Favorecen con 400 mdp a empresario acusado de secuestro

La presidenta de la Junta 2 declaró la validez de un convenio laboral a favor del empresario Agustín Villarreal Elizondo que reclama esta cantidad de dinero a la empresa Ladrillera Mecanizada.

Monterrey

Pese a tener acusaciones por secuestro y una orden de aprehensión, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró la validez de un convenio laboral a favor del empresario Agustín Villarreal Elizondo que reclama la cantidad de 400 millones de pesos a la empresa Ladrillera Mecanizada.

Aún y con la inconformidad de dos representantes obrero y patronal de la Junta por el presunto convenio fraudulento, Adriana Gaytán Palomo, presidenta de la Junta 2, falló contra 500 trabajadores de la compañía.

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​​En entrevista con MILENIO Monterrey, Agustín Villarreal Budnik, director general de Ladrillera Mecanizada, expresó que fue informado por sus abogados que este martes se notificó el laudo dictado por Gaytán Palomo.

"La presidenta de la Junta 2 declara la validez del convenio laboral a favor del señor Agustín Villarreal Elizondo en donde reclama la cantidad de 400 millones de pesos a la empresa y que fue celebrado y ratificado ante esa Junta de Conciliación y Arbitraje en un día domingo 7 de noviembre del año 2010", mencionó.

Documentos en poder de MILENIO establecen la presunta ilegalidad de ese laudo porque de esa resolución se destaca que dos de tres integrantes de la Junta se inconformaron con el sentido del fallo.

Sin embargo, dijo que de manera contraria a derecho, la presidenta de esa junta aprobó el laudo, beneficiando a Agustín Villarreal Elizondo, por lo que se inconformaron Napoleón Antonio Huesca Leal del Toro, representante Patronal de la Junta 2, y Valdemar Martínez Guajardo, representante Obrero.

"Éste es un problema en donde se involucra a 500 familias de trabajadores, considero importante que no tengo que recordarle al gobernador que son 500 familias quienes dependen de esta fuente de trabajo y a quienes la Secretaría General de Gobierno está perjudicando, ya que no le han informado al gobernador la trascendencia del asunto.

"Y que es el móvil de mi secuestro, ya que lo que los secuestradores estaban pidiendo es la cantidad que se reclama en el convenio laboral y por todos lados mi padre los intenta cobrar", indicó Villarreal Budnik.

Desde el 2001 el empresario ha estado involucrado en un entramado legal familiar que incluye demandas laborales y presuntas acusaciones por amenazas, fraude, daño moral y físico e incluso secuestro por parte de su padre y hermano.

Esta tragedia familiar empezó hace 16 años con un juicio de divorcio de los padres y la disputa por las propiedades de la compañía Inmobiliaria Torrevillas, ubicada en San Pedro, filial de Ladrillera Mecanizada y Laminados de Barro, dirigidas hasta el 2010 por Villarreal Elizondo, pero que tuvo presunta injerencia con argucias legales, que generó la solicitud de remates de estos terrenos.