Ecologistas acusan al gobierno de Colima de ponerlos en riesgo

En el conflicto por el balneario de Zacualpan, que dejó una docena de heridos, señalan intromisión del gobierno estatal a favor de intereses mineros en el Cerro Grande.
Comuneros opositores a la minería y un grupo interno ligado al gobierno estatal se enfrentaron de forma violenta el pasado 25 de marzo
Comuneros opositores a la minería y un grupo interno ligado al gobierno estatal se enfrentaron de forma violenta el pasado 25 de marzo (fotograma cortesía www.perriodismo.com.mx)

Guadalajara

La organización ecologista Biosiguana acusó al gobierno estatal de Colima, que preside Ignacio Peralta, de difundir mentiras en torno al conflicto de la comunidad de Zacualpan, en el Cerro Grande, donde comuneros opositores a la minería y un grupo interno ligado al gobierno estatal se enfrentaron de forma violenta el pasado 25 de marzo, tras la destitución de la delegada de la Procuraduría Agraria, María Elena Díaz Rivera, a quien señalaban como principal promotora del grupo empresarial.

“Es absolutamente falso lo que el gobierno del Estado dio a conocer en un comunicado el viernes 25 de marzo con relación a los hechos violentos, en los que resultaron heridas 13 personas de la Comunidad Indígena de Zacualpan”. El comunicado señala que el enfrentamiento fue por un desencuentro entre comuneros e integrantes del grupo ecologista, pero “rechazamos contundentemente la afirmación de que miembros de nuestra organización estuvieron presentes en la Comunidad durante el conflicto del pasado 25 de marzo. Este es un argumento que el gobierno de Mario Anguiano había estado utilizando para desacreditar nuestro trabajo como defensores del territorio y hacer creer a la opinión pública que somos nosotros quienes promovemos la violencia en la comunidad. Lamentamos mucho que el gobierno de Ignacio Peralta continúe en la misma lógica de criminalizar la lucha social en defensa del territorio y los derechos humanos”.

A juicio de la organización, “el gobierno del Estado nos quiere utilizar como pretexto para evadir su responsabilidad no solo de no haber actuado para evitar la violencia, sino para querer desviar la atención de la clara intervención y apoyo que han venido ofreciendo al grupo agresor. Al insistir en estos señalamientos, el gobierno del Estado coloca a los miembros de nuestra organización de nueva cuenta en una situación de vulnerabillidad por lo que responsabilizamos a Ignacio Peralta de lo que pudiera ocurrirnos. Responsabillizamos igualmente al gobierno del Estado de la ‘neutralidad’ con la dice conducirse en este conflicto cuando lo que corresponde a todo gobierno es garantizar la paz y la seguridad de sus ciudadanos. Responsabilizamos también al gobernador del Estado de cualquier daño mayor que pueda sufrir cualquier integrante del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan”, destacaron.

Tras la disputa por la posesión del balneario de Zacualpan, el saldo fue de siete hospitalizados por heridas en la cabeza y varios más con lesiones.

“Ante la complacencia de decenas de elementos de la Policía Estatal, el grupo agresor ligado al PRI arrojó piedras desde el cerro contra hombres y mujeres en el acceso al manantial de Zacualpan, el centro turístico administrado por el Comisariado de Bienes Comunales”, dijo al portal www.perriodismo.com.mx Martín Peña Guzmán, habitante de Zacualpan. Dijo que “alrededor de 150 integrantes del Consejo intentaron disolver el bloqueo del balneario que el grupo priista mantiene desde el miércoles pasado. Lo anterior ante la negativa de los policías en liberar el paso. La policía estatal dijo que su única orden es estar vigilando de que no hubiera agresión y ningún acto de violencia, y cuando se suscitó la lluvia de piedras no hicieron nada. Había 50 elementos en ese momento y no hicieron nada”, comentó.

Para el consejo, “ los agresores están protegidos por el alcalde de Comala, Salomón Salazar, y el Gobierno del Estado a cargo de Ignacio Peralta Sánchez, ambos emanados del PRI”.Al respecto, Martha Zepeda del Toro, comisionada estatal del Partido de la Revolución Democrática en Colima, exigió abrir una investigación para deslindar las posibles responsabilidades gubernamentales. “Externamos nuestra preocupación por la persistente y sistemática intimidación, amedrentamiento, hostigamiento, despojos de caminos y hecho de violencia que individuos vinculados al PRI, con la complacencia de autoridades municipales de Comala y del propio Gobierno del Estado, han desplegado en contra de miembros del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan; tenemos conocimiento de la persistente problemática y enfrentamiento de los dos grupos al interior de la comunidad indígena de Zacualpan, que se han traducido en el intento de unos pocos por imponer su voluntad y administrar el ojo de agua, ante una mayoría con una legítima representación reconocida por autoridades del ramo y representadas por el actual presidente del comisariado de bienes comunales, Taurino Rincon”, explicó.