Tras dos décadas de desastre ambiental y social en México

Las ciudades crecieron a favor de los negocios inmobiliarios.
La planeación recae en municipios.
La planeación recae en municipios. (Alejandro Acosta)

Guadalajara

Tras 20 años de padecer los estragos de la política de vivienda inaugurada en 1992 con la reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, que tuvo por efecto la dispersión descontrolada de las ciudades, el gobierno federal determinó cambiar ese esquema perverso, lo que festeja Jesús García Rojas, consultor urbano.

Las reformas de 1992 “delegaron a los municipios de México las facultades de planeación urbana y regional, ordenamiento territorial y definir usos del suelo sin que estuvieran y ni estén hoy preparados para ello; la Ley Agraria permitió que los ejidos próximos a la mancha urbana se incorporaran al desarrollo urbano, dándole prelación para la adquisición [de sus terrenos] a estados y municipios, los cuales jamás la ejercieron y no constituyeron reservas territoriales planificadas, quedando éstas en manos de los especuladores de suelo urbano que estaban en busca de tierra barata”.

La Ley De Aguas Nacionales “facilitó el uso de agua agrícola para urbana y  la sobreexplotación de mantos acuíferos”, mientras el Infonavit y el Fovissste “dejaron de planear, diseñar y construir vivienda para volverse hipotecarias sociales y que la oferta de vivienda la generara la iniciativa privada, preocupados más por la cantidad y las utilidades, que por la calidad; con el uso indiscriminado de subsidios mal diseñados”.

Fue un periodo de 22 años en que “se desalineó la demanda y la oferta, pues en los gobiernos de Fox y Calderón se dejaron de atender  a los trabajadores de menores ingresos, se privilegió la atención a  trabajadores con ingresos de cuatro a once salarios mínimos, y se generalizaron los subsidios para trabajadores asalariados debido a los salarios congelados y los montos de crédito a que tenían derecho eran insuficientes para adquirir una vivienda digna”.

El saldo: “cinco millones de viviendas abandonadas en todo el país por estar lejos de los centros urbanos y de trabajo, sin infraestructura, servicios, transporte y equipamiento urbano, aumento de las carteras vencidas y en concurso mercantil las principales desarrolladoras de vivienda del país”.