Resurrección de Arcediano aumenta carga para el usuario

Reformas del Congreso tienden a cerrar caminos a los ciudadanos en el servicio del agua, por el que cada vez deberán pagar más, advierte asesor jurídico de Temaca.

Guadalajara

La “resurrección” del proyecto de Arcediano y las reformas a la Ley de Aguas del Estado de Jalisco y sus municipios entraña riesgos para los intereses de la población, que será presionada con herramientas legales más coercitivas para que pague tarifas por servicios que tienden a ser más caros, por el costo de las nuevas obras y por los intereses de rentabilidad privados que hay en su operación, advierte Guadalupe Espinoza Sauceda, integrante del Colectivo de Abogados.

Entidad no gubernamental que respalda la lucha jurídica de los moradores de Temacapulín contra la presa El Zapotillo, el litigante dio su opinión sobre la aprobación de reformas a la ley y decreto que dan vida a los esquemas y nuevos proyectos de infraestructura.

“Efectivamente hablan de hacer una presa de 350 millones de metros cúbicos porque qué sentido tendría hacer ese cambio si la presa hubiera sido cancelada; la diferencia es que el anterior decreto dice en el río Santiago y Verde y este dice nomás para río Santiago, lo que puede sugerir que moverán el sitio de la cortina para no tomar aguas del río Verde”, explicó.

En ese sentido, los cotos pagados para un proyecto previo que implicó estudios de ingeniería, mecánica de suelos, geología, compra de predios y desplazamiento de población podrían haber sido inútiles, al menos en parte.

A Espinoza Sauceda le preocupa que la ley señalaba que los usuarios del agua “tendrán la obligación” de pagar, y ahora serán “sujetos obligados a pagar”, o sea, habrá coerción del Estado para garantizarlo. “La ley reformada es laxa y la reforma es estricta, coercitiva”.

En el decreto reformado se dice “pago de indemnizaciones de inmuebles, mientras la reforma plantea pago de terrenos; es decir, la nueva es restrictiva, pues si bien los terrenos son bienes inmuebles, los bienes inmuebles son más amplios, hay bienes distintos a la tierra, lo que en resumen significa que quieren pagar menos a los afectados.

Otro aspecto de cambio que le genera dudas es la responsabilidad jurídica de la Comisión Estatal del Agua (CEA). “En el artículo V transitorio sí se refieren a la CEA, mientras la ley habla de derechos y obligaciones de la CEAS que pasan a la CEA, pero en la reforma desaparecen, con lo que podría interpretarse como que la CEA pierde acciones (derechos) y se desentiende de las obligaciones (no se hace responsable)”.

Finalmente “en la cuestión del agua la propuesta de reformas a la Ley de Aguas dice que hay que cuidar el agua, uso eficiente y no contaminar fuera de los parámetros legales o sea, si se puede contaminar pero que no se rebasen esos parámetros, en esencia, la permisividad de las normas oficiales”, apunta.