Hasta 20 años de prisión a quien realice tortura

También se inhabilitará a los victimarios para ocupar cargos públicos.
Además de ingresar a prisión y ser inhabilitado, también se harán acreedores a sanciones económicas.
Además de ingresar a prisión y ser inhabilitado, también se harán acreedores a sanciones económicas. (Especial)

Guadalajara

El funcionario que utilice la tortura como medio de investigación o para dañar a cualquier ciudadano, podría ser sancionado hasta con 20 años de prisión, más la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público, según la reforma aprobada en comisiones al Código Penal del Estado.

Los diputados locales aprobaron un dictamen que contiene la nueva Ley Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Tortura, así como cambios al Código Penal para tipificar esta conducta. En la definición del delito, no sólo se incluye a la tortura como daño físico, sino incluso el mental o cuando se busque disminuir las capacidades de las personas.

En el Código Penal se agregó un capítulo denominado “De la tortura”, en el cual se establece que este delito es cometido por “el servidor público que realice cualquier acto u omisión por el cual se inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación de un delito, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin”.

También se establece que se tipifica el delito cuando se busque disminuir o anular “la personalidad de la víctima o su capacidad física o mental, aunque no le cause dolor físico o angustia psíquica”.

La tortura también puede ser acreditada a un particular, cuando lo haga a solicitud, instigación, inducción u orden de un servidor público.

Las sanciones pueden ser de tres a doce años de prisión y multa de 200 a 500 días de salario, así como la inhabilitación “para el desempeño de cualquier cargo empleo o comisión públicos”. También se establecen agravantes, como el hecho de que la víctima sea parte de algún sector vulnerable de la población o cuando el delito se comete dentro de un centro de detención o encarcelamiento.

Además, se señala que el delito no prescribe y se establece  la obligación para la Fiscalía General y las policías municipales de capacitar a su personal y elaborar los protocolos de investigación sobre esta conducta. También, que la Comisión de Derechos Humanos tendrá que presentar denuncia penal cuando conozca de casos de tortura.

En cuanto a la nueva ley, se crea una comisión de la materia, que estará integrada de manera interinstitucional y tendrá representación de la sociedad civil. La ley prevé los lineamientos para la supervisión, capacitación del personal de seguridad, y derechos de las víctimas de tortura, ya que el procedimiento para la investigación del delito se seguirá conforme a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en tanto que la reparación del daño sería con base en la Ley de Víctimas.

La tortura y sus sanciones

Se deberá integrar una Comisión Estatal para Prevenir y Eliminar la Tortura

Una vez que la ley entre en vigor, la Fiscalía General y las policías municipales deberán adoptar y publicar protocolos de investigación de la tortura y uso legítimo de la fuerza, dentro de los 60 días posteriores

La Fiscalía General y las policías municipales dispondrán de 120 días para capacitar a su personal investigador, peritos y agentes

Cuando un funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos reciba una queja sobre tortura, deberá presentar una denuncia penal de hechos

El delito de tortura será sancionado con prisión de tres a doce años y multa de 200 a 500 días de salario, así como la inhabilitación para ocupar cargos públicos

La pena aumentará en una tercera parte cuando además haya delitos contra la seguridad y libertad sexual de la víctima; cuando la víctima sea una persona con discapacidad, menor de edad, mayor de 60 años, indígena, mujer embarazada, migrante o cualquier persona en estado de vulnerabilidad; cuando se cometa al interior de centros de detención o encarcelamiento; cuando sea para ocultar un delito

La pena aumentará en dos terceras partes cuando sea parte de un ataque generalizado, sistemático, indiscriminado o desproporcionado contra un sector o grupo de la población civil