Fepade inicia proceso contra Partido Joven

Gabriela María de León Farías, presidenta del Consejo General del IEC, informó que considera como violencia política de género las declaraciones de Julio Aldape, representante del partido.
Gabriela María de León Farías, presidenta del Consejo General del IEC.
Gabriela María de León Farías, presidenta del Consejo General del IEC. (Ana Ponce)

Saltillo, Coahuila

Por considerar que el representante del Partido Joven, Julio Aldape, ha ejercido violencia política de género contra la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Gabriela María de León Farías, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (FEPADE) inició una averiguación.

De León Farías dio a conocer que fue notificada de que se inició una carpeta de investigación, por lo que esperará a que la Fiscalía dé a conocer la determinación que se tuvo al respecto.

"Es una cuestión de oficio, nosotros tenemos un monitoreo constante tanto de las actividades como de medios, radio y televisión, donde el INE al valora los elementos y consideró que había suficientes para dar vista (a la FEPADE)", comentó.

Consideró además que sí puede proceder como violencia política de género, un acto que es sancionado por la FEPADE.

Indicó que en lo personal, sí se ha sentido violentada por las acciones de representante del Partido Joven, tanto en las sesiones del Consejo, como en sus acusaciones en medios de comunicación.

"Si han sido comentarios muy agresivos, han sido persistentes y ofensivos, independientemente de las circunstancias, todos tenemos derecho a la expresión pero tiene un límite y esto transgredió al instituto político que les corresponde", expresó.

"Un caso de este tipo pues probablemente es judicializado y se aplican las sanciones correspondientes, pero no quisiera abundar en este tema pues se están llevando las investigaciones y esperemos que estás agresiones cesen", agregó.

Recordó que fue por la difusión reiterada de información falsa, en relación al pago de unos boletos de avión de su cónyuge, pues el representante aseguraba que fueron costados con recursos públicos.

Así como en relación a los 11 millones de pesos que el IEC debía regresar al erario, que quedo liquidado y contratos con un supuesto militante del PRI, que la consejera aseguró que no existen.

JFR