Tres funcionarios son sancionados por incumplir disposiciones de transparencia

El ITEI multó a la presidenta municipal y el tesorero de Cuquío, el titular de un OPD de Ameca y amonestó a otros tres.

Guadalajara

Por incumplir con diversas disposiciones de transparencia, el pleno del Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI) impuso esta tarde sanciones a tres servidores públicos de los municipios de Cuquío y Ameca amonestó a otros dos.

La presidenta municipal de Cuquío, María Victoria Mercado Sánchez, recibió una sanción de 50 salarios mínimos, $3,238 pesos, por no publicar ni actualizar la información fundamental del municipio en su página de Internet. 

En tanto, al encargado de la hacienda municipal de Cuquío, Juan Carlos de Alba Mercado, se le impuso sanción de 20 salarios mínimos, $1,295 pesos, por incumplir la resolución del Consejo del día 26 de junio, y no entregar la información financiera y patrimonial del municipio.

Por su parte, el director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ameca, José Agustín Jiménez Guerrero, fue merecedor de una sanción de 20 salarios mínimos, por no dar cumplimiento a la resolución del 5 de junio, en la que se le solicitó entregar la información solicitada por un ciudadano como reglamentos, presupuesto de egresos y estados financieros.

Además, se impuso amonestación pública a Ángel Barbosa Madriz, ex presidente municipal de Tamazula de Gordiano, Carlos Alejandro Álvarez Chávez, extitular de la Unidad de Transparencia, y a Leticia Rojas Rodríguez, ex Contralora Municipal, quienes fueron integrantes del Comité de Clasificación de Información, por no emitir en forma extemporánea de los lineamientos de clasificación.

La presidenta del Consejo del Instituto de Transparencia, Cynthia Cantero Pacheco, explicó que el ITEI tendrá que buscar a estar personas físicamente para notificarles de la sanción por tratarse de ex servidores públicos.

Cynthia Cantero recordó que todas las multas son impuestas a la persona, por lo que los funcionarios sancionados tendrán que pagar con sus propios recursos económicos y no disponer del erario público para cubrirlas.