No se trata de solo una percepción, el hecho de que la impunidad prevalezca al momento de impartir justicia, se trata de una realidad a la cual el nuevo Sistema de Justicia Penal no se logra imponer, y en el ejercicio, el imputado se ha convertido en el centro de este sistema por encima de la víctima, aunado a la serie de fallas por parte de quienes conforman la cadena responsable de la impartición de justicia, desde el policía y ministerios públicos, hasta jueces y gobernantes.
Este es el balance que Francisco Jiménez Reynoso, académico experto en temas de seguridad por la Universidad de Guadalajara, realiza sobre el primer año desde que entrara en vigor este sistema basado en el litigio oral y los métodos alternos; el investigador, que imparte conferencias a nivel nacional, elaboró un estudio sobre el sistema penal adversarial y concluye que la impunidad se impone y va ganando terreno en un ambiente inmerso en la desconfianza por parte de ciudadanos hacía instituciones.
Desde el primer respondiente, la aplicación del nuevo sistema no es la adecuada y eso genera una percepción de que es un sistema garantista, que antepone al presunto delincuente y su presunción de inocencia "Se ha puesto al imputado en el centro del nuevo sistema, en la teoría la ley marca un equilibrio sobre el trato que se debe tener tanto para el imputado como para la víctima, pero como nos damos cuenta, la víctima sufre una doble victimización, lo que llamamos violencia institucional con un mal trato, donde la gente piensa que no se hace nada y prefiere no denunciar", explicó el académico.
El estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con respecto al avance por estado sobre la implementación del nuevo sistema, pone a Jalisco con un nivel "Medio- Alto", pues se cuenta con la infraestructura necesaria, no obstante, en cuanto a resultados, estos han sido primarios y no sobresalientes, "Los recursos recibidos por la entidad se encuentran por encima de la media nacional (en un 200 por ciento) y se tiene un avance en la implementación del NSJP a un nivel medio alto, pero con avances incipientes. En los últimos años ha aumentado tanto en la percepción de inseguridad como la tasa de homicidios. Los medios de la región denotan problemas en el sistema de justicia tanto en la capacitación de los operadores y rezago en la implementación", destaca el informe del IMCO, que explica además que la entidad se encuentra entre el 6 y 7.5 sobre de la calificación óptima que es de 10.
Por otra parte, estudios sobre la percepción ciudadana, como el realizado por el Observatorio Jalisco Cómo Vamos, dan evidencia del desprestigio de las autoridades, situación que es propicia para que se desarrolle actividad delictiva y a lo que el nuevo sistema no ha logrado imponerse, "si tenemos autoridades con una doble cara, un doble discurso, que entran entre comillas a gobernarnos, pero que literalmente entran a robar, tenemos 17 ex gobernadores con problemas legales, algunos de ellos con ordenes de aprehensión, otros que están siendo procesados, y esa impunidad la gente la ve, los delincuentes la ven y saben que tienen un por ciento de posibilidades de ser castigados pero también de que no les pase nada", señaló Jiménez Reynoso.
Una de las grandes faltas cometidas por el gobierno del sexenio encabezado por Emilio González Márquez y que ha repercutido hasta la actualidad, corresponde a la difusión y socialización de este nuevo sistema, pues una reforma que puso como plazo ocho años para entrar en vigor, debía tomarse más en serio, consideró el experto, "cada estado tendría que haber hecho su tarea en cuanto a difusión, información a la sociedad, que íbamos a tener un nuevo sistema y en qué consistían los cambios, la gente a estas alturas debía estar preparada, pero no se hizo, al menos no como en otros estados", pero además, la capacitación a policías, ministerios públicos y otros, ha sido deficiente y apresurada, "a final de cuentas todo lo que se hace a la carrera en este tipo de cosas, no va a funcionar adecuadamente, desde 2008 (en que se aprobó la reforma) se debió trabajar en informar a la sociedad de Jalisco y no se hizo".
La implementación del nuevo sistema de justicia ha venido acompañado de opacidad en el manejo de recursos, al menos en el tema de difusión, se destinaron millones de pesos que nunca se vieron reflejados en campañas de información, mientras que se omitió preparar a los miles de abogados en el estado y dejó esa tarea a despachos que ofrecían diplomados y certificaciones con "mala calidad", que hicieron de la implementación de un nuevo sistema, un negocio.
El sistema perfectible, pero la autoridad debe asumir errores
La reforma que propone el Ejecutivo estatal al nuevo sistema, tiene algunos puntos que pueden destacarse y que habría que considerarlos desde el punto de vista que el artículo 20 de la constitución puede ser perfectible, pero no puede ser una salida fácil de las autoridades para cubrir las fallas que han tenido, no solamente desde 2008 en que se aprobó la reforma, sino también en el año que ha transcurrido desde que entró en vigor el pasado 16 de junio de 2016.
El gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, el fiscal Eduardo Almaguer y otros actores políticos, han considerado que el nuevo sistema es "garantista" y fomenta la reincidencia delictiva, por lo que han urgido a la necesidad de una reforma.
La sociedad suele molestarse cuando se percatan de que un delincuente es detenido y a los pocos días lo ven en libertad, tenemos el caso del famosos Kevin, hay otro caso de una persona que ha sido detenida 40 veces, pero los casos no se pueden catalogar de manera jurídica como reincidencia, pues el termino aplica únicamente si el imputado recibe una sentencia y es declarado culpable y vuelve a cometer un delito, pero sí en el proceso, este queda en libertad, ya sea por fallas en la integración de la carpeta "entra y sale, y como no hay sentencia, no hay reincidencia y prevalece la impunidad", señaló Francisco Jiménez.
La propuesta de reforma del ejecutivo contempla precisamente un punto enfocado a este tema, "se pretende hablar ahora de la reiteración de la comisión de delitos y entonces ya no tenga privilegios este delincuente, esta persona catalogada como imputado"; otra de las modificaciones propuestas está relacionada con los delitos cometidos con armas, pues las imprecisiones legales permiten que una persona que comete un robo con arma blanca, pueda quedar en libertad, ya que la ley especifica el uso de arma de fuego como algo grave, de tal manera que a quienes reiteran en la comisión de delitos, y asaltan con arma blanca, podrían ameritar prisión preventiva si se aprobará la modificación a la ley.
No obstante, el académico señala que se debe responsabilizar a los primeros respondientes por las fallas que puede haber en el proceso, así como aquellos encargados de su capacitación, y que la autoridad no debe olvidar que en Jalisco enfrentamos un problema de hacinamiento en los penales, y sí se empieza a dar prisión a delincuentes que actualmente permanecen en libertad luego de cometer un delito, se debe resolver el problema de dónde meterían a esos criminales.
De los derechos de toda persona imputada:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa
II. A declarar o a guardar silencio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten.
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite.
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso
VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión.
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención.
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.
De los derechos de la víctima o del ofendido:
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia
IV. Que se le repare el daño.
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales.
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
SRN
