Van diez amparos contra OPD de La Primavera

Raquel Gutiérrez Nájera, asesora de una mayoría de los quejosos, dijo que se dará vida al Consejo Regulador del bosque bajo la certeza de la jurista de que el OPD “no tiene sustento legal”.

Guadalajara

Los propietarios y ejidatarios del bosque La Primavera siguen en su ofensiva legal contra el organismo público descentralizado que entró en funciones el 12 de octubre de 2013, tras la ley estatal que aprobó el Congreso y promulgó el Ejecutivo; hasta el pasado fin de semana ya eran diez las demandas de garantías en contra de lo que consideran vulnera sus derechos a intervenir en el manejo del bosque y preservar sus propiedades.

Raquel Gutiérrez Nájera, asesora de una mayoría de los quejosos, dijo que en breve se dará vida al Consejo Regulador del Bosque La Primavera, bajo la certeza de la jurista de que el OPD “no tiene sustento legal”.

La Premio al Mérito Ambiental 2012 subrayó que el problema del organismo es que limita la participación ciudadana; “nosotros sabemos que la intencionalidad de los OPD como organismos técnicos principalmente es de carácter económico, administrativo. Son estructuras administrativas para liberar a la administración centralizada de recursos, para determinadas actividades”, en una entrevista concedida a personal del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidad de la UdeG.

Así, “si nosotros nos vamos tanto a la Ley General de Aguas como al decreto de protección del bosque, de 1980, o al Reglamento de Áreas Naturales Protegidas en México, el sistema de administración y manejo es otro. Jamás menciona la figura del OPD, porque en el aspecto de administración y manejo estas áreas entran en aspectos de interés público, social y colectivo que rebasan una visión economicista de un organismo. Y con esto dejaban a los propietarios totalmente afuera. Los dueños y propietarios del recurso natural deben de recibir los beneficios económicos. Entonces una OPD con 21 personas donde hay dos sillas para ejidos y propietarios, ¿qué es?”.

A su juicio, “fue una mala decisión del gobernador, de la Secretaría de Medio Ambiente, sobre todo de la secretaria [Magdalena Ruiz Mejía]. Yo supongo que se deben de reunir las mejores cabezas e inteligencias para un área tan estratégica”.

El consejo regulador es “un modelo de gobernanza ambiental muy horizontal, transparente y de cara a la sociedad. Pensamos que, finalmente, esto es un bien público, ellos son los dueños y ellos tienen obligación de garantizar a la sociedad. Este aspecto ya fue perfectamente interiorizado por los propietarios y por los ejidatarios. Estamos en el diseño de esta estructura de participación real, no formal, ni disfrazada de los propietarios y dueños de los recursos naturales”.

La experta en derecho ambiental dijo que el trabajo para el consejo regulador tiene casi un año de trabajo; “esperemos que en un mes estemos dando a conocer este organismo, tal vez menos, la semana que entra esperamos liberar la propuesta y darla a conocer, para dar a conocer hacia dónde va y su objeto social”.

URGE DELIMITAR EL BOSQUE

Los parvifundistas y ejidatarios le sugieren al gobierno del estado que admita la participación de estos en un modelo de gestión del área protegida, y de este modo, se permita atender las más urgentes tareas para el bosque: cerrar la poligonal que delimita el área natural protegida, la cual no cierra según el propio decreto de 1980, advirtieron los representantes de ambas formas de tenencia de la tierra, respectivamente, Juan Diego Covarrubias y Francisco Olmos.

En entrevista con MILENIO JALISCO, señalan que está demostrado, incluso por vía judicial, que no hay un lindero legal debidamente establecido, lo que genera una alta fragilidad para el estatuto del área natural protegida. Si bien, hay un acuerdo de no combatir el decreto de protección, los quejosos señalan que el único modo de blindar al bosque de voluntades particulares es justamente hacer un acuerdo para definir el polígono con el consenso de los actores, en lo cual, “hay condiciones” en la actualidad, dijeron.