Si fiscalía ambiental falla, fraccionadores echarán a Uribe

Investigadora de la UNAM elogia el atrevimiento del alcalde de Tlajomulco, pero señala la urgencia de que la sociedad lo respalde, ante el poder de inmobiliarias.
La iniciativa de Alberto Uribe es buena, pero tendrá que generar consensos para realizarla, señalan.
La iniciativa de Alberto Uribe es buena, pero tendrá que generar consensos para realizarla, señalan. (Cortesía )

Guadalajara

La fiscalía ambiental de Tlajomulco, así como el resto de las nuevas instituciones que están planteadas para que la caótica urbanización del municipio metropolitano regrese a los cauces del interés público, demanda aliados poderosos, ante el enorme peso político y económico de quienes son, de facto, los principales interesados en su fracaso: los gigantes inmobiliarios que han regido la expansión urbana en los últimos 20 años.

“Yo creo que esta iniciativa del municipio, de emprender estrategias y de hacer políticas urbanas que tengan un sentido ambiental y también políticas ambientales que tengan que ver con las zonas agrícolas en general y naturales, en sentido de defensa del patrimonio natural, es una muy buena iniciativa, pero es insuficiente si este alcalde [Alberto Uribe] no tiene alianzas con los actores locales que puedan ser beneficiados con una mejor calidad de vida: agricultores, pescadores, colonos; porque se está enfrentando a intereses políticos y económicos fuertes, que no solo tiene que ver con el municipio sino con el área metropolitana, lo que implica no solo presiones de los grandes inversionistas inmobiliarios, o especuladores del suelo, sino también de intereses políticos; digamos que estos grandes grupos son los que influyen de alguna u otra manera para que estos alcaldes o gestores estén en el poder […] hay el peligro de que el alcalde se quede solo…”.

Quien lanza esta rotunda opinión no tiene que ver directamente con Jalisco, pero ha acudido a invitación del propio edil para la discusión de cómo diseñar instituciones eficientes que lleven más allá de la teoría jurídica la responsabilidad gubernamental de hacer prevalecer lo público sobre lo privado; es la doctora Patricia Ávila García, del campus Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y que sea ajena no la hace desconocedora: en realidad es un conglomerado de fuerzas económicas que han marcado la ruta de todas las ciudades mexicanas desde los años 90 del siglo XX.

“Yo creo que la manera en que se va a proteger es con alianzas fuertes con los actores locales, y también con lograr consensos con estos grupos inmobiliarios, frenar sus voracidad; todos pueden salir ganando con este tipo de organización, para lo que es el desarrollo territorial, así que es importante que tenga un tejido político fuerte, con una base social”, destaca, en entrevista con MILENIO JALISCO.

¿Cuál es la prueba a pasar? “que sus políticas urbanas y ambientales sean consistentes con su discurso, porque lo que aquí veo es la herencia de una gestión municipal asquerosamente corrupta, no ésta Administración, pero sí las anteriores, que permitieron desarrollos inmobiliarios en zonas naturales, o en zonas rurales alejadas de la mancha urbana; el reto es ir del discurso a la praxis, si el alcalde va a hacer lo que promete; sin duda el proyecto de fiscalía ambiental es innovador, a los que somos expertos nos latió y por eso venimos para acá; me parece importante desde el ejercicio de un gobierno local, para vigilar que la ley se aplique y que nos rindan cuentas a los ciudadanos”.

La realidad es compleja. “Lo que vemos en el país es que los conflictos son, no solo porque los actores locales o privados estén violando [las normas], sino que la autoridad federal, estatal o municipal son los principales violadores de políticas urbanas y ambientales; ahí está el meollo de la corrupción, lo que hace que los ciudadanos se sientan indefensos, afectados en un derecho básico como es el derecho al medio ambiente, y a la calidad de vida”.

- La temática ambiental está casi completamente controlada por el gobierno federal, pero el uso del territorio urbano sí es municipal, ¿ese es el eje?

- Pues sí es un tema municipal, pero el ejemplo que nos están dando aquí con el Macrolibramiento en Guadalajara, es que hay una política federal que autorizó, el cambio de uso de suelo, y es como un proyecto de la AMG para ir ampliando su mancha urbana hacia municipios más deshabitados, cercanos, con poca solvencia económica pero que ofrecen el suelo regalado […] es un proyecto de especulación urbana, porque tener suelo barato y vialidad genera valor, y los municipios que traten de blindarse, como éste, se van a ver muy presionados con macroproyectos que traspasan la frontera municipal.

- Ese proyecto es un gran riesgo para la laguna de Cajititlán, mencionaba usted.

- Sí, y lo que ya está urbanizado es gravísimo, porque todas esas aguas se van a la laguna, y la ilusión de que existan plantas de tratamiento no es garantía de que haya un buen saneamiento, así que esta zona debe estar contenida para el desarrollo urbano, porque si no, será la muerte de la laguna.

La experta señala que el caos de la actualidad “es resultado de una política que empezó desde la reforma del artículo 27 constitucional, pero se aplicó con Fox y se incrementó con Calderón, de generar recursos a través del Infonavit para estos grandes sectores […] el estado transfiere funciones que Infonavit tenía para construir vivienda: brindar financiamientos a los trabajadores, pero los que maquilan e industrializan la viviendas son el sector privado, las viviendas nunca se venderían sino hubiera esta alianza, con créditos de Infonavit y Fovisste, para que se realice la venta y se haga el negocio para esta industria, aunque está construyendo viviendas de mala calidad en zona de alta vulnerabilidad, en zonas de costo de suelo baratísimo, que despojan de una u otra manera a los campesinos, y que timan al comprador, que compra una vivienda que no le va a durar como patrimonio, ya que cuando termine de pagarla ya se deterioró”.

- ¿Ha tenido alguna utilidad que el gobierno federal, a través de la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) haya determinado polígonos de contención para evitar los excesos?

- …no se está haciendo; al contrario, la Sedatu remata los ejidos y uno oye los grandes discursos de estos funcionarios, que lo único que hace es dar la flexibilidad estimulando la urbanización en zonas frágiles, en vez de proteger los ejidos para que sigan siendo zonas productivas en las zonas conurbadas […] claro que en los ayuntamientos hay un nivel de corrupción altísimo, que ofrecen autorizaciones en zonas donde no son factibles. 

- ¿Con este sombrío panorama, puede tener éxito esta fiscalía ambiental?

- Yo la veo con límites; no deben comerse todo el pastel sino ir en acciones de transición, porque si se enfrenta con todos los especuladores inmobiliarios seguramente no terminará su gestión; entonces que sea con acciones en un nivel que le permitan avanzar, creo en una acción como esta de restaurar la cuenca de Cajititlán, meter una acción muy clara en vez de meterse con todos los intereses inmobiliarios: con éxitos parciales se puede meter a más, porque si quiere abarcar todo, o no termina su gestión o termina subordinándose a este capital.

No obstante –remata-, “es importante el precedente de que se está apoyando a la ciudadanía, que esto lo pone a examen; no puede ser tradicional y autoritario, creo que hay una buena intención, y todo eso tiene que armonizarse con las acciones a nivel municipal. Los hechos lo avalarán”.

Un proyecto de consolidación

La conformación de la nueva fiscalía ambiental de Tlajomulco va a demorar el tiempo necesario, porque no se quiere dar vida a un ente que no derive en soluciones a los problemas reales del municipio, advierte el director de Cajititlán Sustentable, Miguel León Corrales.

Señala que se trata no sólo de ejercer las atribuciones del municipio en la materia ambiental, sobre todo en el tema del desarrollo urbano, sino que también se ejerzan las concurrencias con los otros niveles de gobierno, y se gestionen esquemas de participación social y de protección ambiental que permitan “blindar” el ejercicio de gobierno en el tema. Por ejemplo, Cajititlán cubre las condiciones para ser elevado a la categoría de Sitio Ramsar, y eso compromete aún mejor las posibilidades de restaurarlo completamente.

“La idea es que se establezca una mesa en el trabajo del ayuntamiento donde el tema ambiental sea el eje de gobierno, de manera que no sea solamente un trabajo de algunas dependencias, sino que todas deban responder  para alcanzar el desarrollo sostenible”, puntualiza.

Consejo ciudadano promueve nuevos planes

El consejo Ciudadano Metropolitano tiene en este momento la tarea de promover el conocimiento, la crítica y la eventual aprobación de los nuevos documentos emitidos por el Instituto Metropolitano de Planeación para hacer realidad la coordinación en la metrópolis, señaló el presidente del organismo, Juan Marco Sánchez.

“Estamos en este momento en una etapa muy importante para el futuro de la ciudad; se va a buscar la forma más participativa de recabar opiniones y posturas de los ciudadanos en sus diversas escalas de organización para que todos opinen sobre este plan de ordenamiento territorial, que nos acaban de entregar, y de ahí partir con el Programa de Desarrollo Metropolitano, que son los dos documentos que se entregaron el 26 de febrero en la Junta de Coordinación en Casa Jalisco; es tarea de este consejo incidir con los ciudadanos, y recabar todas su necesidades y experiencias, para construir esta gran ciudad”, señaló.

Dijo que “se trata de evitar que prevalezcan intereses particulares sobre los intereses generales; el plan de ordenamiento es un primer documento que se va a discutir en todas las instancias de gobierno, entre ellos mismos, pero también entre los ciudadanos, porque se busca que sea un documento incluyente que garantice que el ciudadano se sienta más seguro, viva con mayor tranquilidad y seguridad”. El documento se puede descargar en http://imeplan.mx/wp-content/uploads/2016/03/POTmet_Vjunta.pdf.

Crecimiento en Tlajomulco

68,250 hectáreas es la superficie del municipio de Tlajomulco, de las cuales, 11,711 ha están urbanizadas

404,197 habitantes fue la población total del municipio en el censo de 2010. No obstante, en 2005 albergaba 220,630 habitantes, y en 2000, apenas rebasaba 100 mil habitantes

10.7% es la tasa de crecimiento poblacional anual registrada en el proceso. De albergar 2% de la población de la conurbación, ahora tiene 10%

80% de ese crecimiento se dio en zonas inapropiadas para uso urbano, lo que alteró ecosistemas y dejó en alta precariedad a sus nuevos moradores

3 problemas ambientales principales de Tlajomulco: la peor atmósfera respirable de la ciudad, los mantos subterráneos de agua más contaminados (contaminación natural) y la peor movilidad metropolitana