Comuneros se reúnen para discutir reparación de daños

La SIOP no ha emitido la respuesta formal a dos requerimientos que le ha hecho el juez para restaurar las alteraciones en tierras huicholas de Tuapurie
Las obras en el paraje de la Ciénega de los Caballos iniciaron deade hace siete años
Las obras en el paraje de la Ciénega de los Caballos iniciaron deade hace siete años (Cortesía)

Guadalajara

Las autoridades y miembros de la asamblea comunal de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), comunidad wixárika (huichola) del norte de Jalisco, se reunieron ayer en el paraje de la Ciénega de los Caballos, sitio donde hace más de siete años detuvieron las obras de la carretera Bolaños-Huejuquilla, para discutir sobre la reparación de los daños que debe realizar el gobierno de Jalisco como fruto de un proyecto ilegal que violó los derechos comunitarios y la norma ecológica vigente.

“En la discusión se analiza todo lo que tiene que ver con el incidente innonimado y el de cumplimiento sustituto de la sentencia, dado que en algunos casos se puede restaurar el daño, pero hay bienes que ya no se pueden restituir”, señaló la abogada Nora Lorenzana Aguilar, quien acudió a la cita como integrante de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI), asesora de los indígenas.

Los miembros de la comunidad establecerán acuerdos para acudir al juez primero de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo, que vigila el cumplimiento de la sentencia de amparo que les fue favorable (expediente 596/2008) y que debe ser cumplimentada por la hoy Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), antes Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedeur).

El juez citado refirió en la notificación del 26 de mayo pasado: “además de dejar insubsistente todos los actos inherentes a la ejecución del proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla El Alto, específicamente del kilómetro 70 más 400 [metros] al 89 más 580, que afecten la propiedad de la parte quejosa, se dejen las cosas en el estado que guardaban antes de la violación decretada y, al no contar este órgano de control constitucional con los conocimientos técnicos necesarios en materia topográfica y ambiental que nos lleven a determinar la afectación […] se ordena la apertura delñ incidente innominado, a fin de esclarecer cuáles son los daños y las dimensiones ocasionados [sic] por los actos reclamados en este sumario, por los avances realizados de la multicitada carretera, en donde podrá  este juzgador allegarse de todos los elementos necesarios, todo ello, insístase a efecto de estar en posibilidad legal de precisar los alcances del fallo protector”.

A esta demanda, la entidad de gobierno acudió al juez el 3 de junio por medio de un oficio firmado por Julio César García Mújica, “delegado de la autoridad responsable […] por medio del cual en atención del requerimiento que se le efectuó por oficio 3236, de fecha 26 de mayo de 2014, solicita se le aclare los alcances de los mismos, ya que por una parte se le formuló un requerimiento de 24 para dar cumplimiento al fallo protector y por otra, se ordenó la apertura de un incidente innonimado”.

El juez insiste en esa segunda comunicación en la necesidad de acreditar cumplir el fallo con acciones de restauración y de un cumplimiento sustituto en el caso de bienes que ya no se pueden restaurar, como la madera extraída y millones de toneladas de suelo perdido. Es así como llega el capítulo final de un conflicto legal de más de siete años. Está pendiente la respuesta de la SIOP.