Permuta de Alfa se puede cancelar: abogado

Alberto Sada señaló que la denuncia por despojo y abuso de autoridad en el caso de los terrenos, puede ser admitida pese a que los hechos se registraron en 2011.

San Pedro Garza García

La permuta de terrenos realizada por el municipio de San Pedro con el Grupo Industrial Alfa se puede cancelar, aseguró el abogado Alberto Sada.

En entrevista con MILENIO Monterrey afirmó que la denuncia, presentada por el litigante Salvador Isidro Tadeo por despojo y abuso de autoridad en el caso de los terrenos, puede ser admitida pese a que los hechos se registraron en 2011.

"Yo creo que sí va prosperar (la denuncia), no importa que estemos en época electoral, no importa que hayan pasado cuatro años, mientras el delito no prescriba, entonces, no importa en qué tiempo se interponga la denuncia, para este tipo de delitos, que yo creo lo que se configura es el ejercicio abusivo de funciones y el tráfico de influencias.

"Todavía no está esto completamente materializado, todavía se le puede dar marcha atrás, sí es reversible, es una serie de pasos, este convenio está sujeto a varias condiciones, la última es que se le aprueben los usos de suelo y de construcción a Alfa, a los predios de la colonia Carrizalejo, y establece el convenio que de no llegar a celebrarse algún acto jurídico, todo lo demás queda sin efecto, las subdivisiones, las autorizaciones quedan sin efecto, todavía se pueden cancelar, estamos muy a tiempo", aseguró.

Fue el pasado domingo cuando Salvador Isidro Tadeo presentó la denuncia ante el Centro de Orientación y Denuncia (Code) de San Pedro por el delito de despojo y abuso de autoridad en la permuta de terrenos que beneficiaría a Alfa.

El 31 de marzo de 2011, el municipio y Grupo Alfa pactaron un convenio en el cual el ayuntamiento recibiría un área verde de menor plusvalía -para edificar campos deportivos- como compensación de unos terrenos de la exclusiva zona del Centro Cultural y Planetario Alfa.

En el convenio se acordó que la familia Garza Sada, de Grupo Alfa -en la que participa como accionista el ex alcalde Mauricio Fernández- conservara los 11 mil 374 metros de las 13 hectáreas del terreno del Planetario permutándolo por 39 mil metros del bulevar Díaz Ordaz.

Alberto Sada explicó que el código penal prevé una sanción de hasta 10 años de prisión, en lo que prescribe el delito, por lo que aún se puede sancionar.

"El que va a establecer qué delito se configura y contra qué personas, finalmente es el Ministerio Público que ejerce la facultad investigadora y establece o tipifica cuál es el delito sancionable. El denunciante puede decir que es robo, despojo, o lo que sea y el MP le va a tocar catalogar el comportamiento y preverlo como delito", dijo.

El abogado explicó que quien interpone la denuncia, debe ratificarla y luego el Ministerio Público en turno tiene la obligación de girar los citatorios para que comparezcan las personas vinculadas, incluso los testigos o indiciados y ahí la Procuraduría le corresponde establecer quiénes son éstos dentro de las averiguaciones.

"Es muy evidente ese conflicto de intereses, no tanto un conflicto de interés porque pueden tenerlo y apartarse y no resolver, el alcalde es el que él mismo propone que se apruebe ese convenio, y no estamos hablando que lo haya aprobado o lo haya votado, eso se escuda él (Fernández Garza).

"Pero el delito se configura cuando él interviene en las negociaciones y se lo propone al Cabildo para que lo vote, y el Código Penal lo tipifica como ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, no debe intervenir y debe ser cualquier otro miembro del Cabildo y él mismo abstenerse", indicó.

Señaló que existe una propuesta en el orden del día del 5 de abril de 2011, donde el entonces alcalde Fernández Garza presenta el convenio y negociaciones con el Grupo Alfa para que el Cabildo lo analice y lo apruebe.

"Ese es el delito", puntualizó Sada.