La historia se repite: antecesor malversó fondos

Cometió desvío por 36 mil 169 millones de viejos pesos que pertenecían a los profesores. Sin restituir el daño económico, logró salir de la prisión 2 años después.

Monterrey

La detención de Guadalupe Castillo, líder de la Sección 50 del SNTE, recuerda la caída, desafuero y encarcelamiento de Juan Pablo Reyes Fernández, en 1992.

El ex dirigente sindical de la misma sección, quien fungió en el cargo de 1989 a 1992, tuvo la misma suerte que su sucesor por desvíos confirmados por 36 mil 169 millones 934 mil (viejos) pesos que le pertenecían a los maestros.

Acusado por este presunto delito, el 21 de abril de 1992, Reyes Fernández perdió el fuero constitucional por parte del Congreso del Estado, ya que era diputado del PRI. La mayoría aprobó otorgarle la licencia para separarse como legislador.

La Agencia del Ministerio Público inició la averiguación contra el ex líder al solicitar los informes al Isssteleón, a fin de revisar y confirmar el dinero malversado de la Sección 50.

Un mes después, el 15 de mayo, el ex dirigente sindical y diputado del PRI con licencia fue detenido por elementos de la entonces Policía Judicial del Estado, e internado en el penal de Topo Chico, acusado de desvío de fondos públicos, peculado y administración fraudulenta.

En ese entonces, los efectivos de la Policía detuvieron al ex líder saliendo de su casa, situada en el número 4544 de la avenida Alfonso Reyes, en la colonia Contry.

También fue acusado por los mismos delitos Tobías Alejo Treviño Treviño, integrante del Comité de Finanzas del gremio.

Ambos también fueron acusados de obtener en forma ilícita 85 millones de (viejos) pesos por la presunta regularización de autos ilegales o chocolate de integrantes del gremio.

Posteriormente, el 18 mayo de 1992, el juez sexto de lo penal dictó auto de formal prisión a Reyes Fernández por los cargos de desvíos y malversación fraudulenta.

Sin restituir el daño económico, salió en libertad dos años después, en mayo de 1994.

Según registros periodísticos, los profesores disidentes sostuvieron que parte de la malversación de fondos del magisterio fue utilizado para la campaña de Sócrates Rizzo García, entonces candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León.