No actuar contra cambio climático pone en riesgo a 68% de los mexicanos

En un comunicado difundido esta mañana por el CEMDA no gubernamental detalla que para alcanzar la meta de reducción de emisiones  es necesario abatir 37.2 MtCo2e por año.

Guadalajara

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental alertó hoy sobre las consecuencias de no actuar contra el cambio climático: se pone en riesgo a 15 por ciento del territorio nacional, a 68 por ciento de la población y 71 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). "El compromiso es reducir 30 por ciento los gases de efecto invernadero para el 2020, y el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2013-2018 que está por publicarse a más tardar el 30 de abril, "debe ser ambicioso y contribuir de manera importante con las metas de reducción".

En un comunicado difundido esta mañana, la organización no gubernamental detalla: "para alcanzar la meta de reducción de emisiones [...] es necesario abatir 37.2 MtCo2e [toneladas métricas de bióxido de carbono equivalente] por año, lo que implica que México debe ser capaz de implementar una política climática robusta donde el PECC sea parte de los instrumentos que establecerán las acciones prioritarias. De lo contrario, nuestro país no sólo incumplirá sus acuerdos a nivel internacional sino que se seguiría poniendo en riesgo a sus habitantes".

Según lo que establece la Ley General de Cambio Climático (LGCC), "México ha asumido el compromiso como país de reducir sus emisiones en 30 por ciento para el año 2020 con respecto a las emisiones de línea base en el año 2000. Esto es equivalente a reducir 261 MtCo2e, para dicha fecha. Esta cantidad también fue retomada como una meta ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático en la cumbre de Copenhague en 2009 y posteriormente ratificada en la COP 16 en Cancún, México".

Leticia Pineda, encargada del área de Política Pública del CEMDA, señaló que "para poder cumplir con estas metas ambiciosas, el país debe acelerar una serie de acciones que involucran a distintos sectores de la sociedad, pero en cuya coordinación debe haber un claro liderazgo del gobierno mexicano". De otra forma -dijo- "no será posible reducir las emisiones en los niveles que se han planteado, lo cual agravaría la condición de vulnerabilidad de México frente al cambio climático".

Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)[3], el Fondo Nacional de Prevención de Desastres Naturales ha invertido alrededor de 140 millones de pesos entre 2005 y 2011. Sin embargo, en el mismo periodo, el Fondo Nacional de Desastres Naturales ha invertido cerca de 5.2 mil millones de pesos para la reconstrucción de desastres.

"Esta enorme brecha evidencia que los desastres ocurridos, vinculados con el aumento de la frecuencia y la intensidad de los fenómenos meteorológicos, están superando por mucho la capacidad de planeación y reacción del gobierno, y están impactando gravemente en las finanzas del país".

A este respecto, explicó Leticia Pineda, "es urgente que el PECC elaborado por la presente administración federal contenga políticas públicas efectivas en términos de adaptación y mitigación al cambio climático, que permitan reducir el nivel de vulnerabilidad en que se encuentran muchas poblaciones del país las cuales viven en zonas de huracanes o con inundaciones y sequías frecuentes".

El PECC 2013-2018 es el instrumento de planeación de las acciones prioritarias que el gobierno federal debe implementar para reducir las emisiones de GEI, el cual no sólo debe tender la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y por medio del cual debe cumplir con las reducción de al menos 53.6 MtCo2e por año para alcanzar la meta de reducción de emisiones establecida en la LGCC.

"El PECC no sólo debe orientar las acciones de la administración pública federal centralizada y paraestatal, sino generar un marco que permita la participación de los sectores social y privado como corresponsables de la formulación de la política climática tal como lo establece el artículo 26 de la LGCC. De igual forma, debe servir como base para que los estados formulen sus Programas Estatales de Cambio Climático en congruencia con el PECC, y se fortalezca el Sistema Nacional de Cambio Climático permitiendo la concurrencia, coordinación y alineación de los esfuerzos de mitigación y adaptación de la política nacional en los tres órdenes de gobierno", añade el documento.

"La política nacional de cambio climático, incluyendo al PECC debe observar principios de sustentabilidad en el aprovechamiento y uso de los ecosistemas, corresponsabilidad de la sociedad y el Estado, precaución, prevención, adopción de patrones de producción y consumo por parte de los sectores público, social y privado para transitar hacia una economía baja en carbono, integralidad y transversalidad, participación ciudadana en la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de la los instrumentos, responsabilidad ambiental y desarrollo económico nacional. Por tanto es necesario fomentar la participación y coordinación de las diferentes dependencias del gobierno federal que conforman la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), pero al mismo tiempo, fortalecer el compromiso de las mismas y sus respectivos papeles para construir una política de cambio climático sustantiva y no meramente adjetiva. El Programa debe estar fundamentado en eje transversal en todas las políticas de la administración pública, fomentando la interdisciplinariedad", pone en relieve.

La sociedad civil organizada, junto con otros sectores como la academia y los grupos vulnerables al cambio climático "deben participar igualmente en la planificación y desarrollo de la política climática a nivel nacional, para lo cual el gobierno debe asegurar esquemas de participación, transparencia y rendición de cuentas". Es necesario asegurar que sea el gobierno federal quien guíe al país a alcanzar las metas de reducción de emisiones para que el sector privado, los estados y municipios logren definir un papel acorde a las medidas complementarias necesarias a nivel nacional.

Por lo anterior, "solicitamos al gobierno que: Apruebe un PECC lo suficientemente ambicioso para cumplir con las metas de emisiones. Fomente y agudice los compromisos de las diferentes secretarias de Estado para gestar una política climática transversal e integral. Fomente el desarrollo de capacidades de estados y municipios. Desarrolle esquemas de reducción de emisiones respetando los derechos humanos en un marco de salvaguardas sociales y ambientales y al mismo tiempo fomentando acciones costo efectivas y de mayor impacto a la reducción de GEI. Asegure la transparencia y rendición de cuentas, así como la participación de distintos sectores de la sociedad al implementar el programa. Incorpore en el PECC no sólo las acciones prioritarias, sino la asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones y de resultados y estimación de costos".