Iniciativa de ley de aguas “colapsará” regiones enteras

Consultor nacional alerta sobre las consecuencias de transformar el agua en negocio privado al margen del ciclo del agua y de las necesidades humanas y naturales.

Guadalajara

El proyecto de “Iniciativa de Ley General de Aguas” que ha preparado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) “no generará las condiciones para la efectiva realización del derecho humano al acceso al agua y su saneamiento”; por el contario, “al implementarse como ley propiciará el acaparamiento y profundizará la inequidad existente entre los distintos usuarios del agua sin siquiera considerar el cuidado y la preservación de las condiciones de sustentabilidad”, advierte el consultor en materia de gestión integral del agua y miembro de la Asociación Nacional de Ingeniería Urbana (ANIU), Miguel Ángel Montoya.

En un análisis entregado a MILENIO JALISCO, el experto destaca que el proyecto, que se discutirá en las siguientes semanas en el Congreso de la Unión, “el Ejecutivo Federal propone transitar del actual modelo de sobrexplotación-contaminación a un modelo de expoliación del recurso, donde lo que importa es extraer agua a como dé lugar sin importar los costos económicos, sociales y ambientales, particularmente a través de megaproyectos para la construcción de infraestructura como lo es la  realización de trasvases”, lo cual hace parecer que la nueva legislación está dedicada de forma especial para los intereses de ciertas empresas constructoras, de las que cita a grupo HIGA, famoso por el escándalo de la “Casa Blanca” y que pretende construir el enorme acueducto río Pánuco-Monterrey, de más de 400 kilómetros.

“La reforma al artículo cuarto constitucional que mandata la expedición de una ley de carácter general para la gestión de las aguas del país no solo plasmó el derecho humano  al acceso al agua y su saneamiento sino que también estableció los principios y condiciones para la realización de este derecho, esto es, el  uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos […] sin embargo, la propuesta del gobierno federal es justo lo contrario al texto constitucional. El caso de los trasvases no es un aspecto particular o aislado en la propuesta del gobierno federal, representa la esencia de su ‘nuevo’ modelo de gestión del agua donde los agentes privados podrán acaparar y administrar las aguas del país alterando además el ciclo hidrológico mismo que permite la generación natural de agua a través de las cuencas”, afirma el experto.

El trasvase del Pánuco es uno de los más grandes de la historia del país, pero otras regiones, como Los Altos de Jalisco, también afrontan ese tipo de proyectos: el trasvase río Verde-León, que amenaza la primera zona productora de alimentos de origen animal del país.

Se pregunta Montoya: “¿Qué hay de malo con los trasvases?”. Respuesta: “Son ecológica y financieramente insustentables”; por ejemplo, tienen enormes costos energéticos que se ilustran en los tres mil millones de pesos anuales que cuesta operar el sistema Cutzamala que abastece a la Ciudad de México; pero “el mayor de los costos es el ecológico, en primer lugar porque para generar tales cantidades de energía se requiere -paradójicamente- de enormes volúmenes de agua…”

En segundo lugar “porque los volúmenes de agua transferidos de una cuenca hacia otra no son excedentes -como comúnmente se nos hace creer- sino que son imprescindibles para reponer y reproducir el ciclo hidrológico y mantener la masa forestal que posibilita que parte de esa agua se infiltre al subsuelo. Lo más grave en el caso mexicano es que los trasvases ocurren trasladando volúmenes de agua que ni siquiera pueden ser considerados como excedentes como es el caso del Acueducto Independencia en Sonora. En pocas palabras, la disponibilidad artificial de agua con la que se beneficia a determinada cuenca en el corto plazo por medio de un trasvase opera a costa y  en detrimento de la disponibilidad futura de la cuenca donde se extrae”.

Esta es la pesadilla que parece asomar en la meseta alteña, donde la precariedad del acceso al recurso es normal históricamente, y se ha agravado en 20 años recientes.

Pero la propuesta del Ejecutivo, “lejos de acotar o restringir los trasvases, los fomenta y promueve al considerarlos de utilidad pública [artículo 8, IV] lo que además significa que este tipo de infraestructura se podrá imponer sobre la base de actos de expropiación. A pesar de ser un asunto que puede comprometer la seguridad hídrica de los habitantes o la soberanía del país, los trasvases quedarán a cargo en primer lugar de los agentes privados [Art. 111-I]”; los requisitos para autorizarlos “no quedan establecidos en la ley sino a criterio del Ejecutivo” [Art. 114].