Las denuncias por los desaparecidos aumentan en Jalisco

El 2014 fue el periodo con más casos denunciados en los últimos nueve años: Preocupa a Cepad que padrón no sea de conocimiento público.
Madres con hijos desaparecidos esperan desde hace 40 días cita con el gobernador.
Madres con hijos desaparecidos esperan desde hace 40 días cita con el gobernador. (Nacho Reyes)

Guadalajara

A pesar de que Jalisco se ubica en el segundo lugar de personas desaparecidas, con poco más del 10 por ciento de los casos denunciados en todo el país, al gobierno estatal “parece no preocuparle” y desaira la atención de este delito, uno de los principales focos rojos en el estado, destacó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) al presentar ayer su octavo Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en la entidad.

César Octavio Pérez Verónica, director ejecutivo del organismo, enfatizó que la desaparición involuntaria o forzada de personas se ha convertido en una de las más graves violaciones a derechos humanos que se cometen en Jalisco. “No ha habido mejoría. Las propias familias que buscan a sus seres queridos son revictimizadas en la propia Fiscalía General”, dijo, tras añadir que la autoridad no investiga y por el contrario es partícipe de la desaparición forzada.

Por su parte, el periodista Darwin Franco, quien expuso el capítulo del Informe dedicado al tema, resaltó que es preocupante y violatorio de los derechos humanos que a la fecha no exista un padrón público de personas desaparecidas y que los datos al respecto sólo puedan obtenerse a través de las unidades de transparencia, que se reservan cierta información bajo el argumento de su presunto carácter reservado.

Franco subrayó, con base a cifras oficiales de la propia Fiscalía General de Jalisco, que entre el año 2006 y el 2014 se abrieron en Jalisco 13 mil 739 indagatorias por desaparición de personas, de las cuales 66 por ciento corresponden al periodo 2006-2012 (es decir cuando la Administración estatal era encabezada por el panista Emilio González Márquez) y 44 por ciento se abrieron en 2013 y 2014 (bajo el actual gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz). Sin embargo, sostuvo, fue 2014 el año con más casos de desaparición de personas denunciados en los últimos nueve años.

Franco cuestionó al gobierno estatal pues aunque Jalisco tiene “poco más del diez por ciento de los desaparecidos del país parece no preocuparle el tema”, y porque han pasado 40 días desde que familias de las víctimas solicitaron cita con el gobernador Sandoval. “Y lo único que han recibido son llamadas de funcionarios tratándolas de disuadir de no ver al gobernador y que las atienda alguien más. Ellas quieren verlo porque están cansadas de recibir negaciones y malos tratos del personal de la Fiscalía, incluida la Fiscalía de Derechos Humanos”.

Ante un agravio de esta magnitud “no nos vamos a cansar de exigir y acompañar a las madres para que les digan la verdad, se haga justicia y esto no quede impune”, añadió Pérez Verónica en entrevista, y con él coincidió el director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, Perseo Quiroz Rendón, quien adelantó que el tema de desapariciones será abordado en el propio informe nacional.

:CLAVES

SITUACIÓN EN JALISCO

El documento advierte sobre los rubros donde impunemente se cometieron graves violaciones a derechos humanos durante 2014:

Tortura

Gerardo Moya, miembro del Consejo del Cepad, destacó la impunidad generalizada en los casos de tortura. Y el caso omiso a las recomendaciones de la CEDHJ.

Agua

Mario López, del Observatorio Ciudadano del Agua, resumió las irregularidades existentes en la construcción de la presa El Zapotillo y el intento de las autoridades de acallar las manifestaciones y la imposición de una ley para privatizar este recurso.

Daños ambientales por intereses inmobiliarios

Se destacó la falta de acción de autoridades municipales de Zapopan ante la tala de cien árboles en el bosque de El Nixticuil donde una empresa inmobiliaria pretende construir el fraccionamiento Bosque Encantado. Se atenta contra áreas verdes públicas (limítrofes al parque mirador de la barranca de Huentitán) donde se pretende alzar un núcleo ferial y otro de vivienda.

Criminalización de la protesta social

La activista Cinthia Ramírez calificó de grave la intención de la diputada del PAN, Gabriela Andalón, de regular las manifestaciones. Calificó de grave la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que avaló la criminalización de la protesta social.

Atentados a defensores y periodistas

Se documentaron agresiones a la periodista Jade Ramírez, por sus investigaciones sobre la construcción de la presa El Zapotillo y contra activistas a quien se pretende vincularlos con posibles grupos de autodefensa, como sucedió en la Sierra de Manantlán, donde luchan contra el saqueo de hierro, madera y otros recursos naturales.

Fuente: Octavo Informe Anual del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad)