CNDH pide se declare inconstitucional ley de tortura

Esto podría dejar la puerta abierta a corporaciones de seguridad para torturar como investigación o sanción.
La acción de inconstitucionalidad ya fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
La acción de inconstitucionalidad ya fue admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Milenio Digital)

Guadalajara

Los diputados locales tardaron varios meses en ponerse de acuerdo para elaborar la ley contra la tortura. Cuando al fin lo lograron y esta fue aprobada, publicada y entró en vigor, podría ser declarada inconstitucional. Esto, porque los diputados dejaron una excepción, que podría permitir que las corporaciones de seguridad acudieran a esta figura para investigar o sancionar.

La acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley, aprobada el 26 de marzo y publicada en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 25 de abril pasado, fue interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y admitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El argumento es que viola lo establecido en la Constitución Política mexicana, así como los tratados internacionales suscritos por nuestro país en esta materia.

La CNDH se refiere a lo establecido en el artículo 2 de la Ley para Prevenir, Sancionar, Erradicar y Reparar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles e Inhumanos o Degradantes del Estado de Jalisco, así como los cambios que en esta reforma se hicieron al Código Penal local.

Dicho artículo de la ley define lo que es la tortura, pero también marca una excepción: “No se considera tortura los sufrimientos físicos o mentales que sean consecuencia de sanciones penales, medidas incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad, siempre que exista proporcionalidad en el uso de la fuerza”, y no contravengan lo establecido en la Constitución o en la legislación mexicana.

La misma excepción se marca en el Código Penal, reformado el mismo 26 de marzo y publicado como parte de ese dictamen por el gobernador Jorge Aristóteles  Sandoval Díaz.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “los artículos señalados resultan violatorios de la prohibición de la tortura, de los tratos crueles e inhumanos, así como el derecho a la integridad y seguridad personales y del derecho a la reinserción social”.

En la acción que promovió ante la Corte, el organismo agrega que con ese texto, se puede entender “que podrán emplearse actos que atenten contra la dignidad personal como consecuencia de una sanción penal, por tanto resultan violatorios del marco jurídico de la protección de la persona”.

La acción de inconstitucionalidad ya fue admitida por la SCJN, que notificó a los poderes Ejecutivo y Legislativo de Jalisco, para que rindan un informe sobre este tema.

La ley contra la tortura fusionó las propuestas que habían presentado, por un lado, los diputados de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich y del Partido Acción Nacional (PAN), Hernán Cortés Berumen, con la que entregó el legislador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jaime Prieto Pérez.

Según lo señalado por los legisladores durante el proceso de aprobación, la definición que se estableció en la ley se basaba en los tratados internacionales que ha firmado México, además de incluir en los lineamientos de investigación los términos del Protocolo de Estambul. En lo que no se alcanzó consenso, fue para crear una instancia distinta a la Fiscalía, para que investigue los casos de tortura y esta dependencia no sea juez y parte.

Claves

 

Lo que dice la ley contra la tortura y el Código Penal

“No se considera tortura los sufrimientos físicos o mentales que sean consecuencia de sanciones penales, medidas incidentales a éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad, siempre que exista proporcionalidad en el uso de la fuerza”

Lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos

“Los artículos señalados resultan violatorios de la prohibición de la tortura, de los tratos crueles e inhumanos, así como el derecho a la integridad y seguridad personales y del derecho a la reinserción social”

Con la excepción que marca la ley, “podrán emplearse actos que atenten contra la dignidad personal como consecuencia de una sanción penal, por tanto resultan violatorios del marco jurídico de la protección de la persona”