El perfil de la ciudad está cambiando, cada vez se construyen más desarrollos verticales y el crecimiento de la metrópoli es acelerado.
El marco legal federal aprobó la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, que busca fomentar las construcciones altas y con mayores densidades, misma que actualmente se revisa en el Congreso local y se estaría aprobando antes del 28 de noviembre de 2018.
Sin embargo, es necesario cuestionar si esta serie de cambios y modificaciones legales van de la mano con la realidad de la zona metropolitana de Monterrey y si las corporaciones de auxilio estarían capacitadas para responder ante algún derrumbe, incendio u otra contingencia.
Y es que un conteo realizado por MILENIO Monterrey encontró que Protección Civil del Estado y de los municipios metropolitanos, en su mayoría, están rebasados por el nivel de población, es decir que mientras el número de rescatistas y voluntarios ronda los 440 elementos, el total de habitantes de 5 millones 119 mil 504 personas, según la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Adicionalmente, Bomberos de Nuevo León cuenta solo con 60 unidades, entre motos, camiones y camionetas, distribuidas en cinco municipios y las escaleras de los camiones llegan hasta el piso 10, mientras que muchos edificios de la metrópoli rebasan por mucho este número de niveles.
Pese al contraste en las cifras, Miguel Perales, subdirector operativo de Protección Civil del Estado, aseguró que la capacidad de respuesta es suficiente por la coordinación que existe, ya que, en cuestión de horas se puede integrar una unidad de emergencia de 150 elementos de los municipios y la dependencia estatal.
Sin embargo, la falta de personal también rebasa otro tipo de responsabilidades que tiene Protección Civil, por ejemplo: la revisión del cumplimiento del Plan de Contingencias que todos los inmuebles deben de tener para hacer frente a riesgos, emergencias o desastres naturales.
En dicho documento se establece que cada año los establecimientos deben de realizar mínimo dos simulacros, también deben calcular el tiempo mínimo para evacuar a las personas y ubicar correctamente los señalamiento y las salidas.
Por su parte, el subdirector operativo de Protección Civil del Estado mencionó que es responsabilidad del administrador o del dueño del edificio cumplir con los planes de contingencia y simulacros, pero también los ciudadanos deben denunciar anomalías en caso de detectarlas.
“Cada inmueble está obligado a hacerlo (los simulacros), pero nosotros que vivimos ahí, que comemos ahí, que visitamos el lugar o que trabajamos en el lugar, pues también somos corresponsables de señalar el que ahí no se esté llevando a cabo algo que debe de hacerse”, mencionó Miguel Perales.
La Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León es clara y dice en el artículo 28 que la dependencia estatal deberá ordenar la práctica de inspecciones y dictar sanciones en caso que los establecimientos no cumplan con las normas.
Por otra parte, el artículo 27 indica que los establecimientos deberán instalar sus propias unidades internas de respuesta, y el artículo 48 menciona que los propietarios de los establecimientos deberán capacitar a sus empleados y dotarlos del equipo necesario de respuesta.
Las sanciones para quienes incumplan con los dispuesto en la ley van desde una amonestación, clausura, multas equivalentes al monto de 20 a 2 mil días de salario mínimo, o el arresto administrativo hasta por 36 horas.
Por su parte, Eugenio González Navarro, director general de Altea, expresó que no hay recurrencia en las inspecciones a los establecimientos debido a la falta de personal.
“El Gobierno no se da abasto, para que cada lugar que tiene (Plan de Contingencias) sea seguro que lo están aplicando. Y como van cambiando los empleados o las personas responsables de los inmuebles, pues hay que estar en constante actualización del tema”, mencionó.
Además, dijo González Navarro, la falta de regulación puede propiciar otro tipo de prácticas corruptas, en las que, intencionalmente, algunos establecimientos sean más revisados que otros.
“Vas a lugares en el centro que a lo mejor están pagando una mordida y no tienen ni una puerta de emergencia y funcionan sin ningún problema, y a veces, lugares más establecidos, porque son de la competencia o algo, pues se les verifica más. Entonces yo creo que no hay un orden adecuado en el tema”, dijo.
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