Derecho ambiental mexicano, atrapado en criterios estrechos

La investigadora Carla Aceves destaca la importancia de madurar esta especialidad porque los conflictos ambientales van al alza, como sucede con la presa El Zapotillo y el acueducto a León
La presa El Zapotillo, entre los proyectos polémicos
La presa El Zapotillo, entre los proyectos polémicos (Agustín del Castillo)

Guadalajara

Hace falta madurar al derecho ambiental mexicano; como está, padece su falta de vinculación a los derechos humanos, los criterios de su aplicación suelen ser estrechos y conservadores, y cuesta trabajo a los jueces y magistrados la generación mecanismos precautorios en las controversias sobre el tema, señaló la catedrática de la Universidad de Guadalajara, Carla Aceves Ávila.

Al participar como ponente en la semana del Campus sustentable, promovida por el Centro Universitario de Los Altos (CUAltos) de la UdeG, que ayer terminó en Tepatitlán, la abogada destacó el papel del derecho como regulador de las conductas sociales para lograr una mejor convivencia y una mayor equidad social, y en el caso de la especialidad, "el derecho y la justicia ambiental promueven condiciones adecuadas de vida a través del acceso al ambiente sano y del derecho al acceso al agua, es 'guardagujas social' porque puede inducir y fortalecer conductas sociales más adecuadas", puso en relieve.

Sin embargo, su aplicación en México "presenta una obsoleta visión de los derechos ambientales y su vinculación con los derechos humanos; omite considerar a los elementos ambientales como parte de una integralidad, padece de una enorme timidez posible ignorancia del administrador de justicia al no operar activamente mecanismos precautorios sobre objetos ambientales, y es muy conservador, al no atreverse a proponer mecanismos diferentes a los observados en otras ramas del derecho".

La doctora en Derecho dijo a su público que "el derecho al ambiente sano debería considerar la activa vinculación que tiene con el derecho a la vida; en razón de ello, el ambiente y sus elementos deberían representar un valor supremo: el aire y el agua de calidad son indispensables para la vida. La tierra de calidad también lo es para la seguridad alimentaria. Los elementos y servicios ambientales deberían tasarse adecuadamente como el patrimonio social que son y establecer medidas precautorias ante un posible menoscabo o pérdida [...] las generaciones presentes le deben respeto a las generaciones futuras si deseamos un futuro de la humanidad".

La urgencia por desarrollar esa rama del derecho se advierte si se repasan problemas ambientales concretos: "vulnerabilidad climática, que amenaza la seguridad humana en diversos aspectos, como seguridad física [exposición a desastres], alimentaria, y seguridad ambiental; uso del suelo y cambio de uso de suelo, que amenaza la estabilidad de los sistemas naturales; estrés hídrico- escasez en razón de la vulnerabilidad climática agravada por la inadecuada gestión del agua que contribuye a la escasez, además de la contaminación del líquido; residuos derivados de agricultura y ganadería industrial". En Los Altos, el expediente más notorio es la construcción de la presa El Zapotillo y el trasvase a través del acueducto hacia la ciudad de León, a lo largo de 140 kilómetros.

Como el derecho ambiental contribuye "al cambio de paradigma social", los litigantes, juzgadores - jueces, magistrados, ministros, procuradores-, funcionarios públicos de diversos niveles, politólogos, investigadores de política pública "requieren de conocimiento interdisciplinario y de espíritu innovador" para llevarlo a la realidad, puntualizó.


Reconocimiento a defensores de Temaca

El Consejo de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos entregó el pasado 21 de octubre un reconocimiento a los abogados Claudia Gómez Godoy y Guadalupe Espinoza Sauceda, integrantes del Colectivo de Abogados, por ser activos "defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas". Los casos exitosos de ese despacho son una serie de juicios de amparo que impiden edificar a más de 80 metros la presa El Zapotillo, en Los Altos de Jalisco, así como una exitosa defensa legal de indígenas en Zacualpan, Colima, contra intereses mineros.

Esta asociación, fundada por el famoso jurista Emilio Krieger, en 1991, se distingue por su promoción de la defensa de la justicia social en todo el país.