Exigen reparar daño a víctima de tortura

En 2012, ministeriales sacaron a Ana Garza de su casa, la golpearon y la acusaron de halconeo, delincuencia organizada y otros delitos. Meses después, sus abogados comprobaron su inocencia.
El abogado Leonel Jasso expuso que, de acuerdo a la ley, la reparación del daño tiene que darse en breve término.
El abogado Leonel Jasso expuso que, de acuerdo a la ley, la reparación del daño tiene que darse en breve término. (Roberto Alanís )

Monterrey

Un equipo de abogados de Nuevo León inició este martes un nuevo procedimiento ante la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) para exigir que se repare el daño a Ana Luisa Garza Aguilar, víctima de tortura por agentes ministeriales.

En rueda de prensa, Leonel Jasso y Héctor Cuello Sepúlveda, representantes legales de Garza Aguilar, señalaron que lo que se busca es una indemnización económica estimada en poco más de un millón de pesos, dependiendo de lo que se valore, así como su atención médica y psicológica.

"Lo que se pretende con este procedimiento es que ella sea reparada en todo aquello que perdió, ella perdió su vida conyugal derivado de ser encarcelada.

"Parte de la indemnización que estamos buscando es porque ella no consigue empleo, no tiene seguridad social, los niños están en total desamparo, la mamá de ella, que es jubilada, tampoco encuentra trabajo; ambas están batallando para el sustento", expuso Jasso.

El caso de Ana Garza, detallaron sus abogados, ocurrió en julio de 2012 cuando agentes ministeriales en Allende encapuchada la sacaron de su hogar con una bolsa de plástico en la cabeza, la llevaron a un baldío y la golpearon.

Aunque no hubo pruebas, afirmaron se le imputaron delitos como halconeo, delincuencia organizada, así como delitos contra la seguridad. Sin embargo, meses después sus abogados lograron comprobar la falsedad de las acusaciones y Garza Aguilar logró salir de la cárcel.

Y pese a que el 6 de mayo de 2013 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hizo una recomendación favorable a Garza Aguilar en donde se expuso que se violaron sus derechos, al momento no ha sido indemnizada, por lo cual ahora sus abogados buscan reparar el daño.

"Hay que ver qué ellos determinan el tipo de daño, en base a eso va la indemnización, la pérdida de oportunidades hay que valorarla, lo que ella dejó de percibir cuando estuvo detenida, la falta de oportunidades, el hecho de haber sido víctima de tortura, el año y medio que pasó en cancelación más todo este estigma que se le está dando como presunta delincuente ya al salir del penal", apuntó Jasso.

El abogado Leonel Jasso expuso que la ley señala que la reparación del daño tiene que darse en breve término.

Liz Sánchez, representante de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), afirmó que este caso sienta precedentes al ser el primero llevado ante la CEEAV para que los daños de una víctima de tortura sean reparados.

"Es un caso que sienta precedente en dos sentidos, uno que la tortura puede ser demostrada y en este caso se absuelve y lo otro es que puede sentar precedente en la Comisión Ejecutiva si hay una reparación de daño, al final es un caso importante porque puede derivar en unos casos positivos frente a una práctica que el relator de tortura ha mencionado como práctica generalizada, que es la tortura en México, una situación tan grave donde los funcionarios tienen que proteger a la población y lo que hacen por el contrario es abusar de ella", expuso Liz Sánchez.