Wuaut+a lanza un ultimátum al gobierno federal

Autoridades de San Sebastián dieron ayer 3 semanas a la Sedatu para mover los expedientes de conciliación para compensar a 45 invasores de sus tierras.
Habitante del rancho de La Azalea, en el corazón de las tierras en disputa.
Habitante del rancho de La Azalea, en el corazón de las tierras en disputa. (Agustín del Castillo)

Guadalajara

Los comuneros de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) han lanzado un ultimátum al gobierno federal, en especial a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu): o en tres semanas demuestran un genuino y claro interés por conciliar la recuperación de sus tierras en Huajimic -10 mil hectáreas huicholas de derecho, pero con actos de posesión de rancheros nayaritas que en algunos casos alcanzan medio siglo-, o los indígenas se volverán a movilizar para presionar ante la opinión pública e “incentivar” el interés que hoy acusan tibio.

Ayer, en conferencia de prensa, las autoridades tradicionales y agrarias de ese núcleo wixárika, respaldadas por sus homólogos de Tuapurie (Santa Catarina Cuexcomatitlán), dieron a conocer las “medidas enérgicas” que aprobó la asamblea de la comunidad el pasado 2 de mayo. Miguel Vázquez y Ubaldo Valdés, presidente y secretario de bienes comunales, tendientes a exigir resultados, dado que “fue el Estado mexicano el que generó este problema”.

“Nosotros sabemos que el derecho está de nuestra parte y que nuestro plano definitivo está fundamentado en títulos virreinales que son anteriores a cualquier derecho de los posesionarios, pero son nuestros vecinos y no queremos que sean perjudicados, porque no debemos olvidar que este conflicto lo generó el Estado mexicano al no ejecutar nuestra restitución completa en tantas décadas”, dijo Valdez Castañeda.

Wuaut+a está enclavado en los municipios de Mezquitic y Bolaños, en el norte de Jalisco, y en decreto presidencial del 15 de julio de 1953 le fue reconocida y titulada una superficie de 240, 447-04-00 ha; dicha resolución fue otorgada por la culminación del procedimiento de reconocimiento y titulación de bienes comunales que inició la comunidad el 13 de agosto de 1948, la cual fue emitida al determinarse que los terrenos materia del reconocimiento eran los mismos que fueron reconocidos por la Corona Española mediante título virreinal en el año 1718 –gobernaba el imperio el primer rey Borbón, Felipe V-.

“A pesar de lo anterior, desde hace varios años, la parte sur-poniente de la comunidad ha sido invadida por 45 pobladores dividiendo la superficie en 64 lotes todos del municipio de La Yesca, Nayarit, abarcando hasta una superficie aproximada de 10,000 ha”, lo que motivó demandas ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito XVI para que se restituya a los bienes comunales la totalidad de la superficie invadida, lo que implica la nulidad de cualquier documento en la que intenten sustentar su posesión los invasores.

“De los 45 juicios agrarios, existen dos posesionarios sin datos para su localización, 10 expedientes se encuentran en fase de ejecución pero con recursos de impugnación interpuestos en contra de la misma -superficie que representa un aproximado de 2, 600 hectáreas de la totalidad del conflicto-; 22 expedientes aún se encuentran en litigio y representan una superficie aproximada de 3, 600 ha. Los 13 expedientes restantes se encuentran en estado de ejecución inminente, pues se emitieron las sentencias correspondientes sin que se hubiera recurrido el sentido de la misma por ninguna de las partes”, señaló Nora Lorenzana Aguilar, integrante del equipo de abogados de los wixaritaris.

De todos los expedientes “existe constancia por escrito de nuestra comunidad solicitando la entrega inmediata de las tierras comunales que se ordenó restituir en nuestro favor. Dichos expedientes representan una superficie aproximada de 3, 500 hectáreas”, añade.

No obstante, los comuneros viven en vecindad con sus invasores. Han recibido amenazas anónimas y advertencias directas de los posesionarios. Tanto Vázquez como Valdez admiten que aunque ilegal, su posesión les implicó trabajo e inversión, y no es el deseo de los indígenas que no sean compensados. Pero no hay de parte de los wixaritari la menor intención de ceder “un solo centímetro” de la superficie, ponen en relieve.

Amenazas “inaceptables”

Han seguido las presiones para casi un centenar de habitantes de los ranchos de La Azalea y La Mesa de Huanacaxtle, en el corazón de las tierras en disputa, a quienes diversos posesionarios les han dado de plazo hasta el final de mayo para abandonar sus tierras, lo que el presidente comunal Miguel Vázquez considera “inaceptable”.

Desde que se dio la pasada conferencia de prensa el 22 de abril, las llamadas anónimas de acoso y amenaza se han intensificado, por lo que responsabilizan a la Sedatu y a los gobiernos de Jalisco y Nayarit de la integridad física de los líderes comunitarios. La asamblea de San Sebastián ordenó el pasado 2 de mayo desatorar el proceso de negociación y “eso debemos hacer”, advierte.