Una ley que afecta intereses de las élites entra a discusión

El proceso legislativo determinará la viabilidad de los ambiciosos objetivos de la propuesta del gobernador para tener una norma que reduzca la huella ecológica.

Guadalajara

La primera mitad del siglo XXI, en marcha, es decisiva para el futuro de las civilizaciones terrestres: lograr detener, luego reducir y finalmente eliminar –vía nuevas formas de organización, nuevas tecnologías y crecimiento de sumideros naturales de carbono- las emisiones de gases de efecto invernadero, que han acelerado el fenómeno del cambio climático, es la colosal tarea de los políticos, los empresarios, los líderes comunitarios y la sociedad misma. Y ese es el logro esencial que indicará que tuvo éxito la Ley para la acción ante el cambio climático del estado de Jalisco, cuyo proyecto presentado por el Ejecutivo del estado hoy está bajo estudio del Congreso de Jalisco.

Los plazos graduales para que surta efectos ya estaban fijados de antemano en la Estrategia Nacional de Cambio Climático: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 30 por ciento a más tardar en los siguientes 55  meses (la fecha límite, 1 de enero de 2020), y al menos en 50 por ciento en los siguientes treinta años.

No obstante, el artículo 30 del proyecto de Ley es claro: “El objetivo general a largo plazo de la implementación de la política estatal en materia de mitigación del cambio climático es lograr que el estado de Jalisco cuente con una tasa cero de pérdida de carbono, es decir, que sea neutro en carbono o que las emisiones anuales de compuestos y gases de efecto invernadero sean menores o iguales a las absorciones en los sumideros y reservorios de carbono y gases de efecto invernadero”.

Esto significa nada menos que una drástica transformación en el modo de vivir y el modo de generar riqueza que tienen los jaliscienses. La economía tendrá que dar un vuelco: las necesidades de energía deberán ser satisfechas de forma mayoritaria por fuentes de bajas emisiones (energía fotovoltaica, eólica, con metano y gases de desecho y aunque son polémicas en su impacto ambiental, hídrica o geotérmica); las ciudades deberán ser rediseñadas para que la movilidad demande menos combustible fósil; las rutas de comercialización deberán acortarse aunque la tendencia de la globalización sea opuesta (por ejemplo, las frutas y verduras de la región abastecen primero los mercados locales); se deberán dimensionar las oportunidades de negocio (industrias, turismo, servicios) a la disponibilidad natural de los recursos de las cuencas donde están implantados (agua, clima, biodiversidad); y los empleos deberán estar sustentados en esa base de servicios naturales de manera que tengan más garantía de permanecer.

En el plano de gobierno, se requiere que la famosa “transversalidad” de lo ambiental afecte a todas las dependencias que manejan recursos para el fomento al desarrollo: no se debe dar subsidios a actividades generadoras de altas emisiones, y por el contrario, es necesario estimular negocios “verdes” o de baja huella ecológica. Esto incluye la creación del fondo ambiental que canalice recursos para que los proyectos no sean flor de un día y se sostengan en el largo plazo. También exige que la creación de infraestructura se ajuste a las capacidades de los ecosistemas a nivel de cuenca de manera que no detonen procesos de destrucción, como hasta ahora sucede con cada carretera o represa, y conservar áreas naturales y agrícolas de alto potencial.

MILENIO JALISCO consultó a expertos que participaron en alguna fase de la integración de la ley, o bien, que trabajan asuntos relacionados. Arturo Curiel Ballesteros, investigador de la UdeG y parte del grupo que elaboró las bases del Programa Estatal de Cambio Climático, opinó: “Me parece que es adecuada una iniciativa estatal en materia de cambio climático. Hay varias joyas en la iniciativa, como la protección de áreas productoras de alimentos, o en la disminución de uso de combustibles fósiles. Pero estas joyas ponen al gobierno en necesario conflicto con los especuladores y empresarios que están construyendo miles de casas en las áreas productoras de alimento. Claro que es esperanzador ver que el gobierno los subordine al interés público de conservar estas áreas, cosa que no ha sucedido. Sobre dejar de usar combustibles fósiles eso es necesario y congruente con el mundo y los gobiernos con mayor visión, pero eso pone en necesario conflicto con lo planteado en la Reforma Energética que la una prioridad magna al petróleo”, dijo.

“Sin lugar a dudas la iniciativa es muy deseable; para mi gusto falta una redacción mejor, pero el contenido es poderoso”, destacó. “El primer reto es que esas joyas se mantengan en la ley final y luego que haya un gobernador de gran visión que enfrente los necesarios conflictos que vendrán en su aplicación oportuna”.   

- Pero, ¿existen los mecanismos para que esas joyas no sean simples buenos propósitos?

- Eso sería una excelente pregunta para el gobernador que la ley le daría la atribución de hacerla realidad. Lo cierto es que el primer paso sería fortalecer el debilitado capital social que tiene Jalisco y que ha provocado que las leyes no se cumplan. Uno de los mejores ejemplos es la de vialidad, que lleva más de 30 años vigente y cada vez se aplica menos, de manera particular eso que dice que se deben retirar de circulación los vehículos contaminantes.

Juan José Llamas, director del área natural protegida federal de la cuenca del río Ameca, de Jalisco y Nayarit, consideró: “De entrada una ley muy compleja y muy ambiciosa, [pero] generalmente este tipo de legislación carece de mecanismos claros para aterrizar las propuestas en el territorio. Por otra parte, Jalisco se ha destacado en la creación de organismos como las Juntas Intermunicipales, sin embargo esta ley los indica de una forma muy vaga -apenas visible al inicio del documento- y no es claro cómo estos organismos se vinculan en la propuesta de Ley”.

:CLAVES

DETALLES

Algunos objetivos específicos de la política estatal en materia de mitigación del cambio climático que prevé la nueva ley:

Reducir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero y aumentar las absorciones y el almacenamiento de carbono en sumideros (bosques y selvas, sobre todo).

Promover el desarrollo de la sociedad, la economía y la biosfera del Estado, “para optimizar la relación entre estas emisiones y los beneficios económicos, sociales y ambientales derivados de su reducción, a la par que se generan  empleos de calidad, se elevan los niveles de educación, para garantizar un ambiente sano y la generación equitativa de riqueza”.

Buscar la transición “hacia una economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono, incluyendo instrumentos de mercado, incentivos y otras alternativas”.

Promover la alineación y congruencia de los programas, presupuestos, políticas y acciones de de gobierno para frenar y revertir la deforestación y la degradación; capitalizar los bosques y fomentar las cadenas de comercialización y valor agregado.