Se irá con 12 años de existencia

Fue el 2 de diciembre de 2005, cuando se publicó en el Periódico Oficial el decreto número 281 en el que se establece la ley que crea al ICV.

Monterrey

Desde 1986, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General, operaba, regulaba y administraba de manera centralizada la función y el servicio de control vehicular.

Sin embargo, a partir del 2005, esas funciones fueron trasferidas al Instituto de Control Vehicular, que dirigía Jorge Domene Zambrano, durante el gobierno que encabezó José Natividad González Parás.

Fue el 2 de diciembre de 2005, cuando se publicó en el Periódico Oficial el decreto número 281 en el que se establece la ley que crea al instituto, como Instituto Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como con autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de su objeto y atribuciones.

A través de las labores del instituto se controla el padrón de vehículos, los conductores activos y un número variable de gravámenes; como producto de la prestación de sus servicios reporta al erario estatal una recaudación.

Siete años después, hasta julio de 2012, el instituto que en ese entonces era encabezado por Pedro Morales Somohano, detectó el robo de cientos de miles de juegos de láminas e inculpó al ex coordinador del ICV, Adrián Santiago González López, quien se encuentra prófugo, y a su hermano Homero, que está preso en el penal del Topo Chico.

Tras el escándalo destapado, la Contraloría y Transparencia Gubernamental estableció inicialmente el faltante de 175 mil juegos de láminas, pero tras exonerar a Morales Somohano, que fue cesado, pero no investigado, el Estado admitió que la sustracción alcanzó los 313 mil juegos de láminas y de éstas 230 mil fueron destruidas.

Apenas hasta el viernes pasado, el ICV estaba dirigido por Fernando Marty Ordóñez, quien renunció porque señaló que su trabajo y misión ya habían concluido.

Tras el anuncio de su salida del ex funcionario, el Gobierno del Estado anunció la desaparición del instituto para el próximo año, pues ya no tenía razón de ser, pues se anula el cobro de la tenencia para el 2018.