No es creíble ese proceso de estabilización: Ibáñez

Director del Programa de Derechos Humanos de la Ibero sostuvo que hay una tardía respuesta de las autoridades.

Huixquilucan

Hacer creer que el gobierno tiene presencia y fortaleza en Michoacán, al tiempo que no se ha aprehendido a un solo miembro del cártel de los Caballeros Templarios, es un montaje que no ayuda a dar credibilidad al proceso de estabilización del estado.

José Antonio Ibáñez, director del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, advirtió que persiste un "altísimo enrarecimiento" de la situación, debido a la tardía respuesta de las autoridades, la falta de arrestos de miembros del cártel, y las hipótesis mezcladas que señalan que los grupos de autodefensa activos en el estado podrían ser parte de una estrategia paramilitar, o bien, ser resultado de un auténtico hartazgo del pueblo.

"Hay quienes ya han señalado que se trata de una forma del gobierno para enfrentar al crimen organizado y salir exonerado de cualquier señalamiento internacional relacionado con derechos humanos", apuntó el experto, quien añadió que "Michoacán se ha convertido en la gran raíz del crimen organizado en México".

El académico señaló que en este problema no se vislumbra sino una "ramificación de culpabilidades" de diversos grados, tanto de las fuerzas armadas, como del pueblo armado y de un gobierno "que no gobierna".

Al respecto, la maestra Sandra Salcedo, colaboradora del Programa de Derechos Humanos, añadió que no puede pasarse por alto que existen autoridades responsables que permitieron que se llegara a este nivel de inseguridad en la entidad.

"No se puede olvidar que las primeras obligadas de que esto y sus consecuencias no tuvieran lugar no son los integrantes del crimen organizado, sino las autoridades responsables de la seguridad", dijo la analista, quien precisó que no se debe caer en el "falso contrapunteo de decidir entre la seguridad y los derechos humanos, pues se deben respetar incluso los de los detenidos".

Subrayó la preocupación que los defensores de los derechos humanos en México mantienen con respecto a la participación del militar Óscar Naranjo, ex director general de la Policía Nacional de Colombia, como asesor personal de seguridad del Presidente de México, dado que se le ha señalado como un violador de las garantías individuales y responsable de crear, financiar y entrenar a paramilitares que combatieron el narcotráfico en su país durante la década de los noventa.

Urgió a un ejercicio de esclarecimiento histórico, ante el hecho de que en el clima de inseguridad que impera en Michoacán hay violaciones a los derechos humanos.