Vinculado a proceso contrademanda por mismo delito a Turner

Alberto Salinas Guerra presentó la denuncia.

Monterrey

El ex coordinador de Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedec), Alberto Salinas Guerra, presentó una denuncia por ejercicio indebido de funciones en contra de Fernando Turner Dávila, secretario de Economía y Trabajo, al argumentar que está cayendo en la misma ilegalidad que le imputaron a él y por la cual se le vinculó a proceso.

La defensa legal de Salinas Guerra explicó que integraron la denuncia al argumentar que la Dirección de Administración de la Secretaría de Economía y Trabajo (SEyT) está firmando las órdenes de pago sin tener la facultad para hacerlo, ya que sólo el titular puede comprometer recursos de la dependencia estatal, no su subordinado.

“Entonces, pues dice (Alberto Salinas): ‘Yo también lo voy a denunciar porque están cometiendo lo mismo que yo hice’ y pues vamos a ver si los van a medir con la misma vara o no.

“Queremos demostrar que esto es político, porque estamos seguros que la denuncia que presentó Alberto no va a proceder, ni siquiera los van a citar”, comentó el abogado de Alberto Salinas, Carlos Arias, luego de presentar en la oficina que encabeza Ernesto Canales Santos la denuncia contra Turner Dávila y otros dos funcionarios estatales.

El abogado criticó que se le haya iniciado un proceso legal a Salinas Guerra cuando firmó órdenes de pago para que el despacho Santos-Elizondo prestara servicios a la armadora Kia Motors al ser un funcionario de tercer nivel y habiendo dos responsables superiores (el secretario y subsecretario de la dependencia).

El monto de las órdenes de pago que expidió el ex funcionario fueron por un total de 28 millones 420 mil pesos de recursos estatales, mientras que la administración que encabeza Jaime Rodríguez Calderón pagó 2 millones 025 mil 737 pesos al despacho Canales-Dávila SC, para asesorarse en el mismo caso.

La diferencia, señaló el abogado Carlos Arias, es que en el primer caso estuvo justificado con trabajo de campo realizado incluso en Corea, contratos y prestaciones que sí se dieron, mientras que el despacho Canales-Dávila adecuó con leves cambios un contrato ya realizado.

Por ultimo, exigió a la Fiscalía integrar el expediente con órdenes de pago de todas las secretarías, con el fin de comprobar que es una práctica recurrente que los responsables del área administrativa son quienes firman estos documentos.