar al denunciado sobre el juicio de procedencia; siete más para que emita una respuesta por escrito ante la Comisión Instructora, y 30 días para que se efectúen las diligencias pertinentes.

Posterior a ello, dispondrán de seis días para mostrar el expediente tanto al afectado como al denunciado, respectivamente; seis días naturales para que se efectúen los alegatos por las partes involucradas y 12 días para que la comisión emita el dictamen final y se vote en el pleno.

De acuerdo con el legislador, este proceso puede extenderse como máximo hasta 70 días.

El priísta precisó que la petición del juicio de procedencia llega a la Cámara después de que la instancia de procuración de justicia encontró elementos suficientes para iniciar un proceso contra Mendoza Benito, quien también cuenta con una orden de restricción, que solicitó la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo.

“Se cumplió esa parte del procedimiento en la que debería de haber una denuncia, la Procuraduría configuró la cuestión del delito, que incluye una posible acción penal contra esta persona. Se cumplió esta primer parte y la ratificación de la denuncia, por eso es que hoy (ayer) se turna a la Comisión Instructora este asunto”.

Al ser el edil del municipio serrano emanado del partido en el poder y con mayoría en la LXII Legislatura, el diputado aseguró que revisarán el caso sin tomar en consideración la militancia del agresor.

Petición

El diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), Guillermo Galland Guerrero, pidió a los demás integrantes de la Comisión Permanente considerar enviar un exhorto a la fiscalía estatal para tomar las medidas pertinentes sobre el acusado y evitar que, en caso de ser encontrado culpable, evada la justicia.

“Es una propuesta sui generis, no desconozco de ninguna manera las garantías individuales que toda persona tiene, ni desconozco el procedimiento para estos casos, pero lo que yo planteo es una medida preventiva para que no ocurra lo que normalmente ocurre: cuando alguien se ve con la soga en el cuello y tiene una oportunidad de excluirse de la acción de la justicia se va, a otro país o a un lugar donde se pueda esconder.

“Lo que estamos solicitando es que tengan ubicado al personaje, sin prejuzgarlo. Sin embargo, lo que planteo es que tengamos la pericia para poder tenerlo ubicado, y que en el muy probable caso, por lo que se escucha, de que se acuerde su desafuero y tenga que enfrentar a la justicia, no resulte que ya no esté aquí”, indicó.