Colima y Jalisco aprovechan fracturas internas en Ayotitlán

Estados trabajan juntos bajo el discurso del perdón y del reconocimiento de los “errores” que llevaron a la cárcel a 34 campesinos, así como la amenaza a “quienes lo indujeron”.

Guadalajara

Los gobiernos de Jalisco y Colima encontraron aliados internos en Ayotitlán a su versión oficial sobre los hechos del pasado 22 de julio, en que fueron desalojados más de 500 ejidatarios que habían tomado la zona de explotación de mineral de Peña Colorada con la suspensión del amparo 462/2013 en la mano; ayer, un grupo de ejidatarios disidentes declararon su conformidad con el trato dado por la empresa minera al ejido, y aceptaron la culpa de los detenidos, pero que ésta habría sido “con base en engaños”de sus dirigentes.

La conferencia de prensa de la capital colimense se realizó en un edificio público y bajo el escudo de gobierno de ese estado; tanto el representante de Jalisco, Efraín Palacios, como el secretario de Gobierno colimense, Rafael Gutiérrez Villalobos, coincidieron en sus versiones de que se podría llegar a la liberación de 34 ejidatarios detenidos, si estos ya hubieran “reconocido su error”, pero de pasada, amenazaron con ir contra los que habrían inducido tal error.

Los presos están acusados de “secuestro consumado” –un delito tejido por la procuraduría colimense con base en pagos formales de la empresa como si fuera el pago de un rescate (ver MILENIO JALISCO, 27 de julio de 2015)-, de despojo, robo y lesiones.

La comunidad nahua de Jalisco se encuentra internamente dividida, y el principal asesor del comisariado –que encabeza al grupo mayoritario-, Pedro León Corrales, resulta incómodo para ambas entidades debido a su beligerancia jurídica que ha ocasionado freno a proyectos públicos como Chalacatepec, el Macrolibramiento de Guadalajara y la expansión de la minera transnacional.

Ese grupo mayoritario lo presiden Ernestino Ciprian Ocaranza, Roberto Cobián Gutiérrez y Dionisio Elías de los Santos, presidente, secretario y tesorero del comisariado, contra quienes Colima tiene órdenes de aprehensión. Su principal opositor, Gaudencio Mancilla Roblada,un día antes se había entrevistado con funcionarios de Jalisco “en busca de que liberen a mis compañeros”, según le dijo a la prensa tapatía.

Ayer lo acompañó Eusebio Jacobo Ciprián, quien deslindó a la minera y acusó a “algunos líderes que querían mil millones de pesos”, de mover a los campesinos detenidos; “reconocemos que cometieron algunos ilícitos, pero no sabían el alcance de los acontecimientos, tal vez fueron engañados”, indicó. Gaudencio Mancilla, tras reconocer que “se les pasó la mano” a sus compañeros, pidió su libertad. Hoy, el grupo del comisariado, sustentado por el Instituto de Derecho Ambiental al que pertenece León Corrales,  denunciará lo que consideran la “traición” de Gaudencio Mancilla, en una conferencia de prensa.