Buscará Jalisco certificación de Puente Grande

Hacinamiento, crisis en la infraestructura e implementación de programas de reinserción son los problemas a resolver

Guadalajara

El problema que enfrentan los centros penitenciarios no es exclusivo de Jalisco, consideró el Fiscal Eduardo Almaguer, que ha encontrado en la sobrepoblación del reclusorio preventivo de Puente Grande, el detonante de situaciones que son propicias para que ocurran actos como el revelado en un video a través de MILENIO, donde los presos llevaron a cabo una fiesta con acceso a alcohol, bandas musicales y mujeres, por lo que la estrategia será buscar la acreditación de la Asociación de Correccionales de América, la ACA.

En exclusiva para MILENIO JALISCO, el Fiscal del Estado, Eduardo Almaguer, adelantó que en los próximos días iniciarán el proceso para la certificación del reclusorio preventivo “que es el más complejo, el más difícil que tenemos en nuestro sistema penitenciario” conformado por 12 centros, “pero tenemos que ir al más difícil, eso significa bajar hacinamiento o sobrepoblación, hacer inversión en infraestructura, por supuesto en el área de custodia, de educación y reinserción; pero tenemos el marco jurídico, esa es la nueva ley federal de ejecución de penas y centros penitenciarios”.

Certificar Puente Grande, será todo un “desafío”, que aunque se ha planteado poder lograrse en un lapso no mayor a un año, es decir, dentro de la administración del gobierno encabezado por Aristóteles Sandoval, aunque la meta es ambiciosa, y lograrla podría llevarse más de 12 meses, “la certificación nos plantea desde seis meses a un año, mi opinión es que nos va a llevar más tiempo por todo lo que contempla, pero es fundamental haber tomado esta decisión de iniciar con el proceso, ya informaremos cuando se firme el convenio que es el primer paso, luego, será elaborar un diagnóstico que hace esta asociación y eso marca los retos muy claros y los avances que debemos tener”.

Dentro las reglas fundamentales que se deben cumplir para lograr una certificación de la ACA, se establece el hecho de no exceder la capacidad de las celdas, además de contar con programas de salud, educación, terapéuticos y psicológicos de reinserción, aunado a que no podrían ocurrir casos como el de Rafael Caro Quintero, un preso considerado de alta peligrosidad con permanencia en un centro preventivo.

La autoridad deberá también atender la dotación de servicios básicos para los internos, un asunto primordial en materia de derechos humanos y que si bien ha presentado avances en el último trienio, el déficit aun es claro, “en el 2013 increíblemente no tenían drenaje, las plantas de tratamiento estaban colapsadas y también la cocina”, temas que se han atendido para de alguna forma ir permeando las necesidades, explicó el fiscal, “actualmente se están realizando obras”, que serán parte importante para cumplir con los requisitos de la certificación que persigue el gobierno jalisciense.

MC