Exigen explicación por fallas en pruebas de confianza

Ante el caso del ex escolta de Margarita Arellanes, la bancada local del PAN abrió la posibilidad de proponer una reforma para quitar la exclusividad al Estado de aplicar los controles de confianza.
Los panistas también sugirieron una mesa de trabajo sobre el tema.
Los panistas también sugirieron una mesa de trabajo sobre el tema. (Foto: Reynaldo Ochoa)

Monterrey

Diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron este lunes al Gobierno del Estado una explicación por las fallas en las pruebas de confianza aplicadas por el Centro de Información para la Seguridad del Estado, de Evaluación y Control de Confianza (Cisec) al ex escolta de Margarita Arellanes Cervantes, que fue detenido la semana pasada por tener vínculos con el crimen organizado.

Asimismo, abrieron la posibilidad de quitar la exclusividad al Estado de la aplicación de los controles de confianza y permitir que los municipios tengan sus propias evaluaciones ante la evidente falla del Cisec.

El líder de la bancada del PAN, Alfredo Rodríguez Dávila, y los diputados Enrique Barrios Rodríguez, Rebeca Clouthier Carrillo, Francisco Treviño Cabello, José Luis Galván y José Luz Garza, acudieron al Palacio de Gobierno para presentar un escrito en el cual exigen al Estado una explicación sobre los motivos de las fallas en los controles de confianza a este ex elemento detenido en Jalisco, quien aprobó en dos ocasiones dichas evaluaciones y fungió como escolta de la alcaldesa de Monterrey con licencia, Margarita Arellanes Cervantes.

“Los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) manifestamos nuestro más profundo rechazo contra el Gobierno que usted encabeza, ante la incapacidad que demostró al no poder detectar con las pruebas de confianza a un mal elemento de seguridad perteneciente a una de las corporaciones de la Policía de Monterrey.

"Si usted como encargado de la seguridad del Estado no fue capaz de detectar un presunto secuestrador en las filas de los elementos policiacos, nosotros nos preguntamos: ¿en manos de quién estamos los ciudadanos de Nuevo León?, ¿en manos de quién están las Policías municipales de nuestro estado?”, señala el documento.

En entrevista posterior, Rodríguez Dávila señaló la posibilidad de realizar una mesa de trabajo en donde se pueda explicar a los legisladores y a la ciudadanía "cuáles son los fallos del sistema y qué habría qué hacer para mejorarlo", pues se dijeron dispuestos a apoyar en el tema.

“Es algo imperdonable, no importa para quién trabaja, no importa si son uno, dos o tres; en este caso, la ciudadanía requiere respuesta, los diputados de Acción Nacional también requerimos respuestas. Requerimos que nos expliquen qué es lo que está fallando en el sistema, cuáles son los errores y cómo los vamos a corregir y cómo le vamos a dar tranquilidad y serenidad a los ciudadanos de los que están trabajando en cuidar su seguridad, no están trabajando con los delincuentes, como fue en años anteriores”, dijo.

Sin embargo, el coordinador albiazul no descartó la posibilidad de proponer una reforma para permitir que los municipios puedan realizar pruebas de confianza a sus elementos, lo cual actualmente es una facultad exclusiva del Gobierno del Estado y de la Federación, según la Ley de Seguridad Pública del Estado. 

“A lo mejor valdría la pena un contrasentido con la reforma original, que era que nada más que el Estado tuviera esa exclusividad porque los municipios estaban contaminados, ahora vemos que en el estado de Nuevo León las gentes que se dedican a hacer esas pruebas también pueden estar contaminados, o hay errores que se están detectando a través de las lamentables realidades que estamos viviendo”, dijo.

Los legisladores caminaron desde el Congreso del Estado rumbo al Palacio de Gobierno, ambas sedes en la Macroplaza, a donde llegaron luego de unos minutos y presentaron en el escrito en la recepción de la Oficina del Gobernador, coincidiendo con funcionarios del Gobierno Estatal que mantenían una reunión con el mandatario estatal, pero no se cruzaron con el procurador de Justicia del Estado, Adrián de la Garza, presente también en la junta.