Bajo lupa el contrato del gobierno-Unops

Juez IV de distrito desahoga juicio contra “omisiones” de Contraloría y Sepaf en investigar acuerdo de “tercería” para resolver conflicto del río Verde.
El megaproyecto de El Zapotillo se encuentra detenido físicamente desde el 3 de julio del 2014.
El megaproyecto de El Zapotillo se encuentra detenido físicamente desde el 3 de julio del 2014. (Especial)

Guadalajara

Los organismos de la sociedad civil que cuestionan la presencia “poco transparente” de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), por medio de un contrato de 4 millones 600 mil dólares (cerca de 85 millones de pesos al tipo de cambio de ayer) con el gobierno de Jalisco, para generar “productos” que contribuyan a la resolución del conflicto por el agua en el río Verde, decidieron judicializar sus impugnaciones.

Ante el archivamiento de la denuncia de hechos promovida ante la Contraloría del estado en marzo pasado por la Fundación Cuenca Lerma Chapala, El Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable, la Asociación de Silvicultores de Los Altos y el Parlamento de Colonias; en que demandaban violaciones a las leyes de adquisiciones por el contrato “sui generis” entre el gobierno y esa entidad de Naciones Unidas, interpusieron demanda de garantías que derivó en el juicio de amparo 1908/2016 en el Juzgado Cuarto de Distrito en materias Administrativa y del Trabajo, el 22 de julio pasado. El abogado de los quejosos, Alejandro López Aguayo, puso en relieve que el proceso administrativo en la Contraloría y en la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf) ha violado las garantías individuales de los quejosos, que nunca fueron llamados para ser oídos y eventualmente vencidos, como lo mandan los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución política del país; por ello, demandan la inconstitucionalidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado.

Es “el acuerdo de fecha 12 de Mayo del 2016, emitido por el Órgano de Control Disciplinario, de la Sepaf, por el que ordena cerrar el Procedimiento de Investigación Administrativa de Responsabilidad Número 024/2016 y archivar el expediente como asunto concluido, sin responsabilidad para ningún servidor público adscrito a dicha secretaría, mismo que fue transcrito dentro del acuerdo de 6 de Junio del 2016 emitido dentro del expediente 071-DGJ/Q/2016-B, de la Dirección de Área de Quejas y Denuncias, de la Contraloría del Estado de Jalisco, y que nos fue notificado en forma personal el día 28 de Junio del 2016, por conducto de nuestro Representante Común, Don Benito Manuel Villagómez Rodríguez”, dice el texto de la demanda, a que tuvo acceso MILENIO JALISCO.

- ¿Por qué recurrir a un amparo, en qué abona a la lucha que llevan con la Unops?

- El amparo obedece fundamentalmente al hecho de que las autoridades correspondientes, ni la Contraloría, que se declara incompetente, ni la Sepaf, que asegura que no hay responsabilidad en nuestro reclamo de que se violaba la Ley de Adquisiciones, hacen justicia […] nos queda acudir ante la instancia federal, para declarar que son anticonstitucionales dos artículos de la Ley de Responsabilidades porque no permiten que nuestras pruebas sean valoradas; queremos seguir advirtiendo que consideramos que respecto a la austeridad no se respetó esa ley, y además, las normas sobre tratados internacionales.

- ¿Cómo justificó la Sepaf no investigar el contrato a Unops?

- En su lógica, asegura que no hay responsabilidad para servidores públicos y que la contratación con Unops está apegada a que no es una entidad que persiga fines de lucro, que no es para ganar, y sí sorprende porque en esa lógica es un atropello al derecho internacional y a la legislación local; algo elemental es el respeto al Estado de derecho, y advertimos que no es por el trato preferencial que se le está dando por parte de las autoridades del estado […] en esa lógica, traigamos a los cascos azules de la ONU y paguémosles para que resuelvan la inseguridad pública, es ilógico y muy costoso.

Más allá de que el monto de asignación directa para contratar a la Unops está rebasado más del doble tantos según el máximo que marca la Ley de Adquisiciones, el abogado insiste que los “productos” que va a entregar o bien, ya existen, o hay instancias dentro del gobierno que los pueden hacer sin costo.

Cuestionamientos

No hubo concurso ni licitación pese a que el monto máximo de asignación directa es de 35 mdp según la Ley de Adquisiciones

Los productos que realiza o ya existen, o son materia de dependencias de gobierno existentes

No existe algo como la “tercería” de Unops porque lo que determine, según el contrato, no será vinculante

En ese sentido ocupa el espacio público que le corresponde al Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua de Jalisco, creado con el fin de resolver los conflictos del agua