En la crisis del agua, veinte colectivos toman la palabra

Bosques y zonas de recarga arrasados, ríos contaminados, pueblos enfermos, empresas que no sanean, denuncian ante el Congreso de Jalisco.

Guadalajara

Enrique Lira, integrante del Foro Socioambiental, puso ayer rostro al drama de la coexistencia cotidiana de muchos jaliscienses con las aguas contaminadas, cuando refirió que apenas el pasado jueves 1 de febrero, en la ribera sur del lago de Chapala, esa relación cobró una nueva víctima: Crispina Jacobo, una muchacha de 20 años muerta por el mal renal, un padecimiento que golpea como epidemia medieval a las familias de Agua Caliente y de San Pedro Itzicán, en Poncitlán, sin que hasta ahora, las autoridades acierten a encontrar causas y soluciones de fondo.

Pero la reunión, convocada en el seno de la Comisión Especial del Agua, fue más allá: desfilaron con sus puntales denuncias y observaciones, integrantes de una veintena de comunidades y colectivos, que consideran que el Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno y sus tres poderes, ha sido ineficiente en gestionar un problema tan fundamental como el agua en calidad y volumen adecuados para garantizar el derecho a la salud y al ambiente sobre todo de los moradores de asentamientos pobres, rurales o populares-urbanos, pero que en realidad, también afecta el estilo de vida de muchos moradores de fraccionamientos de alto nivel económico. Por ejemplo, en Los Colomos, donde el precio por metro cuadrado está entre los más costoso en todo el país, las inundaciones son parte de la aventura de todos los veranos.

"Si nos pavimentan las parcelas y nos las llenan de casas, no sólo tendremos menos agua, tendremos muchas inundaciones", dijo Mercedes Mendoza, habitantes de Santa Lucía, en Zapopan. "Tenemos solamente 45 minutos al día de agua, y es agua contaminada", secundó Rosy Arévalo, de Los Silos, en Tlajomulco. "No es un problema de escasez, es un problema de mala gestión, de buscar siempre resolver con ingeniería lo que es un mal manejo de la misma cuenca que nos da al menos 30 por ciento del agua que consume la ciudad, y que es de excelente calidad", terció Alejandro Cárdenas del Parlamento de Colonias.

La intención es que esos testimonios "estén integrados al trabajo de la comisión, de manera que los planteamientos que haga la misma desde el Congreso para establecer una agenda de gestión integral del agua que defina el modo en que se atiende el problema, los tome claramente en cuenta", aclaró la integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), María González Valencia.


La sede fue el Congreso del estado, en el salón de ex legisladoras. En mayo de 2016 se conformó en el Congreso del Estado de Jalisco la Comisión Especial Para la Gestión Integral del Agua, iniciativa impulsada por el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el propio Imdec, la plataforma Tómala Ciudad y el Colectivo de Abogados.

Entre sus fines, recordó González Valencia, está "la finalidad de abrir un espacio de debate público, trasparente, e inclusivo para la elaboración un nuevo modelo y políticas de gestión integral del agua, que respeten el ciclo del agua, reconozca el papel fundamental qué juegan los sistemas naturales y las comunidades humanas, integre el conocimiento comunitario y el conocimiento científico multidisciplinario, implemente políticas públicas integradas que garanticen la disponibilidad, la calidad y el abasto del agua a lo largo del tiempo y sobre todo respete los derechos humanos y garantice el control social del agua".

De ahí la diversidad de la convocatoria de ayer. Con el tema genérico de la contaminación, la calidad del agua, el saneamiento deficiente y la industria tóxica, Enrique Lira, del Foro Socioambiental Guadalajara; Teresa Santillán, moradora de Cuexcomatitlán e integrante de la Red del Lago de Cajititlán; Francisco de los Santos, de la Comunidad Indígena de Mezcala; Enriqueta Hernández, de la red Mujeres Ecologistas de La Huizachera, que opera también en El Salto (río Santiago); Jaime González de San Pedro Itzicán; Elías Rodríguez de Cajititlán, y el representante de la Asociación de Turismo Social de la Barranca, José Manuel Barrera Guevara.

En cuanto al tema de despojos por la construcción de megaproyectos, representantes de los tres pueblos del río Verde con amenaza de desalojo: Acasico, Palmarejo y Temacapulín. Los productores de Los Altos presentaron evidencias de afectaciones al derecho a la alimentación, la producción, el agua y el territorio. Un representante del Sindicato de Trabajadores Unidos en Defensa de la Gestión Pública del Agua, del SIAPA, destacó los problemas del nuevo modelo de urbanización y de los avances y riesgos de privatización del organismo.


Sobre los proyectos inmobiliarios y su impacto a los derechos humanos: discriminación, inequidad y falta de acceso a servicios de agua potable y saneamiento, la sociedad Cooperativa de Huaxtla (agricultores) representada por José Medina, quien relató los graves problemas ocasionados por el mal manejo del tiradero metropolitano de Picachos; por el Colectivo Defendamos el Cerro de la Reina, Sergio Morales Hernández informó de la contaminación del río Azul y otros afluentes del cerro; la Sociedad Unida por la Presa Santa Lucía, representada por Mercedes Mendoza, se refirió a la destrucción del valle de Tesistán como espacio agrícola de alta calidad, mientras el problema de Los Silos, Tlajomulco, con proyectos inmobiliarios depredadores, lo abordó Rosy Arévalo

El Colectivo Ciudadano Pro Bosque Pedagógico del Agua, representado por el académico Jaime Eloy Ruiz Barajas, hizo la defensa y protección de manantiales y solicitó al Congreso que se establezca una veda inmobiliaria en la zona, además de recuperar las 248 hectáreas de los predios públicos adquiridos como zona de recarga de agua por diversos gobiernos de Jalisco, entre 1897 y 1913. En eso coincidieron Ciudadanos por Colomos y el Frente de Colonias en Defensa de los Colomos. Por último, el Parlamento de Colonias aludió a la responsabilidad de los gobiernos municipales como los detentadores del control del territorio urbano, por lo que "no se vale responsabilizar en exclusiva a la Conagua [Comisión Nacional del Agua] o al gobierno del estado, lo cierto es que si tienen atribuciones", puntualizó su presidente, Alejandro Cárdenas Ochoa.

Esta información será integrada al proceso que se discutirá a lo largo de este mes, y que derivará en una agenda de gestión integral del agua, según lo comprometieron los diputados Salvador Caro, Mónica Almeida y Pablo Torres Guízar, este último, presidente de la comisión.

Claves

Cinco preguntas sobre la crisis del agua

¿Cuáles son los factores que han generado la escasez de agua?
Evidentemente, hay cuestiones "normales" como la sobrepoblación y la falta de inversión en un sistema de potabilización y distribución de agua; pero la urbanización caótica que invade áreas de recarga, la pérdida de capacidad de infiltración, y los consumos excesivos de los usuarios forman parte del problema

¿Cuáles, los que han contaminado los cuerpos de agua?
Usar y contaminar agua no está internalizado en los costos de los negocios, lo que hace que se use y vierta sin suficiente control. El corredor de El Salto es emblemático como zona de alta generación de residuos tóxicos no tratados. Además, la producción rural y ganadera suele arrastrar problemas similares

¿Cuáles instituciones son responsables de resolverlo?
Sin duda, la Comisión Nacional del Agua es la máxima autoridad en todo el país, y en Jalisco, la agencia estatal es la Comisión Estatal del Agua. No obstante, al hablar de territorio, los municipios tienen alta responsabilidad porque permiten un mal manejo del territorio, incluida la impermeabilización de zonas de recarga y ubicación inadecuada de industrias y otros emisores. El SIAPA en el área metropolitana es responsable de potabilizar, distribuir y cobrar el recurso. Suele tener una amplia cartera de deudores y ser altamente permisivo al permitir "colgarse" a la red de agua o drenaje a usuarios sin mejorar la red

¿De qué modo las instituciones han tratado de resolverlo?
En general, la escasez y la contaminación se "gestionan" con costosas obras de infraestructura operadas por privados que elevan el costo del agua y no garantizan la recuperación de cuencas sobreexplotadas y contaminadas

¿Cómo se puede resolver con un modelo integral?
Bajo la condición de que participen los ciudadanos, se debe buscar recuperar el ciclo del agua: que las zonas de recarga funcionen, que se reabran zonas bajas urbanizadas para contener el amplio caudal, que se reforesten las cabeceras de cuenca y el estilo de vida y la economía se ajusten al agua disponible


El actual es un modelo obsoleto pero lucrativo

"Estamos arrastrando un modelo de gestión del agua que ya desde hace décadas se considera obsoleto. Si lo sabemos, ¿por qué se sostiene?", se preguntó ayer el académico, especialista en participación ciudadana y desarrollo urbano, Héctor Castañón.

Se respondió: "Porque su ecuación de demanda sin límites se ha convertido en un modelo de negocio. Un negocio en el que los costos no se asumen, como es el caso de las descargas sin tratamiento y afectaciones sin restauración, y en el que el valor se captura por intereses privados de manera formal e informal, como es el caso del mercado negro de las concesiones. Por eso se habla de un cártel del agua; porque el modelo genera grandes beneficios para un grupo muy pequeño, a costa de grandes afectaciones a comunidades en sus familias, sus hijos, sus tierras, su ganado y su propio cuerpo. Para estas comunidades el agua ya no es vida, sino fuente de enfermedad,  empobrecimiento y muerte".

El agua, así, "se ha convertido hoy en un problema de cantidad, calidad y precio para la gran mayoría de la población. Por eso, proyectos como la presa el Zapotillo más que una respuesta es una evidencia de que el modelo deficitario de reproduce dado que se enfoca a abastecer un mercado, generando afectaciones a la cuenca (trasvase), sin información completa de impactos (en agua subterránea y producción alimentaria) y en un esquema de concesión privada a perpetuidad", añadió.

Lo que se busca, entonces, "es diversificar los presupuestos, proyectos e iniciativas legislativas que atiendan a la complejidad del problema, misma que ha rebasado a las instituciones y reclama un abordaje distinto a partir de plataformas multisectoriales y mecanismos para la construcción de acuerdos basados en información y transparencia en torno a un programa de acciones de corto, mediano y largo plazo que resuelvan de forma integral los problemas de gestión del agua".

SRN