A casi 18 meses de que el gobierno de Guadalajara presentara una serie de denuncias penales que involucran al menos a 90 ex servidores públicos, principalmente de administración 2012 – 2015, el avance parece nulo y el fantasma de la impunidad comienza a rondar las oficinas administrativas no solo del ayuntamiento tapatío, también de la Fiscalía del Estado, instancia que es la encargada de las investigaciones.
Durante el proceso de entrega recepción entre las administraciones de Ramiro Hernández y Enrique Alfaro, el gobierno entrante documentó diversas irregularidades, algunas de estas con posibilidad de ser solventadas en el ejercicio del día a día, otras, que tuvieron que abordarse de diferente manera, la vía judicial, pues muchas pasaron de irregularidades administrativas a posibles delitos.
Expedientes extraviados, omisión de la defensa municipal en juicios laborales, hurto de bienes muebles, permisos falsos y sobregiros presupuestales en diversas partidas presupuestales por una suma de 171 millones de pesos, así como la omisión de pago en las aportaciones de los trabajadores a pensiones del estado, aun cuando a los empleados les eran retenidos los montos de sus pensiones.
Lo anterior derivó en un bloque inicial de 15 denuncias que fueron presentadas el 30 de octubre de 2015, y 15 más que fueron interpuestas entre el 21 de noviembre y el 09 de diciembre del mismo año, "hemos presentado alrededor de 30 denuncias y en el ejercicio del gobierno hemos presentado algunas otras denuncias, por ejemplo una contra el magistrado Alfredo Barba", señaló la síndica de Guadalajara, Bárbara Casillas, que dijo ver avances en las denuncias con referencia a los juicios laborales, aunque en otras ven "más lento el asunto, incluso hemos solicitado amparos para que nos dejen ver los expedientes, y en algunas es más raro, por ejemplo la denuncia contra el magistrado Alfredo Barba está perdida, no nos pueden dar el número de averiguación, lo que nos parece anormal".
La mayoría de las denuncias que interpuso el municipio se encuentran en etapa de integración de la averiguación previa, es decir, la primera etapa, en donde la fiscalía aun recaba elementos para poder entregar el expediente a un juez, para entonces comenzar con un juicio y determinar la comisión del hasta ahora posible delito, y su correspondiente sanción.
La síndica explicó que los elementos que fueron encontrando y con los que conformaron las denuncias ante la fiscalía, "son suficientes" para que la Fiscalía pueda "desenredar la madeja, nosotros no tenemos toda la capacidad para hacerlo, pero los elementos que ofrecimos son importantes", agregó Bárbara Casillas.
Con voluntad y prontitud de la fiscalía se podrían llegar a consignar algunos ex funcionarios, lo cual es el objetivo del la actual administración, mencionó la síndica, que al momento de cuantificar el daño que esas 30 denuncias iniciales le representan al erario, la cifra oscilo en los 550 millones de pesos.
El daño de mayor consideración se generó en el último año de la Administración del hoy gobernador Aristóteles Sandoval y corresponde a las aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado que el municipio retenía a sus empleados, pero no reportaba al Ipejal, lo que generó un adeudo por 239 mil 596 pesos, mismo que fue subsanado con la venta del terreno destinado al Recinto Ferial en Huentitan.
Cabe señalar que durante el proceso, no todas las irregularidades llegaron a una instancia penal, pues muchas de estas, se solventaron durante el proceso administrativo que llevó a cabo el municipio, específicamente en el derecho de audiencia de los implicados, que en algunos casos, pudieron aclarar las situaciones, en otros, simplemente ni siquiera se presentaron y no fueron localizados ni por la policía, por lo que agotadas las posibilidades, se procedió a las denuncias en su contra.
El gobierno de Guadalajara considera que con "voluntad" por parte de la Fiscalía del Estado, podrían verse algunos resultados a finales de este 2017, "hacemos un llamado a la fiscalía para que sigamos trabajando juntos y ellos puedan terminar con las averiguaciones previas e iniciar con los procesos judiciales", pues de lo contrario, las denuncias de Guadalajara podrían pasar a formar parte de la estadística en impunidad.
Las denuncias
• Entre las denuncias se encuentran también señalamientos directos por supuesto robo calificado ante un faltante de 203 bienes patrimoniales que van desde teclados de computadora, monitores, sillas y otros de mayor magnitud.
• Las denuncias interpuestas por el posible delito de peculado, corresponden a sobre giros presupuestales por más de 170 millones de pesos
• 15 denuncias fueron presentadas el 30 de octubre tras concluir el proceso entrega – recepción
• Entre el 01 de noviembre y el 21 de diciembre, la sindicatura tapatía integró 15 expedientes más que derivó a la Fiscalía del Estado.
SRN
TAGS RELACIONADOS:
