El Ayuntamiento de Zapotlanejo presentó en el Congreso del Estado, una queja para solicitar un juicio contra el Juez Mixto de Primera Instancia del municipio, Alán Rafael Acosta Navarro, quien ordenó la congelación y el embargo varias cuentas bancarias del municipio donde había recursos federales etiquetados para obra pública.
El conflicto que enfrenta el municipio nació en el año de 1977, cuando un ciudadano fue despojado de un terreno ubicado a las afueras de la jurisdicción, situación que dio origen a un juicio hace 25 años.
En el año de 1994, el cabildo le puso fin al conflicto, con la entrega del terreno al dueño, también se acordó urbanizar el predio a favor del particular.
Para el 2003, el afectado demandó al municipio porque el ayuntamiento incumplió el acuerdo: ni urbanizó el predio, ni escrituró el terreno, quien gobernaba Zapotlanejo para esas fechas era el doctor Roberto Marín, político que a la postre impulsará a Francisco Javier Pulido Álvarez a ser alcalde.
Como regidor, Francisco Javier Pulido Álvarez, nuevamente despojó al legítimo dueño de su terreno para construir un estadio de béisbol.
Al concluir la administración de Roberto Marín, la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, revocó la sentencia, el ayuntamiento fue condenado a cumplir con la urbanización, así como a la entrega de escrituras.
Posteriormente, Héctor Álvarez, actual alcalde, tomó protesta como edil, en lo que fue su primera administración: “precisamente en el año 2007, tengo contacto con él y me exige que cumpla con lo que no cumplieron en cinco administraciones anteriores, es decir, en quince años. Llegamos al acuerdo verbal de entregarle el predio motivo del pleito, lo que sucedió en el año 2008 al darle la posesión física y jurídica mediante una escritura a su nombre y le pedí de manera respetuosa, que esperara el momento a que se generaran recursos económicos para cumplir con la segunda parte del acuerdo de 1994, lo que me fue imposible hacer dada la escases de recursos con la que manejamos esa administración”, señaló el primer edil.
El conflicto jurídico comienza a complicarse, “el pasado 15 de marzo del 2017, el Juez Mixto de primera instancia de Zapotlanejo, Alán Rafael Acosta Navarro, a solo tres meses de haber asumido el cargo condena a pagar al municipio en efectivo la cantidad de seis millones 534 mil 331.25 pesos por concepto de una urbanización del predio sin existir un plan parcial autorizado por el propio ayuntamiento de donde se desprendiera dicha cantidad”, denunció Héctor Álvarez.
Para el 4 de julio del 2017, el Juez ordenó una diligencia de embargo para señalar los bienes del municipio a fin de garantizar el pago al quejoso: “nosotros ya estábamos preparados con varios predios para que fueran señalados, sin embargo, el Juez Alán Acosta Navarro, de manera ilegal y en contra de su propia resolución y sin practicar la diligencia que se había decretado, gira una orden judicial el primero de septiembre de este año, a los funcionarios de los bancos con los cuales opera el municipio para que procedieran a embargar las cuentas y exige que se le entreguen en cheques certificados los recursos para cubrir la cantidad demandada”.
El 20 de septiembre Bancomer le confirma al juez que las cuentan bancarias del municipio fueron congeladas, posteriormente el juzgador ordena mediante un oficio al banco que los recursos existentes en esa cuenta se entreguen a los demandantes en dos cheques, uno a nombre del quejoso y el segundo a nombre de la esposa del afectado.
“Insisto, no me estoy negando a pagar, sería justo no pagarle a ese ciudadano, porque el tema es que nos embarga es un engaño tras engaño, sería justo pagarle, pero no como ellos quieren y lo que ellos quieren, tenemos bienes con que señalar, pero no les podemos pagar con recursos federales, esos están etiquetados para obras prioritarias destinadas a ciudadanos de mi municipio”, agregó el alcalde de Zapotlanejo.
MC
