12 ejidos de Zapopan se unen al reclamo vs OPD

Se deben tomar ejemplos de Sudamérica para hacer una “co-gestión de avanzada”, asegura Martín de la Rosa Campos. 
Les preocupa que la ley que aprobaron da a entender que los bienes de los propietarios lo son del OPD
Les preocupa que la ley que aprobaron da a entender que los bienes de los propietarios lo son del OPD (Nacho Reyes)

Guadalajara

Si los ejidos quisieran urbanizar, “atacaríamos el decreto de 1980”, como lo hizo Santa Ana Tepetitlán, con éxito, hace una década; “pero lo que queremos es que sea de verdad de avanzada la gestión del bosque La Primavera, en coadministración, como se hace en países como Bolivia, de forma exitosa, porque así la conservación se garantiza”, sostiene el asesor de los 12 ejidos ubicados en el área zapopana del bosque, Martín de la Rosa Campos.


Con los núcleos agrarios de Santa Ana Tepetitlán, El Colli, Jocotán, López Mateos, San Juan de Ocotán, Lázaro Cárdenas, La Venta del Astillero, La Primavera, Emiliano Zapata, Santa Cruz del Astillero y Huautla, el también ex subdirector regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) ha alcanzado el consenso, para reclamar más espacios en el organismo público descentralizado, cuya vida como entidad administradora de la zona protegida acaba de comenzar.


En particular, “les preocupa que la ley que aprobaron los diputados da a entender que los bienes de los propietarios lo son del OPD, y eso es inaceptable”, destaca en entrevista con MILENIO JALISCO. Confía que habrá sensibilidad, para lo cual pide que el gobierno federal no se deslinde del tema, como depositario original del decreto del área de protección de flora y fauna, que tendría 30,500 hectáreas si no fuera porque uno de los socios ejidales, Santa Ana, le quitó hasta 580 ha por un juicio ante un tribunal federal (ver edición del 7 de julio de 2008).


De la Rosa Campos asegura que no hubo una verdadera consulta para el OPD. “Desde el momento en que se dieron los primeros foros sobre el manejo del área natural, desafortunadamente se les dio otro giro, y esos talleres los metieron como consulta pública para una OPD, cuando nunca se trató el tema […] la verdad no ha habido un consenso, se ha engañado a la opinión pública, argumentando que se tuvo el visto bueno de los ejidos y de los pequeños propietarios”.


— ¿Esa es la postura de los 12 ejidos, no hay matices?

— Son los 12, fortalecidos en la Unión de Ejidos de La Primavera.

— ¿Por qué no impugnaron el OPD entonces?

—    Lo que pasa es que en los ejidos se tiene un tiempo mayor, no es el caso para los pequeños propietarios; ellos tienen un término de 30 días, pero los ejidos tienen hasta siete años según la nueva Ley de Amparo.

— El asesor explicó que está en proceso una propuesta de programa de manejo que se entregará a la Conanp, la cual reflejará los usos que se dan al bosque.


— ¿En qué sentido los perjudica el OPD, si a fin de cuentas es una instancia administrativa de gobierno?

— Lo que pasa es que en el cuerpo de la constitución del OPD se menciona la administración de los terrenos de cada uno de los poseedores, y eso es realmente inconstitucional. Una OPD no te puede administrar los terrenos, y ese es el malestar que existe.

— Lo que ustedes piden de coadministración no lo prevé la ley mexicana…

— Así es, pero también si queremos hablar de un esquema innovador, hay que ver lo que se da en América Latina, que es el co-manejo, donde realmente la participación de los propietarios es equitativa con la autoridad; en Bolivia, por ejemplo.


— ¿En dónde dejamos los derechos de la sociedad a mantener los servicios ambientales del bosque?

— En este esquema está considerada la sociedad como un sector dentro del manejo, aunque no tengan propiedad de la tierra.

De la Rosa Campos confía en que no abra oídos sordos, porque de lo contrario, “se impugnará ese organismo”.


En Santa Ana, “arrependitos” del amparo

— ¿Qué garantiza que detrás de este debate pro derechos de particulares y ejidatarios, no está el viejo y documentado interés de fraccionar, de antes y de ahora?

— La garantía es que no se está yendo por el amparo contra decreto de 1980, precisamente porque existe un esquema de protección, y los ejidos están conscientes de no llevarse a cabo, no es la intención pues, fraccionar, y en cuestiones agrarias es además muy difícil […] están a 100 por ciento con la conservación.


— Hay casos que dicen lo contrario, los asentamientos irregulares en los ejidos de la periferia son comunes, y está lo que hizo Santa Ana…

— Santa Ana está fuera del decreto, ganó el amparo, pero está participando con los ejidos, dentro del bosque […] se dieron cuenta que el decreto de alguna manera ayuda a mitigar esos efectos, hay un sistema regulatorio que quedó ausente y están sufriendo.


— ¿Entonces en Santa Ana están preocupados por ese efecto que tuvo su amparo?

— Están preocupados, porque efectivamente las autoridades municipales, que les corresponde hacer actos de autoridad ahí, no lo han hecho, hay pedidos de que actúen contra las invasiones, por escrito, y nada ha sucedido.