Trabajadores de minera amenazan a campesinos

Aumentan los incidentes entre Peña Colorada y moradores de Ayotitlán enclavados en las 1,200 hectáreas de la concesión minera suspendida por orden judicial.

Guadalajara

La empresa minera Peña Colorada mantiene su presión sobre los vecinos de la zona limítrofe entre Jalisco y Colima, y el pasado martes 31 de marzo mandó a sus abogados y empleados a reñir al campesino Félix Monroy, en su rancho de Los Potros, con el apoyo de patrullas del Ayuntamiento de Minatitlán, Colima, en busca de poder arrojar dos camiones con grava a una barranca del área.

Se salieron con la suya al menos en ese detalle, pero fue lo único que les permitió el ranchero, que debió resistir amenazas y descalificaciones de trabajadores de la extractora de hierro más grande del país, quienes le advirtieron que “eran engañados” por sus asesores que sostienen el juicio de amparo 462/2013, pese a que el juez IV de distrito en materia Administrativa de Guadalajara ya ha ordenado cumplir con la suspensión de plano concedida desde septiembre de 2014 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa. Esa suspensión evita que la empresa ejerza las concesiones mineras sobre 1,200 hectáreas; las concesiones de aguas nacionales y los permisos ambientales necesarios para disponer los desechos de material inerte producidos por la actividad minera, que se estaban arrojando sobre 400 ha rentadas al ejido (MILENIO JALISCO, 29 de septiembre de 2014 y 18 de febrero de 2015).

“Este martes tuvimos un enfrentamiento con las personas de la empresa, dijeron que nuestro amparo no servía, que Pedro León [Corrales, asesor del ejido] nos estaba engañando; primero llegaron una camioneta y una máquina, luego regresaron muy agresivos, con dos máquinas y con patrullas de Minatitlán, pero ellos sólo observaron, y acá se juntaba gente de la comunidad […] les dimos chance de descargar la grava, pero nada más, tememos que esto se ponga más peligroso”, dijo a este diario el denunciante, por vía telefónica.

El campesino pide la intervención del gobierno federal, dado el historial de desencuentros entre Jalisco y Colima, en busca de “bajarle” a las tensiones que de nuevo crecen, como ha sucedido periódicamente en casi 40 años de ocupación de la factoría, creada como Consorcio Minero Benito Juárez-Peña Colorada, por el gobierno federal.

Por su parte, la activista de BiosIguana de Colima, Esperanza Salazar Zenil, explicó: “la empresa sigue destruyendo las casas así como las comunidades que se encuentran en esta área, así mismo continúa intimidando a los indígenas. A Félix Monroy Rutilo lo quieren despojar de su terreno y lo están presionando diciendo que hay una orden de aprehensión en contra suya”.

Agregó: “nosotros estuvimos el 23 de marzo, haciendo un recorrido por allá porque vino canal 22 de Conaculta, y en el recorrido intentaron taparnos el paso, eran unos seis de la empresa y dos patrullas, una de ellas estatal y otra municipal, la estatal no llevaba número de patrulla ni placa”, lo que revela a su juicio el clima de hostigamiento general.