REPORTAJE | POR MARCOS MORALES

Vivir en el 'limbo'

Migrantes varados en la canalización

Activistas afirman que los esfuerzos de las autoridades de Tijuana han fallado en reducir el número de personas que residen en condiciones precarias en la canalización del Río Tijuana

Vivir en el 'limbo': migrantes varados en la canalización

Tijuana

Jaime López ha vivido más de medio año en el canal del Río Tijuana, donde, dice, ha enfrentado las peores experiencias de su vida; aun así, admite que prefiere permanecer ahí porque es más fácil llegar a Estados Unidos, donde está su familia.

Lo peor no es la inmundicia en la que come y duerme, sino la constante persecución policíaca de la que son presa las más de mil personas que viven en el "Bordo", afirma.

Es uno de los 76 que aceptaron ser trasladados a un albergue en Tecate, cuando se desmontó un campamento que permaneció casi cinco meses en la Plaza Constitución.

Ahí se habían refugiado 700 hombres y mujeres que en agosto pasado fueron desalojados del canal por la policía de Tijuana y el Ejército mexicano.

A dos meses del traslado al albergue temporal que ofreció el gobierno del estado, ya está de vuelta en la canalización junto a los que aceptaron esa opción porque, asegura, no se les dio la ayuda que les habían prometido para que dejaran la vida de indigencia.

Dice que decidió regresar porque el lugar a donde fue llevado es un centro de rehabilitación y él no es consumidor de drogas, ni quiere separarse de la frontera.

"Muchos se regresaron de 'raite', no traían dinero...estaba en Tecate; la ayuda no fue como la había ofrecido el gobierno, no he visto ni un cambio", aseguró.

El desalojo sólo dispersó a las personas que viven a lo largo del canal, afirma el director del Desayunador Salesiano Padre Chava, Ernesto Hernández.

"Lo único que provocó dicho operativo fue que se disgregara la gente, o sea, 'ya no puedo estar asentado entre montones de tierra a un lado del canal, pues me voy a otro lado' y pudimos ver cómo aparecieron más casitas o ñongos, como les llaman ellos, en ciertos puntos a lo largo del canal. Incluso en algunas otras zonas pudimos ver más gente en colonias donde no había antes indigentes. La represión, lo único que provocó fue un descontrol y una dispersión", apuntó.

Señaló que los últimos cuatro años han aumentado las deportaciones de Estados Unidos por la garita de Tijuana y Mexicali.

Estima que hay hasta 3 mil 500 personas que deambulan diariamente en la zona cercana a la línea fronteriza, lo que se refleja en el incremento de solicitudes de ayuda por parte de esta población.

El secretario de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Alejandro Lares, descarta que el operativo hubiera fracasado y afirma que hubo coordinación para apoyar a los desalojados de la plaza.

Si los migrantes trasladados a Tecate pudieron regresar a vivir a la canalización es porque no estaban en condición de detenidos, dice, y justifica que este es un problema de muchos años atrás.

"Si se regresan pues obviamente no están detenidos, digo, ellos pueden deambular por la ciudad; es una problemática de antaño. Estamos haciendo los mejores y redoblando esfuerzos para controlarlo y obviamente pues solos no vamos a poder, por eso se une Gobierno del estado, el gobierno federal y el gobierno municipal", explicó.

El desalojo de la canalización fue encabezado por el ex secretario de Seguridad Pública Municipal, Alberto Capella, quien afirmaba que el incremento en la delincuencia era responsabilidad de los ex convictos deportados.

Tan sólo en 2013, por Tijuana fueron repatriados 10 mil connacionales con antecedentes penales.

Las declaraciones de Capella contrastan con un estudio que el Colegio de la Frontera Norte (Colef) hizo a finales de 2013, donde se expuso que este sector está siendo estigmatizado y la población contribuye a esta situación al justificar las acciones de las autoridades al respecto.

Por ejemplo, coinciden en responsabilizarlos de la inseguridad, y los empleadores les niegan la posibilidad de un empleo por pertenecer a este sector.

La investigadora que coordinó el proyecto, Laura Velasco, exhortó a revisar los sistemas con los que está funcionando la policía, así como promover entre la corporación formas de capacitación que establezcan procedimientos de trato a personas vulnerables, en especial deportados.

En la investigación se detectó que a lo largo de la canalización, hay más de 118 casas improvisadas –o ñongos-, siete alcantarillas y 10 puentes en los que viven miles de personas. Algunos de ellos se asientan a la intemperie sobre la terracería a lo largo de los dos kilómetros de laderas, pendientes y túneles cercanos a la malla divisoria.

José Luis Aguilar Cota fue deportado el pasado 19 de febrero tras 13 años de vivir en Estados Unidos. Al cruzar la línea fronteriza, personal del Instituto Nacional de Migración le ofreció viajar a Sonora con su familia, pero no pudo juntar los 250 pesos que le pedían por llevarlo.

Dijo que el primer día, cuando buscaba la Casa del Migrante, fue tratado como delincuente cuando lo detuvo la Policía Municipal, aún cuando mostró pruebas de su reciente deportación.

"Yo le expliqué eso al juez calificador. Me dice '¿tomas?' Le digo 'señor, disculpe pero no tomo, no uso drogas, nada; estoy sano'. Me dice 'mira, te voy a dejar salir pero no te quiero ver drogado'", relató.

Cuenta que sólo ha juntado 20 pesos para regresar con una de sus hermanas a Sonora y expresó que se siente muy afectado emocionalmente, porque le han dicho que las personas deportadas terminan cayendo en la drogadicción y permanecen varados en la frontera por muchos años.

"Lo que traigo es mucha tristeza, me dan ganas de llorar por la forma que estoy aquí. No quisiera quedarme atorado y caer en drogas; yo no quiero eso", lamentó.

Autoridades municipales afirman que el problema requiere de una solución integral, que se aplicará cuando lleguen a Tijuana los recursos del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y el Delito (Pronapred), que superan los 50 millones de pesos.