El 80% de constructores sin registro ante Medio Ambiente

El próximo año se canalizará a la PGJE de Coahuila los casos que incumplan con la normativa sobre el manejo de residuos especiales, a quienes se les endurecerán las sanciones.
Se endurecerán las sanciones para los constructores generadores de residuos.
Se endurecerán las sanciones para los constructores generadores de residuos. (Milenio Digital)

Torreón, Coahuila

La directora regional de Medio Ambiente en Coahuila, Glenda Quintero, dio a conocer que el próximo año canalizará a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), los casos de constructores que no cumplan con la normativa sobre el manejo de residuos especiales.

Por lo que endurecerá las sanciones para los grandes generadores de residuos, que incumplan con la Ley de Gestión Integral del Manejo de Residuos Especiales.

Así como con el reglamento correspondiente, que establece que los grandes generadores deberán registrarse y darse de alta en la Dirección Regional de Medio Ambiente y depositar los residuos en los lugares autorizados por la dependencia, que en el caso de Torreón, es el Cañón del Indio ubicado en la colonia Las Luisas.

Se han turnado a la PGJE cerca de 10 casos de marmoleras y constructoras infractoras.

Reconoció que se ha tenido un avance lento en la regulación de entre 10 y 15 por ciento y detalló que el darse de alta como generador de residuos tiene un costo de cinco mil 800 pesos por proyecto.

Por lo que 80 por ciento de los constructores no cuentan con el registro que se tramita ante la Secretaría de Medio Ambiente.

Hasta el momento han turnado a la Procuraduría cerca de 10 casos de marmoleras y constructoras infractoras, a las que se aplican multas que van de los 30 mil a los 90 mil pesos.

Asimismo, se ha tenido un acercamiento con la Cámara de la Construcción y con el Colegio de Ingenieros, cuyos miembros son los responsables de las obras, de quienes manifestó se espera una respuesta positiva en el próximo año.

Destacó que enero se hablará con las empresas y se les dará una última semana como máximo, para luego emitir oficios y pedir que interfiera la Procuraduría en los casos.